Junts frena la tramitación de los Presupuestos y obliga al Gobierno a presentar de nuevo los objetivos de déficit

Nuevo y duro revés para el Gobierno en la arena parlamentaria. Junts, el partido de Carles Puigdemont, no ha dado su brazo a torcer y ha votado en contra de los objetivos de deuda y déficit que el Ejecutivo ha presentado en el Congreso este martes. Más allá del profundo golpe político, la negativa frena la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, pues la aprobación de la senda de estabilidad es un paso sine qua non para avanzar en su diseño. Ahora, el Gobierno tendrá que volver a presentar el trámite —puede insistir con los mismos objetivos—, lo que retrasará todo el proceso. Si finalmente las metas de estabilidad no lograsen pasar el examen parlamentario, entraría en vigor la senda anterior, más severa para las comunidades autónomas —la mayoría, gobernadas por el PP— y para los ayuntamientos. Es decir, su margen de gasto se verá reducido.

La votación se ha cerrado con 171 votos a favor y 178 en contra, los de Junts, el PP y Vox. Los independentistas catalanes anunciaron su negativa poco después de que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presentara esta tarde a los diputados la senda de estabilidad para 2025-2027 e insistiera en que es más suave con respecto a la anterior para las administraciones local y autonómica. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, explicó por su parte que su formación no está conforme con el reparto de los objetivos de déficit entre administraciones. En concreto, exigió que las comunidades autónomas tuvieran más margen de gasto.

La senda de estabilidad son los objetivos de déficit (la diferencia entre ingresos y gastos) y deuda públicas que se fijan para las Administraciones con vistas al trienio sucesivo y que forman parte del escrutinio que la UE realiza sobre las cuentas de sus Estados miembro. Es un trámite que está previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que es delicado —más aún ahora, vista la complicada aritmética parlamentaria—, porque es imprescindible para dar el pistoletazo de salida al diseño de los Presupuestos.

Al Gobierno, además, le urge seguir con la tramitación. A día de hoy y al menos hasta finales de este año seguirán vigentes los Presupuestos prorrogados de 2023, ya que el Ejecutivo renunció a tener unas cuentas para este año. Pese a haber dado inicio a los trámites, dio marcha atrás después de que en marzo el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciara la celebración de elecciones anticipadas en Cataluña. A meter más presión están también los compromisos internacionales: vuelven las reglas fiscales europeas, que llevaban suspendidas desde la pandemia, ahora con el foco puesto en la contención del gasto y la reducción de la deuda.

La senda presentada este martes se aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros, y establece que los números rojos del conjunto del sector público no puedan superar el 2,5% del PIB el próximo ejercicio —se prevé un 3% este año—, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. El reparto para 2025 es el siguiente: un 2,2% de desequilibrio para el Estado, mientras que las comunidades podrían tener un desfase del 0,1%, también en los dos años posteriores. Los ayuntamientos hubieran tenido que cerrar con equilibrio presupuestario los tres ejercicios y la Seguridad Social con un déficit de dos décimas. La ratio de deuda, por su parte, tras cerrar 2023 en el 107,7% del PIB, tendrá que ser inferior al 100% a finales del periodo.

Los objetivos propuestos este martes suponen una mejora para comunidades y ayuntamientos. Los Gobiernos autonómicos tendrían hasta dos décimas más de margen de gasto, ya que la senda anterior preveía que cerraran tanto 2025 como 2026 con un superávit del 0,1%, frente al déficit del 0,1% que les concede la senda que acaba de ser tumbada. Es decir, se les daban dos décimas más para gastar. Las corporaciones locales, asimismo, si entran vigor las metas anteriores, contarán con una décima menos para gastar el próximo ejercicio, ya que deberán cerrar con un 0,1% de superávit, y dos en 2026, cuando se les exigiría un ahorro del 0,2%.

El Senado ya no podrá vetar la senda

Esta será la tercera vez este año que la Cámara baja vota unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024, cuya tramitación al final no siguió por el adelanto electoral en Cataluña, hasta en dos ocasiones. En ambos casos, la senda recibió luz verde, pero se chocó con el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría. Ahora, ese poder ha sido eliminado a través de una enmienda al proyecto de ley de paridad que también se ha votado este martes en el Congreso.

Sin embargo, el Gobierno había logrado esquivar la prerrogativa de la cámara alta también en la tramitación anterior, con un informe de la Abogacía del Estado que avalaba el desbloqueo de los Presupuestos pese al veto del Senado. El documento defendía que el Gobierno tiene la obligación constitucional “de presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. El texto añadía que, a falta de aprobación de una “senda de convergencia hacia la situación de equilibrio”, entraría en vigor la contenida en el Programa de Estabilidad, la hoja de ruta económica que los países del bloque presentan a Bruselas cada primavera. Y que es, justamente, la que contempla metas más severas para los subsectores de comunidades y municipios.

El Ejecutivo también ha presentado este martes el techo de gasto, es decir el límite por encima del cual no pueden crecer los desembolsos públicos. Esta magnitud, a diferencia de la senda de estabilidad, no es objeto de votación en el Congreso —solo se informa a los diputados—, pero es un elemento clave, al igual que los objetivos presupuestarios, para confeccionar las cuentas. Para 2025, establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

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