El Gobierno y Podemos pactan mantener el bono social eléctrico sin reducirlo para salvar el decreto anticrisis

Antes de que empezara el superpleno del Congreso de este martes, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación había llegado a un acuerdo con el Gobierno para mantener hasta fin de año la ampliación de los descuentos en el bono social eléctrico, salvando así la extensión del decreto anticrisis cuya convalidación se vota hoy. De otra forma, estas rebajas —ahora del 65% y 80% en función de la vulnerabilidad del consumidor— hubiesen ido reduciéndose paulatinamente hasta finales de año. Ese pacto ha permitido al Ejecutivo salvar el decreto anticrisis, en una sesión parlamentaria en la que se ha llevado varios reveses, al contar con 178 votos a favor por 171 en contra. Posteriormente, el Pleno aprobó por unanimidad tramitar el decreto como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que permitirá introducir modificaciones en el texto.

Belarra ha explicado que ha pactado con el PSOE evitar lo que ha calificado de “desmantelamiento del bono social eléctrico”. El acuerdo elimina los recortes a esas ayudas a través de una enmienda que cambiará el artículo 20 del decreto que aprobó el Ejecutivo, referido a esta cuestión, proponiendo su extensión en los términos en que estaba hasta el 31 de diciembre.

El bono social eléctrico es un descuento en el recibo de la luz para los consumidores más vulnerables y beneficia a más de 1,5 millones de hogares. Antes de que explotara la crisis energética, preveía una rebaja del 25% para los consumidores vulnerables y del 40% para los vulnerables severos, porcentajes que fueron ampliados al 65% y al 80%, respectivamente, y que iban a diluirse poco a poco en la recta final del año.

Ahora, el Gobierno y Podemos han decidido prorrogar los descuentos durante todo el ejercicio. “En lo que llevamos del año 2024 se ha producido una contención de los precios de la energía durante el primer trimestre, precios que están muy por debajo de los registrados durante la crisis energética del año 2021 y 2022″, señala la justificación de la enmienda. “Sin embargo, a los efectos de proteger a los consumidores vulnerables de la volatilidad e incertidumbre se propone la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2024 de los descuentos del bono social eléctrico aplicables a consumidores vulnerables y vulnerables severos del 65% y 80% respectivamente”.

El decreto ley del 26 de junio prorrogaba también otras medidas del escudo social puesto en marcha ya hace dos años para mitigar los impactos de la guerra en Ucrania y el consecuente endurecimiento de la crisis energética y la inflación. Entre ellas, mantener hasta septiembre el IVA del 0% a los alimentos básicos, en el que como novedad se integra el aceite de oliva, así como la rebaja al 5% del IVA de las pastas y aceites de semilla.

Asimismo, incluye la extensión hasta fin de año de la garantía de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables (es decir, la prohibición de cortar esos suministros), eleva el umbral a partir del cual hay que tributar en el IRPF hasta los 15.876 euros anuales para acompasarlo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), y desbloquea la subida salarial del 2% para los funcionarios así como la actualización de las entregas a cuenta, es decir los recursos del sistema de financiación para comunidades y corporaciones locales.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó en el Congreso que este paquete de ayudas, el noveno que ve la luz, tiene tres grandes objetivos: ayudar a las familias, “especialmente a los colectivos más vulnerables”, “seguir reforzando el Estado del bienestar” y dar un “impulso” al tejido productivo. “La desigualdad no es solo una cuestión de justicia social”, ha dicho la ministra, “sino que es el caldo de cultivo donde vive el populismo”. Su coste, en cuanto a rebajas en IVA e IRPF, ronda los 3.000 millones de euros.

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