El número de hogares acogidos al bono social de la luz crece un 26% durante la crisis energética

La crisis energética ha golpeado a toda la población, pero no todos los hogares la han sentido por igual. Ni mucho menos. El número de familias acogidas al bono social en España ha pasado de 1,15 millones en abril de 2021 —cuando el precio de la luz empezó a subir, pero aún se mantenía en niveles razonables— a algo más de 1,45 millones en abril de este año, el último mes para el que hay datos. Un aumento sin precedentes del 26%, según las cifras recién publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que responde —sobre todo— al fortísimo encarecimiento de las facturas. En menor medida, también puede haber influido el aumento de los descuentos decretado por el Gobierno, que hace que el bono social cobre un mayor atractivo para quienes se pueden acoger a él.

Esa subida abrupta, además, se ha dejado sentir en la estructura de los hogares acogidos al bono social. Si en la primavera de 2021 algo menos de la mitad (el 49%) de quienes se benefician de este descuento eran consumidores vulnerables, hoy son más de la mitad: poco menos de 782.000, casi el 54% de quienes cuentan con esta bonificación. Teniendo en cuenta ambos grupos, la mayoría de quienes pueden acogerse a esta bonificación lo hacen por cumplir los requisitos de renta (964.000 hogares), seguidos de las familias numerosas (376.000) y los jubilados con pensiones mínimas (106.000). Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son minoría: apenas 8.000.

El coste de la energía se quintuplica respecto a 2020

La escalada sin precedentes del gas natural en el mercado mayorista, donde llegó a multiplicar su precio por más de diez en apenas un año, ha dinamitado la factura de la luz tanto en el mercado libre como en el regulado. En el primer caso, los datos son más difusos. En el segundo, el del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que varía día tras día y hora tras día y al que están acogidos casi uno de cada tres hogares, la estadística recién publicada por el regulador es nítida: en los 12 últimos meses analizados (entre mayo de 2022 y abril de 2023), el coste de la energía que afrontaron los consumidores, excluido el peaje y el margen de las eléctricas, fue de casi 21 céntimos por kilovatio hora. Lejos de las cifras de 2022 (26 céntimos), pero 1,5 veces más que en 2021 y —atención— cinco veces más que en 2020.

Requisitos

Para recibir la consideración de vulnerables severos, el hogar en cuestión tiene que tener unos ingresos inferiores a 12.600 euros anuales, estar en posesión del título de familia numerosa (sin límite de renta), ser beneficiario del IMV o, en el caso de los jubilados, recibir la pensión mínima. En el caso de los vulnerables severos, los ingresos tienen que ser inferiores o iguales a 6.100 euros al año, 16.800 euros en el caso de las familias numerosas y 8.400 en el caso de los hogares de jubilados en los que todas las pensiones que reciban sean mínimas.

Antes de que el Gobierno activase el escudo social para tratar de paliar el impacto de la crisis energética sobre los hogares, el bono social suponía un descuento del 25% para los consumidores vulnerables y del 40% para los vulnerables severos. Desde entonces, sin embargo, y hasta como mínimo el próximo 31 de diciembre, estas reducciones en la factura son del 65% y del 80%, respectivamente. Si, además, se trata de una familia en riesgo de exclusión social “porque esté siendo atendida por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura”, no tiene que hacer frente al recibo.

La financiación del bono social, objeto de agria disputa en los tribunales entre el Gobierno y las eléctricas, corresponde a todos los actores del sistema eléctrico: empresas de generación, transporte, distribución y comercialización de luz, y el resto de consumidores. Desde el año pasado, las facturas que reciben todos los consumidores incluye un epígrafe con su aportación a esta bolsa común.

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