Hay que actuar. La transición ecológica debe ser equitativa e inclusiva

A medida que nos acercamos a la COP26 empieza la carrera para pasar de reconocer el problema a actuar en cumplimiento de los compromisos de París. Hay mucho que hacer y el margen de tiempo es escaso. Los datos científicos están claros: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático subraya que las emisiones de CO2 deben llegar a cero en 2050 para que la temperatura no suba más de 1,5 °C.

Culminar la transición a la neutralidad de carbono también tiene sentido desde el punto de vista económico; como ha demostrado la pandemia, no puede haber una economía sana si no están sanos el planeta y sus habitantes. El coste de no hacer nada sería inmenso. Y actuar tiene grandes beneficios. La transición está impulsando una nueva revolución industrial, generando actividad económica y puestos de trabajo. Es el rasgo fundamental del crecimiento en el siglo XXI.

Sin embargo, aunque el resultado de un desarrollo que tenga en cuenta el clima es positivo, los beneficios no siempre se extienden como deben si no hay políticas que lo garanticen. Los trabajadores y las regiones que dependen de industrias intensivas en carbono pueden salir peor parados. El desequilibrio que suponen los rendimientos de las infraestructuras verdes construidas en regiones de rentas altas puede exacerbar desigualdades regionales. Los acuerdos sobre los mercados de carbono perjudicarán de forma desproporcionada a los consumidores con ingresos fijos y a los que dependen de prestaciones públicas.

No prever estas repercusiones desde el primer momento ni gestionarlas es peligroso. Si las transformaciones que acompañan a la transición no tienen aceptación social y son impopulares, pueden acabar revocadas. Hay paralelismos con la globalización: a pesar de los sustanciales beneficios netos que ha tenido para la economía mundial, lo desigual de su distribución dio pie a movimientos de reacción y programas que hacían hincapié en “mi país primero”. Y el éxito de la campaña del movimiento de los chalecos amarillos franceses para que se redujeran los impuestos sobre el combustible puso de manifiesto que la transición energética puede correr ese mismo peligro, un riesgo que no podemos permitirnos.

A diferencia de la globalización, el retroceso de la política climática tendría consecuencias existenciales. Si queremos que la recuperación y la transición a la neutralidad de carbono tengan éxito, es necesario que sean, y demuestren ser, “justas”, equitativas e inclusivas. Hay que gestionar con sumo cuidado la disrupción derivada de la rápida transformación estructural en todos los sectores y zonas geográficas, para evitar el aumento de las desigualdades en cada país y entre unos países y otros. Las inversiones públicas serán fundamentales, no solo en sí mismas sino porque contribuirán a movilizar el capital privado. Para garantizar el futuro de los puestos de trabajo que hoy corren peligro, las inversiones deben dedicarse a crear una infraestructura de apoyo para las industrias del mañana, ser inclusivas, estar basadas en el diálogo social y garantizar que no haya barreras institucionales ni prejuicios al contratar ni discriminación hacia los que necesiten cambiar de trabajo. Entre otras medidas, puede haber subsidios a la contratación, planes de seguros por pérdida de salarios y programas de reciclaje. Y, para que haya verdadera justicia, no basta con “no dejar a nadie atrás”. La transición justa significa también que los empleos del futuro sean de calidad y bien remunerados, que ofrezcan seguridad y que impulsen las economías locales.

La financiación también debería destinarse a apoyar a las familias para que puedan hacer frente a los cambios de los mercados energéticos. Las medidas deberán ser específicas para cada país y tener en cuenta las circunstancias locales. Los incentivos para mejorar la eficiencia energética serán más apropiados en lugares con un parque de viviendas relativamente antiguo. Los ajustes de las pensiones, el seguro de desempleo y las prestaciones por hijos dependerán de la seguridad social de cada país. Para acompañar los ajustes del precio del carbono, en los mercados emergentes serán más apropiadas las transferencias monetarias condicionadas, mientras que en Canadá ya están dando resultados los reembolsos.

Los detalles variarán en función de zonas geográficas, sectores y agentes económicos, pero tienen que basarse en una motivación común: que para abordar la crisis climática no necesitamos simplemente una transición, sino una “transición justa”. Solo así podremos crear un crecimiento verdaderamente sostenible que sitúe a las personas en el centro de esta transformación y permita que sean sus beneficiarias, y no sus víctimas.

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