El fin del veto a las detenciones de migrantes en los tribunales pone en riesgo el sistema judicial de Estados Unidos

El pasado 12 de febrero, agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) detuvieron a tres migrantes afuera del tribunal estatal Lindsey-Flanigan, en Denver, Colorado. Con ello, violaban la ley estatal, SB20-083, que prohíbe el arresto civil mientras una persona se encuentra dentro de un tribunal, o en el camino para ingresar en uno o salir de él. Sin embargo, la actuación de los agentes de inmigración en las cercanías o dentro de las cortes lleva camino de convertirse en habitual después de que la Administración de Donald Trump lo haya autorizado, poniendo fin al veto federal que impuso el Gobierno de Joe Biden.

Si el primer día de su regreso a la Casa Blanca el republicano dio luz verde para que los agentes del ICE entraran en los lugares que se consideraban sensibles, como las iglesias, los hospitales y las escuelas, el siguiente paso fue permitir los arrestos en los tribunales. Desde el 28 de enero, la policía migratoria puede detener dentro de las cortes y en sus alrededores, según el memorando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó el 21 de enero. Una medida más para cumplir con las deportaciones masivas, cuyo ritmo es menor de lo esperado después de un mes en el Gobierno, según ha reconocido el zar de la frontera, Tom Homan.

La medida alterará los procesos en marcha. En primer lugar, desanima a los afectados para acudir a sus citas con la justicia, incluso por delitos menores como una infracción de tráfico, por miedo a ser detenidos o incluso deportados. Además, disuade a las víctimas de algún delito a denunciarlo y a los testigos de los casos a personificarse para declarar.

En el caso de Colorado, el gobernador Jared Polis, firmó la ley en 2020 para impedir que los agentes del ICE detuvieran a personas que acudían a los tribunales estatales por motivos ajenos a su caso migratorio. “La gran razón por la que se pasó la ley fue que si las personas que viven aquí que no son ciudadanos piensan que el servicio de inmigración los va a detener, no van a querer acudir. Los fiscales necesitan que la gente que son, por ejemplo, testigos, lleguen al tribunal para completar el caso. Si no acuden, es un gran problema para el sistema judicial”, explica por teléfono Violeta Raquel Chapin, profesora de Derecho en la Universidad de Colorado.

El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido una guía para conducir las detenciones en los tribunales, especificando que el objetivo serían quienes representen una amenaza para la seguridad nacional, los criminales convictos, pandilleros, aquellos que ignoren una orden deportación y que hayan reingresado ilegalmente después de haber sido expulsados. Aunque especifica que “no se limita” a ellos. La prioridad que el Gobierno debía dar a las detenciones de criminales ha quedado en entredicho después de comprobarse que en las primeras semanas de cruzada antiinmigrante, el ICE ha detenido y deportado a muchos extranjeros sin antecedentes penales. La guía insta, además, a detener a los parientes o amigos que los acompañen, si los agentes lo consideran pertinente. Eso sí, recomienda evitar en lo posible causar alarma social mientras actúa.

La nueva política anula la aprobada por Biden, que impedía que el ICE realizara detenciones en los tribunales federales al comprobar el daño que habían causado durante el primer mandato de Trump, cuando fue una práctica común.

El Proyecto de Defensa de Inmigrantes, que monitoreó de cerca la actividad del ICE en los tribunales estatales de Nueva York, encontró que desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018, hubo un aumento del 1.700% en arrestos e intentos de detención por parte del ICE en todo el Estado. Y sacó conclusiones de ello. “La presencia en los tribunales de Nueva York ha disuadido a las víctimas de delitos que no son ciudadanos de denunciar”, indicaron, e hicieron hincapié en el efecto que tuvo en las víctimas de violencia doméstica. “Una consecuencia alarmante y natural de este efecto paralizador es la incapacidad de los fiscales de distrito para procesar a los perpetradores y otras personas peligrosas, lo que resulta en un grave problema de seguridad pública”.

Al igual que sucedió en Colorado, también en el Estado de Nueva York, el entonces gobernador, Andrew Cuomo, firmó en 2020 una ley para prohibir que los agentes de ICE pudieran detener a las personas que acudían o salían de un tribunal estatal.

En Filadelfia, un estudio realizado por la Universidad Temple a partir de entrevistas a jueces, fiscales y organizaciones de defensa de los migrantes en Pensilvania, reveló que el 77% de los encuestados señaló que los clientes “expresaron miedo de ir a corte o decidieron no continuar con un caso porque pueden ser arrestados por el ICE”. También las organizaciones de servicios legales experimentaron una disminución en el número de inmigrantes que buscaban sus servicios. Como ejemplo, Community Legal Services en Filadelfia informó de “una caída del 35% de los inmigrantes indocumentados que vienen en busca de ayuda con casos de robo de salario”.

Cortes de inmigración

Por otra parte, los tribunales de inmigración también enfrentan sus retos. El problema de sobrecarga de casos se agrava con el recorte del personal federal que está implementando el Gobierno de Trump. La semana pasada se despidieron 20 jueces de inmigración, según AP, que se suman al despido de las cuatro juezas que supervisaban el funcionamiento de los tribunales de inmigración. En la actualidad, hay más de 3,5 millones de casos acumulados en los tribunales de inmigración, para ser resueltos por unos 700 jueces.

Para hacer más difícil aún el recorrido por un proceso complejo, el Departamento de Justicia suspendió el apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales que brindan información y orientación a personas que enfrentan la deportación, aunque tuvo que restablecerlo después de que varias organizaciones de defensa de los migrantes presentaran una demanda.