Bruselas teme que el castigo fiscal a coches y hogares desencadene una revuelta de ‘chalecos amarillos’ en todo el continente
La Comisión Europea pide a los gobiernos que establezcan mecanismos para ayudar financieramente a las personas más vulnerables y para paliar el impacto social de la transición energética
Los proyectos legislativos aprobados el pasado miércoles por la Comisión Europea para lograr una drástica reducción de las emisiones de CO₂ provocarán un encarecimiento de la energía, del transporte y de bienes tan habituales como el automóvil. Bruselas reconoce el tremendo impacto social de un esfuerzo pionero en todo el planeta y ha introducido medidas de flexibilidad para paliar la repercusión en los hogares más vulnerables. Pero las instituciones comunitarias temen que el castigo fiscal a suministros y servicios indispensables acabe provocando una revuelta similar a la de los chalecos amarillos en Francia pero a escala de todo el continente.
“Es realmente fácil hacer propaganda negativa a partir de las propuestas que hemos adoptado”, reconocía el comisario europeo de Economía, el socialista Paolo Gentilloni, solo 24 horas después de que la Comisión diese su luz verde. Bruselas apenas disimula el temor a que el ambicioso paquete, que daría a la UE el liderazgo mundial en la transformación económica y social encaminada a luchar contra el cambio climático, desencadene una oleada de descontento en la opinión pública que haga imposible lograr los nuevos objetivos.
La sombra de la revuelta de los chalecos amarillos contra una subida de los impuestos en los combustibles en Francia, que en 2018 puso contra las cuerdas a un presidente francés tan popular hasta entonces como Emmanuel Macron, pesa en el ánimo de los dirigentes comunitarios. El riesgo, avisa Gentilloni, es que se produzca una manipulación “que no tome en cuenta el verdadero contenido de las propuestas ni los riesgos de no actuar con suficiente ambición”.
Bruselas ha intentado neutralizar ese peligro con la creación de un fondo social dotado con 72.000 millones de euros. Y pide a los Gobiernos que destinen a los hogares con menos recursos una buena parte de los ingresos derivados del aumento de la presión fiscal sobre el consumo energético.
Los estudios de la Comisión previos a las propuestas legislativas reconocen que “el aumento de la imposición a los combustibles fósiles puede tener un impacto mayor en los hogares de bajos ingresos, en particular para la calefacción”. El análisis también muestra que la propuesta de incorporar los edificios y el transporte a un mercado de emisiones aumentaría ligeramente la factura de conductores y hogares si el precio por tonelada de CO₂ se sitúa en 30 euros. Pero la subida sería drástica si el derecho de emisión se eleva a 70 euros (hasta un 22% más en la calefacción con fuel oil o un 12% más para la gasolina).
El impacto de la transición energética
Las alarmas por el impacto social de la transición energética e industrial en marcha no llegan solo desde las voces contrarias al cambio. Cunden también entre quienes lo ven necesario o inevitable. Cristina Monge, politóloga y asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), afirma que “la transición va a afectar a todos los sectores, incluso a los que no se lo esperan, y habrá perdedores como en todas las reconversiones”.
Monge vaticina que “los que lo tenían mal lo van a tener peor”, y apunta como principales víctimas a las personas con menos formación y menos renta y al mundo rural frente al urbano. “O se incorpora con fuerza la dimensión social o las brechas que ya existían se van a ampliar”.
El riesgo de que la aplicación del plan degenere en una batalla entre ganadores y perdedores de la transición se acrecienta por el reparto del esfuerzo entre los distintos niveles de renta. Según cálculos de Oxfam, publicados a finales del año pasado, el 10% de las personas más ricas de la UE son el origen del 27% de las emisiones y las han aumentado un 3% desde 1990. El 50% de la población con menos renta es responsable de otro 27% tras haberlas recortado en una cuarta parte.
En el Parlamento Europeo, los principales grupos políticos (populares, socialistas, liberales y verdes) han acogido con satisfacción no exenta de inquietud el plan de la Comisión. Y las referencias a la brecha social vuelven a aparecer. La eurodiputada Dolors Montserrat, al frente de la delegación del PP y miembro de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, señala que “es un paso adelante que da liderazgo a Europa en la lucha contra el cambio climático, pero no puede hacerse a costa de sacrificar empleos o de desindustrializar Europa”.
Montserrat recuerda que en países como España “con la pandemia de covid-19 ya hay mucha gente que se ha quedado por el camino o que está a punto de perder su negocio; si exigimos ahora otro esfuerzo adicional, la brecha se ampliará”. La eurodiputada cree que el plan debe priorizar los incentivos en lugar de las penalizaciones. “Y facilitar la formación necesaria para que las numerosas personas que pueden perder sus puestos de trabajo puedan adaptarse a la nueva realidad laboral”, añade.
Miles de millones
La Comisión Europea reconoce que el impacto será inevitable y afectará al día a día de millones de ciudadanos, pero apunta a los cientos de miles de millones de euros disponibles para paliar las consecuencias. A los 72.000 millones de euros del fondo social se añade el fondo de recuperación, dotado con 750.000 millones y con un 37% de esa cantidad reservada para programas relacionados con el cambio climático. Los fondos de cohesión (372.000 millones) y agrícolas (291.000 millones) para el período 2021-2027 también contribuirán a financiar la adaptación en numerosos sectores.
Además, Bruselas ha propuesto ampliar en casi un 50% el fondo de innovación, que en la actualidad espera movilizar unos 20.000 millones de euros entre 2020 y 2030. Algo parecido ocurrirá con el fondo de modernización, destinado ayudar a una decena de países de Europa central y del Este (Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Croacia). Los ingresos esperados para ese fondo ascendían a 14.000 millones en esta década, una cifra que podría doblarse con la propuesta legislativa presentada esta semana por Bruselas. Y a la lista de beneficiarios se añadirían Grecia y Portugal.
Gentilloni ha indicado que “los Estados deben adoptar medidas de compensación para los más vulnerables y para aquellas personas que sufren pobreza energética”. El comisario de Economía considera indispensable lograr “un equilibrio entre justicia y ambición”. Las recientes polémicas en España por el incremento de la factura de la luz o por el consumo de carnes rojas muestran que cualquiera de las propuestas de la Comisión puede ser la chispa de un incendio difícil de controlar.
El riesgo de estallido es mayor tras una crisis sanitaria que ha aumentado el número de personas en riesgo de pobreza. Ya antes de la pandemia, el 7% de la población española acumulaba retrasos a la hora de saldar las facturas de electricidad o gas y el 9% tenía dificultades para mantener la casa caliente en invierno, según el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, un proyecto impulsado por la Comisión. La eurodiputada Montserrat augura que “a medida que se acerquen las fechas de los diferentes objetivos, la gente se va a poner muy nerviosa, no podemos dejar a nadie atrás”.
Bruselas confía, no obstante, en que la propia transición energética contribuya a amortiguar el impacto con un progresivo abaratamiento de las energías limpias y de los productos más eficientes. La comisaria europea de Energía, la liberal Kadri Simson, subrayaba la semana pasada que “la electricidad renovable ya es la opción más barata en muchos lugares”.
Bruselas propone elevar del 32% al 40% el objetivo de producción de renovables, un incremento que, según Simson, “no solo promoverá energía más limpia y más barata, sino también un impulso a un sector económico con un potencial significativo para generar empleo, crecimiento y comercio”.
Adiós al coche de combustión
El mismo círculo virtuoso podría producirse en el sector de la automoción, en el que Bruselas propone reducir un 55% las emisiones en 2030 en relación con este año y un 100% en 2035. El salto equivale a la prohibición de la venta de vehículos a gasolina y diésel en 2035. Una señal al mercado que, según la Comisión, habrá barrido de las calzadas europeas a todos los motores de combustión en 2050.
Julia Poliscanova, analista de Transport & Environment (T&E), un centro de estudios especializado en movilidad sostenible, cree que el coche eléctrico podría encontrarse ante “el momento Ford” que el motor de combustión vivió en 1913. El fabricante estadounidense abarató entonces sus vehículos con una producción en masa que en solo una década puso las cuatro ruedas a disposición de la mayoría de la población trabajadora de EE UU. “Los análisis muestran que si continuamos elevando el volumen [de producción] de coches eléctricos, en solo seis años serán más baratos que los de petróleo”, escribe Policanova en su valoración de las propuestas de la Comisión.
Los cálculos de T&E también restan importancia a la incorporación del transporte al mercado de emisiones, una propuesta que consideran tan inofensiva como innecesaria. La compra de derechos de emisión por parte de las petroleras supondría para el conductor un incremento de cinco céntimos por litro a partir de 2028.
Desde los sindicatos europeos, en cambio, se anticipa un verdadero incendio social si las propuestas no se modifican durante su tramitación legislativa en el Consejo de la UE y en el Parlamento Europeo. Ludovic Voet, secretario confederal de la confederación europea de sindicatos, afirma que “la extensión del mercado de emisiones al transporte y a los edificios va a alimentar una sacudida social en toda Europa similar a los chalecos amarillos, y todo ello para no conseguir apenas una mayor eficiencia medioambiental”.
