La obligación de controlar las piscinas privadas por la sequía enfrenta al Govern y los alcaldes catalanes
Las entidades supramunicipales difieren sobre el alcance de la medida y sus capacidades para gestionarla
El Gobierno catalán busca fórmulas a contrarreloj para que la extrema sequía que atraviesa desde hace tres años Cataluña no deje sin piscinas de uso público a las personas que no pueden permitirse ir a la playa o utilizar instalaciones privadas en caso de altas temperaturas. Con los embalses al 18% de su capacidad, la regulación vigente en buena parte del territorio impide llenar las piscinas y las excepciones que se prevén no son del agrado de los alcaldes. La polémica, que lleva semanas arrastrándose, estalló de nuevo ayer con el anuncio de la Generalitat de incluir dentro del concepto “refugio climático” determinadas instalaciones. Se trata de piscinas privadas que, al permitir el acceso al público general, quedarían fuera de la prohibición. Los alcaldes están divididos sobre el alcance de la medida y una buena parte lamenta que tendrán que ser ellos los encargados de catalogar estas instalaciones, velar por su buen funcionamiento y asumir el malestar que genere la gestión de la elección sobre qué pisicina recibe la prerrogativa.
El presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), Eduard Rivas, explicó que fue el Departamento de Acción Climática quien introdujo el posible uso general de albercas privadas en los cambios del Plan Especial de Sequía (PES), diseñado en 2020. “Fue idea del Govern. Nosotros queríamos que las piscinas públicas se consideraran como refugios climáticos para proteger a la población. Se habló de utilizar esas instalaciones privadas en los pueblos donde no hubiera otra opción, pero como algo residual, no que los municipios tuviéramos que negociar su gestión”, aseguró Rivas, cuya asociación agrupa a los alcaldes que gobiernan sobre el 91% de la población catalana.
El presidente de la FMC y alcalde del PSC, una de las partes que ha negociado con la consejería que dirige David Mascort, afirmó que es “una locura absoluta” que un ayuntamiento controle las piscinas de un establecimiento si se consideran como refugios climáticos, dado que la ley establece el libre acceso a estos espacios por cuestiones de salud pública. “¿Cómo vas a aplicar un precio público a una instalación privada? Es absurdo y puedes colapsar los hoteles”, detalló Rivas. Muchos alcaldes, aseguró, le llamaron “preocupados” por las modificaciones del PES que también afectan a las albercas de las comunidades de vecinos, de campings y de hoteles.
Además de las tarifas, el decreto que entrará en vigor este viernes otorga capacidad a los municipios para gestionar el llenado de estas piscinas, el aforo, la seguridad y los horarios de apertura. La medida de la Generalitat genera incomprensión, entre otros motivos, porque podría llevar a que piscinas privadas de comunidades de vecinos se abran al público en general bajo cobro de una entrada pero sin tener los servicios de seguridad e higiene adecuados. En el caso de los hoteles, este libre acceso también podría llevar a la saturación. Y nadie quiere ser responsable de ello. “Si no es por el contexto electoral [en Cataluña hay elecciones el 12 de mayo] no se entiende. Va en contra de la pedagogía de los últimos meses”, opinó Ribas.
La mayoría de ayuntamientos consultados como Badalona, Esplugues de Llobregat o Mataró, se mostraban ayer perplejos por la nueva norma. “En mi municipio me voy a negar a disponer de un equipamiento privado porque, estos, no cumplen con medidas de seguridad como son los socorristas, el personal técnico y el control necesario que se exige a una infraestructura pública”, afirmaba la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez (PSC). Martínez también es la presidenta de la asociación de municipios del Arco Metropolitano de Barcelona, que agrupa poblaciones como Granollers, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell o Vilanova i la Geltrú.
Ese diagnóstico, sin embargo, no es compartido por todas las entidades municipalistas. La Asociació de Municipis de Catalunya (ACM), que agrupa también a las diputaciones y consejos comarcales, recibió de manera positiva la medida y la ve como un buen ejemplo de colaboración entre el Govern y el mundo local. La asociación, en un comunicado, se pone precisamente en valor que sea el propio municipio quien tenga la potestad de decisión sobre qué piscina puede ser considerada refugio climático, respetando así “la diversidad de municipios, habitantes y características”.
“Eso no quiere decir que todas las piscinas se puedan rellenar de nuevo”, aseguró el presidente de la ACM, Jaume Oliveras (alcalde por ERC del Masnou). La nueva medida da luz verde a las instalaciones que desde el municipio se considere que cumplen la función de refugio climático, insistió. “En el caso de las piscinas privadas, será necesario un acuerdo del Ayuntamiento para garantizar el acceso al público”, remarcó.
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