Cataluña limita el gasto de agua para el turismo y flexibiliza el llenado de piscinas

Cataluña ha establecido nuevos umbrales de consumo de agua para el turismo. Desde que declarara a comienzos de febrero la emergencia por sequía, el sector turístico no podía sobrepasar los 200 litros por persona y día, como el resto de la población. Ahora, con el decreto aprobado este martes tras la reunión del Consell Executiu, los establecimientos hoteleros tendrán que asumir diferentes tramos gasto que varían según la situación activada del Plan Especial de Sequía (PES). No podrán superar los 115 litros en Excepcionalidad; los 100 en Emergencia I; los 90 en Emergencia II y los 80 en Emergencia III. “Afrontamos una sequía dinámica y debemos adaptarnos a los escenarios no previstos en el PES”, ha afirmado Patricia Plaja, portavoz del Govern. Actualmente, 202 municipios catalanes como Barcelona o Girona se encuentran en fase de Emergencia I, mientras que 37 localidades del Alt Empordà están en Emergencia II. Los embalses de la cuenca hidrológica interna se encuentran este martes al 18% de su capacidad.

Las modificaciones del documento, que entrarán en vigor el próximo 19 de abril, también incluyen la posibilidad de que las piscinas públicas o privadas (hoteleras o comunitarias) sean consideradas como refugios climáticos para que la población pueda sobrellevar los episodios de calor extremo. “Es una cuestión de salud pública. Si no hubiéramos acordado estas cambios, tendríamos una Cataluña sin piscinas”, ha destacado la portavoz, quien ha subrayado que la crisis hídrica continúa siendo “complicada”. Las piscinas privadas de uso individual seguirán sin poder llenarse.

Bajo la supervisión de la Generalitat, los ayuntamientos catalanes definirán y acordarán qué albercas, tanto de comunidades de vecinos como de hoteles y campings, pueden considerarse como refugios climáticos, sus condiciones de seguridad y su aforo. En el caso de superar durante tres meses consecutivos los límites de consumo de agua acordados, los consistorios tendrán pleno poder para interponer sanciones económicas. Las piscinas comunitarias que no lleguen a un acuerdo con los municipios no podrán llenarse. Aunque los ayuntamientos deberán tener otros espacios que cumplan las funciones de refugios climáticos además de las piscinas. “Son plenamente conscientes de la situación que hay. No podemos abrir el grifo de la misma manera que antes de la declaración de emergencia”, ha afirmado Plaja, quien ha remarcado que las modificaciones son para ayudar a la población más vulnerable a sobrellevar los episodios de temperatura extrema.

Los refugios climáticos son espacios que tienen una temperatura variable entre 25 y 29 grados donde la población puede protegerse de las cada vez más frecuentes olas de calor y que, además de las piscinas, engloba espacios como bibliotecas, centros cívicos o museos, entre otros. En Barcelona, hay desde 2019 una red de alrededor de 200 estos entornos térmicos que cumplen estas funciones.

El decreto que entrará en vigor el próximo viernes ha sido acordado con la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Serán los propios ayuntamientos quienes controlen el gasto de agua, la seguridad y el acceso a las piscinas públicas o comunitarias. Además, en el caso de las instalaciones acuáticas hoteleras, cada consistorio tendrá que acordar también las tarifas y los horarios de apertura. “Nadie mejor que ellos controla la situación de cada municipio. Hay que poner en valor el esfuerzo que han realizado en el último mes porque la mayoría de las localidades han reducido considerablemente el consumo”, ha enfatizado Plaja, quien ha remarcado que esta nueva modificación del PES permite a los ayuntamientos “diseñar un marco claro para que puedan proteger a la ciudadanía que está comprometida con el ahorro pero que padece la sequía”

Con ese fin, el Govern ha dado plenos poderes a los consistorios municipales para establecer límites e imponer expedientes sancionadores a establecimientos hoteleros o comunidades de vecinos que superen durante tres meses consecutivos el consumo acordado. Además, las multas económicas pasarán de ser mensuales a trimestrales. “Permitirá tener una tendencia clara en la evolución del consumo y ajustar mejor la sanción”, ha aclarado la portavoz. La infracción leve llegará hasta los 10.000 euros; la grave hasta los 50.000 euros y, la muy grave, hasta los 150.000 euros.

Uso de desalinizadoras móviles privadas

La Generalitat, que preside Pere Aragonès, también dará luz verde a la obtención de agua a través de desalinizadoras móviles de agua de mar privadas, siempre que sean financiadas con fondos propios, sirvan para el mantenimiento de la actividad económica, presenten un plan compensatorio de gasto de agua y no comprometan los recursos hídricos. “No se había contemplado esta opción cuando se realizó el PES (en 2020) y es un aporte adicional que no compromete el resto del sistema”, ha asegurado la portavoz.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal