Cataluña encara su año más complejo tras el final del ‘procés’

El momento político en Cataluña tiene los ingredientes para augurar un nuevo año intenso, posiblemente el más complejo tras el fracaso de los planes secesionistas en 2017. El año 2024 es el último de la actual legislatura y, sumándole las elecciones europeas en junio, será inevitable que la dinámica electoral termine por impregnar aún más los movimientos de los partidos. Ello en parte explica, por ejemplo, las prórrogas presupuestarias en el Ayuntamiento socialista de Barcelona y la Generalitat, ahora pilotada en solitario por Esquerra.

La situación gana complejidad con PSC, Junts y ERC acompasando la pugna por liderar el Gobierno catalán y su convivencia en la mayoría que blinda al Gobierno de Pedro Sánchez. En la fluidez de esa relación, los socialistas se juegan los apoyos independentistas catalanes para seguir en La Moncloa y el secesionismo, además de lograr la ley de amnistía, que se cumplan acuerdos claves como el traspaso de Rodalies, los Cercanías de Cataluña, y la mejora en la financiación autonómica.

El éxito o fracaso en esas negociaciones y en cómo se capitanee el momento más duro tras tres años de la peor sequía desde que hay registros serán determinantes en términos electorales. Que no se ejecutaran las infraestructuras proyectadas tras la sequía de 2008 o los malos resultados del informe educativo PISA permiten a los constitucionalistas, especialmente al PSC, incidir en la idea de que el independentismo fue irresponsable al “parar el país” por el procés. “El balance de los últimos 10 años no da para triunfalismos”, dijo el líder del PSC, Salvador Illa, esta semana. Tras varias elecciones perdiendo apoyos, Junts y ERC se enfrentan a ajustar su discurso a la realidad de estar ya ambos en la vía posibilista del diálogo. El 14 de febrero de 2025 es la fecha límite de la actual legislatura y aunque el presidente Pere Aragonès cree que agotarla ayuda a sostener la idea de Ejecutivo responsable, nada está escrito en firme.

Presupuestos y el socio de Collboni

Las dos principales administraciones catalanas, la Generalitat y el Consistorio barcelonés, comenzarán 2024 con prórroga presupuestaria. Pere Aragonès (ERC) y Jaume Collboni (PSC) sufren así las consecuencias de optar por gobernar en minoría. Es el último año de legislatura en el Parlament, donde el ambiente empieza a ser preelectoral, pero aún así, el republicano ve posible tener cuentas en el primer trimestre de 2024. Tanto PSC como En Comú Podem, con quien se pactó las cuentas en vigor, ya han mostrado que lo pondrán más difícil en esta ocasión.

Los socialistas dicen que no se sentarán a negociar hasta que no se cumpla la lista de acuerdos sin ejecutar, donde algunos ítems dependen de acciones de ministerios. Los comunes, por su parte, piden a Aragonès un nítido no al proyecto del megacasino del Hard Rock en Tarragona, cuya tramitación urbanística figura en los pendientes del PSC. La otra posibilidad, con Junts, parece bastante remota.

La situación de Collboni en Barcelona es más complicada. El calendario electoral lastró llegar a un pacto postelectoral rápido, pero ni el acuerdo para La Moncloa ha desatascado la situación. El paso de los meses no ha hecho sino enquistar la soledad del alcalde, que solo tiene 10 concejales de 41, y que ahora se da hasta la primavera para elegir socio y tener Presupuesto. Los comunes y PP apoyaron al socialista para evitar que Xavier Trias (Junts) volviera a la alcaldía, pero los de Ada Colau marcan distancias ahora, tras meses de instarle a elegir. “Han pasado seis meses y es decepcionante la parálisis de este gobierno”, denunció la exalcaldesa Colau en el último pleno del año. Solo la suma con el exalcalde permitiría a Collboni tener una mayoría absoluta.

Sequía y Rodalies

El Govern se enfrentará en breve al que será su mayor reto a nivel de gestión: tras casi 40 meses sin un régimen de lluvias normal, más de seis millones de personas están abocadas a restricciones en el suministro. Fracasar estrepitosamente en garantizar la llegada de agua a los hogares del área metropolitana de Barcelona y Girona sería un misil contra el relato de buenos gestores sobre el cual ERC busca mantener el poder. El plan antisequía del Ejecutivo catalán ha logrado retrasar la entrada en el estadio más grave previsto, un logro de difícil reconocimiento por la ciudadanía, pero que varios resbalones a nivel comunicativo han facilitado los ataques de Junts, PSC y comunes sobre la impericia del Ejecutivo.

La sequía, sin embargo, tiene un trasfondo político importante. En el imaginario colectivo aún perdura cómo en 2008 el Govern tripartito formado por PSC, ERC e Iniciativa capitanearon no sin zozobra una crisis de lejos menor que la actual. El plan de infraestructuras que surgió como aprendizaje de una emergencia se cumplió a medias por los ejecutivos de Convergència y de ERC. De ahí que el PSC aproveche estos días para recordar la idea de “la década perdida” con el monopolio del procés en la agenda de la Generalitat.

Contrarrestar esa idea explica, en parte, el afán de los republicanos por comenzar las negociaciones para el traspaso de los Cercanías catalanes, una contrapartida arrancada al PSOE a cambio de la investidura. Es posiblemente la transferencia más importante de la década, pero también la más delicada, pues la infraestructura viene lastrada por una crónica falta de inversión y el mal servicio genera un constante malestar ciudadano. Esta carpeta y la de la mejora de la financiación de Cataluña serán el centro de gravedad de la relación entre los gobiernos. A los socialistas les interesa que esas dos operaciones, derivadas de la agenda del reencuentro de Sánchez para Cataluña, ayuden a enterrar la hegemonía independentista.

Dos elecciones

El 14 de febrero de 2025 es la fecha límite de la actual legislatura y aunque Aragonès cree que agotarla ayuda a sostener la idea de Ejecutivo responsable, nada está escrito en firme. Las elecciones europeas no suelen despertar mucha pasión, pero las pasadas, por ejemplo, fueron el escenario del mano a mano entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, con el expresident como triunfador. El PP y Vox seguramente querrán usar los comicios en clave plebiscitaria contra la amnistía, pero los partidos independentistas se enfrentarán en saber cómo valora su electorado el papel en la negociación de la investidura y, en el caso de Junts, el giro copernicano del enfrentamiento a la vía del diálogo.

Las últimas citas electorales han mostrado una caída sostenida del independentismo y el último CIS catalán, en noviembre, hasta llegó a plantear, por primera vez desde que Artur Mas comenzó el camino del procés, que el secesionismo perdería la mayoría absoluta en el Parlament. Eso le abre las puertas al PSC, que sigue viendo como sondeo tras sondeo se asienta su condición de favorito, pero que choca siempre con el bloqueo aritmético de los secesionistas. Si se produce el sepelio de Ciudadanos o hasta donde llegará la subida del PP son otras de las dudas a resolver.

Los resultados de un pandémico 14-F de 2021, distorsionado por la participación más baja de la serie (53,3%), dejaron muchas dudas sobre la digestión hecha por los votantes de lo ocurrido tras el fin de la intervención del autogobierno con que se respondió a lo ocurrido en 2017 y la certificación de la pérdida de unidad independentista escenificada durante el Gobierno de Quim Torra. El fin de la política de bloques que marcó el parlamentarismo durante el procés tendrá en las próximas elecciones su principal prueba de fuego.

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