El Gobierno ofrece satisfacer demandas de Mas y Puigdemont para buscar el acuerdo

El Gobierno llegó este jueves a Barcelona con la intención de remarcar que hay vida más allá del procés. De ahí que el presidente Pedro Sánchez llevase bajo el brazo una propuesta programática para Cataluña, la “agenda para el reencuentro”. Esta incluye 44 puntos largamente reivindicados ya durante los mandatos de Artur Mas y Carles Puigdemont, por sindicatos y empresarios. Sánchez se abrió a debatir estos temas en la comisión bilateral de ambos Gobiernos y formalizar traspasos de competencias pendientes, al tiempo que reafirmó su compromiso con inversiones clave.

Se trata de una lista de reivindicaciones con historia. La oferta de Sánchez está prácticamente calcada de la relación de 46 puntos que en febrero de 2016 el anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiso resolver con el entonces jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. Y su base son los 23 puntos que anteriormente Artur Mas también propuso dos años antes.

Pese a la oferta de Sánchez, es la Generalitat quien ha de convocar la reunión de la comisión bilateral, prevista en el Estatut, pues su presidencia es rotatoria y este año le corresponde a Cataluña. La preside el consejero de Acción Exterior, el republicano Alfred Bosch. El president Torra evitó precisar cuándo podría realizarse y, al igual que ERC, quiso desmarcar la negociación de estos puntos del diálogo político sobre el conflicto catalán. La Generalitat quiere que se ponga primero en marcha el foro de diálogo y después se convoque la bilateral.

Financiación.Torra justificó que el vicepresident Pere Aragonès no asista hoy a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y enfatizó la necesidad una relación “bilateral” sobre estos temas. Sánchez obvió esta posibilidad e invitó al vicepresidente a reconsiderar su posición. En el lugar de Aragonès asistirá un alto cargo del Govern. El documento de La Moncloa plantea una reforma de la financiación autonómica —que piden varias comunidades— con el objetivo de preservar “la igualdad entre todos los españoles”. El Gobierno se abre a “estudiar los planteamientos tributarios de la Generalitat” para buscar más autonomía. También acepta la petición del Govern de relajar los objetivos de déficit “sin afectar el crecimiento económico”. Aragonès dejó claro que discrepa de la meta de déficit del 0% del PIB fijado para las autonomías y pide que sea superior al de 2019, que fue del 0,1%.

Inversiones. “El Gobierno tiene el compromiso de que el proyecto de Presupuestos Generales cumpla con las disposiciones contenidas en el Estatuto sobre inversión”, dice el texto presentado por La Moncloa. Esta idea ya estuvo recogida en las cuentas del Estado que ERC tumbó la pasada primavera, el detonante de las elecciones de abril. En la agenda del reencuentro figuran compromisos como el plan de tren de cercanías (en los Presupuestos fallidos Fomento propuso 650 millones); la estación de La Sagrera; el corredor mediterráneo y los accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona (en las cuentas fracasadas había 25 millones).

El Govern recela de esas “lluvias de millones” y, más que en lo que se promete en los Presupuestos, se fija en lo ejecutado. Según los datos de la Intervención General del Estado, en el periodo 2015-2018, el Estado en Catalunya ejecutó el 65,9% de lo presupuestado. En Madrid, por ejemplo, fue el 113,9%.

Servicios públicos. La Generalitat siempre ha querido blindar al modelo de inmersión lingüística. La nueva Ley de Educación “contemplará el respeto a las competencias educativas de las comunidades autónomas”, explicaron fuentes del Ministerio de Educación, informa Elisa Silió. El Ejecutivo promete garantizar “los mecanismos de coordinación y garantía de la autonomía”. También se abre a debatir en la comisión bilateral la gestión del 0,7% del IRPF para fines sociales (el Tribunal Supremo dio la razón al Estado y no a la Generalitat, que encabezó la protesta de las comunidades por el reparto de esos recursos), la asistencia jurídica gratuita o el reparto del fondo de ayuda europeo a las personas más desfavorecidas. El documento ratifica el compromiso con la financiación de los Mossos y habla de un aumento del gasto en dependencia y políticas activas de empleo, que se verá reflejado en las cuentas de 2020.

Competencias. “Se considera que puede haber avances a corto plazo en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas”, dice La Moncloa. Se trata de asuntos que también harían parte de la negociación de la mesa bilateral. Además hay pendientes competencias en salvamento marítimo y la formación sanitaria especializada.

Mejora de la cooperación. Tanto Mas como Puigdemont llamaron a este apartado “invasión de competencias”. La Generalitat aseguró en su día que detrás del conflicto competencial había una intención clara del Gobierno del PP de torpedear la actividad legislativa catalana. Uno de los argumentos más esgrimidos por los populares era que las normativas catalanas rompían el principio de unidad de mercado. Ese fue el caso, por ejemplo, de las normas que pretendían obligar a las eléctricas a colaborar con una parte de sus beneficios a combatir la pobreza energética. La Moncloa se abre a “negociar” esta cuestión.

Otro caballo de batalla es el multiplex de TV3. La reordenación del espacio radioeléctrico en 2014 retiró frecuencias de televisión a los medios catalanes, que se quedaron sin cobertura en la Comunidad Valenciana. El Gobierno central se abre ahora a discutir de nuevo la cuestión en la comisión bilateral.