La Generalitat alienta el fiasco del megacasino de Hard Rock en Salou: “La esperanza es que los promotores den marcha atrás”
Pese al compromiso asumido con el PSC para poder aprobar los Presupuestos, el consejero de Salud revela el desinterés del Ejecutivo catalán por el proyecto
![Terrenos junto a Port Aventura donde la multinacional Hard Rock planificó su proyecto.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CWLRIMI3WBB4DEI5GQGJ4XWCXU.jpg?auth=3c2ee65208e6fe989fe06dc7d5ef6a2603913dabfb728d62cd09e959971b13c2&width=414)
![Marc Rovira](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F91e3cff1-07da-49c7-b794-a64ec8c9dd1d.png?auth=8dcf28f8f453e3cd63ddcdcaec94ab6e21b83f6e04c1b13ed7d986cec75dc4fa&width=100&height=100&smart=true)
El impulso del megacomplejo turístico con casino y salas de apuestas que la multinacional Hard Rock decidió construir en Salou (Tarragona) figura en el pliego de condiciones que asumió el Govern para lograr la luz verde del PSC a los presupuestos catalanes, pero más allá de los gestos el proyecto cuenta con un crédito raquítico. “Tengo la esperanza de que los promotores del Hard Rock den marcha atrás”, reconoció este lunes el consejero de Salud, Manel Balcells. El parque turístico, proyectado en unos terrenos junto a Port Aventura, incluye edificios de 75 metros de altura, parecido a lo que miden las torres oscuras de La Caixa, en la Diagonal de Barcelona, y 30.000 metros cuadrados para salas de apuestas y un casino, uno de los más grandes de Europa. “Va en contra de lo que defendemos desde el punto de vista de la salud”, manifestó Balcells en una entrevista en Catalunya Ràdio. Hace un mes y medio, Esquerra votó en el Parlament en contra de una moción avalada por la CUP y los comunes donde se defendía que proyectos como el Hard Rock de Salou ponen en jaque la salud pública porque promueven la ludopatía.
El escepticismo sobre el Hard Rock revelado por el responsable de Salud del Ejecutivo catalán sale a colación del debate que ha generado el traslado a Barcelona de la International Casino Exhibition (ICE), una feria dedicada a los juegos de azar y las apuestas que desde hace tres décadas se celebraba en Londres. El evento, que moviliza a 45.000 visitantes y tiene un impacto de 280 millones de euros, se organizará en Barcelona desde 2025 hasta el 2029, en el recinto Gran Vía de l’Hospitalet. “Todo lo que fomente el juego y aumente el riesgo de ludopatía va en contra de la salud pública”, mantiene Balcells. Al ser preguntado, entonces, sobre el compromiso asumido por el Govern de desarrollar el complejo Hard Rock de Salou, el consejero admitió el poco interés que tiene el Ejecutivo de Pere Aragonès en que el proyecto salga adelante. “El juego es un problema grande, desde el punto de vista de salud solo podemos posicionarnos en contra”, argumenta el consejero. “El tema de Hard Rock fue una imposición para los presupuestos”, abundó Balcells.
En 2017, cuando era consejero de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras defendió que el proyecto de Hard Rock era sostenible y económicamente realista, además de presentarlo como “humana y ambientalmente sostenible”. El presidente de ERC garantizó entonces que el megacomplejo de ocio, inicialmente conocido como BCN World, iba a ser “un proyecto muy diversificado” con capacidad para “complementar la oferta turística del área de Tarragona”.
Sobre el papel, la norteamericana Hard Rock Entertainment World iba a invertir unos 700 millones de euros en una operación que implicaba edificar entre Salou y Vila-seca un gran complejo turístico dedicados al juego y a las apuestas, además de dos grandes hoteles de 63.000 metros cuadrados y un espacio comercial de 15.000 metros cuadrados. Hard Rock anunció que iba a contratar 2.176 trabajadores, desde la apertura del casino y en los primeros cinco años de operaciones. La empresa manifestó que su plan podría llegar a implicar una inversión de hasta 2.000 millones de euros.
Pese a la grandilocuencia de las cifras, el proyecto no ha logrado sacudirse en ningún momento los nubarrones de incertidumbre y de dudas. El Govern concedió en 2018 la licencia para la explotación del casino, en lo que se anunció como un trámite clave para asegurar la viabilidad del plan. Pero el expediente siguió embarrancado. En 2020, el Govern buscó dar garantías a la empresa promotora asumiendo el pago de 120 millones de euros por los terrenos donde se debe construir el megacomplejo hotelero. Las fincas, pegadas al parque Port Aventura, son propiedad de Criteria, el holding de inversiones de La Caixa, y el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) asumió hacerse cargo de la factura para repercutirla, después, a la multinacional Hard Rock.
También en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió una sentencia que anulaba parcialmente el planeamiento urbanístico (PDU) de los terrenos donde debe desarrollarse el complejo. El fallo se fundamentó en el riesgo químico que supone la proximidad al polígono petroquímico de Tarragona. El nuevo plan de desarrollo urbanístico, debidamente corregido, está supuestamente a punto, pese a la oposición mostrada por entidades ecologistas de la zona de Tarragona. A principios de verano lograron movilizar a unas 4.000 personas en una manifestación contraria al megacomplejo de ocio.
El impacto medioambiental y la apuesta por un modelo de negocio ligado al juego ha alimentado la controversia que rodea a Hard Rock y ha convertido al proyecto en una arma arrojadiza para los partidos políticos.
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