Nueve preguntas con respuesta sobre la situación de Daniel Sancho en Tailandia

La detención en Tailandia del cocinero español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, como presunto autor de la muerte y descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta en Koh Phangang, una pequeña isla al sur del país asiático, ha entrado este lunes en una nueva fase tras su ingreso en prisión por orden judicial. Su posible colaboración en la investigación, la condena que se le pueda imponer si es declarado culpable y el convenio firmado en 1987 entre Madrid y Bangkok de “cooperación en materia de ejecución de sentencias penales” marcarán el devenir de un proceso complejo y lento en el que la defensa de Sancho aspira a que concluya con su traslado para que cumpla la posible pena en España. Estas son nueve preguntas con respuestas para entender qué puede ocurrir.

¿Qué condena puede recibir Sancho si es declarado culpable? Si la justicia considera probado que el cocinero español asesinó al médico colombiano, tanto las circunstancias del crimen ―en este caso que descuartizara el cadáver y dificultara su localización arrojando las partes en diferentes lugares― como su colaboración con las pesquisas ―diferentes informaciones aseguran que ha confesado el crimen y está prestando ayuda a localizar los restos― pueden tener un peso para agravar, en el primer caso, o atenuar, en el segundo, la pena que supuestamente le impondrían si es declarado culpable. La legislación tailandesa, especialmente severa, castiga los asesinatos y homicidios con tres tipos de penas, en función, precisamente de esas circunstancias. La más grave es la condena a muerte, aunque también contempla la cadena perpetua o hasta 20 años de reclusión.

Si es condenado a muerte, ¿qué posibilidades hay de que se ejecute la máxima pena? Si bien no es extraño que los tribunales tailandeses impongan la máxima pena, en la inmensa mayoría de los casos no se ejecuta y es conmutada por cadena perpetua. Según detallan fuentes conocedoras del sistema judicial del país asiático, la pena capital solo se aplica en casos en los que las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o altos cargos del gobierno, y no se conocen casos recientes en el que el ajusticiado sea un ciudadano extranjero. Lo habitual es que el rey Maha Vajiralongkorn aproveche fechas señaladas, como su cumpleaños, para aplicar esta medida de gracia. Ocurrió en 2020 con otro ciudadano español, Artur Segarra, condenado a muerte en 2017 por asesinar y descuartizar un año antes al empresario David Bernat en Bangkok. Eso sí, entre que se dicta la sentencia y se adopte la medida de gracia pasan varios años, tiempo que, por supuesto, el condenado debe pasar en una cárcel tailandesa.

¿Y si le imponen cadena perpetua? Si la pena impuesta es la de cadena perpetua ―o bien porque ha sido conmutado la pena capital por el rey o bien porque es la recogida en la sentencia tras valorar el tribunal tailandés positivamente la colaboración del acusado en la investigación―, esta puede seguir siendo un obstáculo para el traslado a España de Sancho. Si bien el convenio de 1987 entre ambos países recoge esa posibilidad para condenados a esta pena en su artículo cuatro, la práctica ha demostrado que este castigo complica el proceso y hace aconsejable que sea cambiada por otra en la que se fije “una fecha concreta” de finalización. Es lo que ocurrió con María Nieves García Alcaraz, una mujer de Albacete que en 2010 fue condenado a cadena perpetua en Tailandia tras encontrar la policía en su equipaje 3,1 kilos de metanfetamina de cristal, una droga de síntesis. García Alcaraz se declaró culpable para evitar la pena capital, contemplada por la legislación tailandesa para determinados casos de narcotráfico. Sin embargo, tuvo que esperar a que el rey del país asiático redujera su pena a 25 años para poder culminar los trámites para su traslado a España. Lo consiguió en 2019.

¿Qué ayuda reciben los reclusos españoles en el extranjero? Una vez en una cárcel de otro país, España les presta asistencia a través de los consulados. Fuentes diplomáticas detallan que además de entregarles una cantidad que no supera los 120 euros mensuales si su familia no puede ayudarles, el personal del consulado les visita periódicamente para comprobar su situación y facilitarles el contacto con sus allegados, además de orientarles sobre abogados del país que puedan llevar su caso, hacerles llegar medicamentos que precisen o asistir a los juicios en caso de que haya sospechas de que no existan garantías procesales. También les asisten para que hagan la solicitud del traslado para el cumplimiento de su condena en España, una de las aspiraciones de buena parte de ellos, aunque no todos lo consiguen.

¿Cómo se gestiona el traslado de un español preso en el extranjero? Existen dos fórmulas. Una es la que se sigue en el caso de que el ciudadano español esté encarcelado en un país de la UE. En ese caso, el trámite es ágil, ya que, desde 2014, se realiza sin la intervención del Ministerio de Justicia, ya que solo necesita el visto bueno del juez. La segunda es con terceros Estados y, en este caso, depende de que exista un convenio bilateral o multilateral entre los dos países afectados. España tiene acuerdos con 34 países, entre ellos Tailandia, además de con los 67 que forman parte del Consejo de Europa. Con el país asiático rige el convenido firmado en 1987, cuyos ocho artículos fijan las condiciones para estos traslados. Así, el acuerdo solo veta la salida de un recluso cuando el país donde se ha cometido el delito considera que este ha afectado a “la seguridad interior o exterior”, iba dirigido contra el “jefe del estado o miembros de su familia” o estaba relacionado con el “contrabando de antigüedades o tesoros del patrimonio artístico nacional”. Los trámites se han de realizar por “vía diplomática” y se deben tener en cuenta que el cumplimiento de la pena en cárceles del país de origen “pueda contribuir a su reinserción social”. El coste del traslado corre a cargo de las autoridades del país de destino.

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Las imágenes de Daniel Sancho durante de la investigación de la policía de Tailandia

¿Cuánto puede tardar en acordarse entre los dos países el traslado de un preso? Aunque la sentencia se produzca en cuestión de meses ―diversas fuentes apuntan a que en el caso de Sancho será de alrededor de un año, como ocurrió con Segarra―, el proceso es lento, sobre todo si tiene que existir una medida de gracia del rey tailandés que allane el camino. Las mismas fuentes señalan que, aun con este, los plazos son muy variables y se puede situar entre un mínimo de cinco años desde el arresto y un máximo de 10. Cuando se ejecuta y llegan a España, el primer destino de los presos españoles suele ser la cárcel de Soto del Real (Madrid), a la espera de ser derivados a los penales más próximos a su núcleo familiar.

¿Puede modificarse su condena una vez en España? El convenio bilateral con Tailandia recoge expresamente que la ejecución de la pena “se llevará a cabo según las leyes y reglamentos del estado receptor”, en este caso España. De hecho, la legislación española contempla que en caso de que exista una desproporción (más del doble) entre la pena impuesta en el otro país y la prevista en nuestro ordenamiento para hechos semejantes ―como ocurrió en el caso de la española Nieves García, condenada a cadena perpetua por un delito que en España solo está castigado con ocho años― se reducirá a esta última. Además, Tailandia se reserva “la facultad de indultar al delincuente o conmutar la pena”.

Y, mientras tanto, ¿en qué condiciones permanecerá Sancho? Detenido en una pequeña isla, sin recinto penitenciario, las autoridades tailandesas lo han trasladado a una prisión de la vecina isla de Samui. Sin embargo, muy posiblemente esta cárcel no será el destino final de Sancho, sino una prisión de Bangkok para que pueda ser asistido más fácilmente por las autoridades consulares españolas. La prisión de Bang Kwang, en la capital, es, de hecho, donde está recluida la mayoría de los ciudadanos extranjeros con condenas o acusaciones pendientes de ser juzgadas. La escritora británica Sandra Gregory, que fue condenada a muerte por tráfico de drogas y, posteriormente, se le conmutó 25 años de prisión, bautizó irónicamente el centro como “Bangkok Hilton” en el libro en el que narró su paso por esta cárcel. Fuentes conocedoras de las condiciones de este presidio las califican de “muy duras”. “Está masificada, con muchos más presos de los que puede albergar”, señala antes de detallar que los reos tienen que dormir en el suelo en celdas colectivas y que salen durante poco tiempo al día a los patios. La comida también es escasa, aunque las autoridades penitenciarias permiten que los familiares pasen alimentos en sus visitas. El calor, la elevada humedad y el desconocimiento del idioma tailandés son otras de las dificultades para los presos extranjeros.

¿Hay más presos españoles en Tailandia? Según datos de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el pasado 1 de agosto había 907 españoles (793 hombres y 114 mujeres) recluidos en extranjeros. De ellos, cuatro estaban en Tailandia, todos ellos en Bangkok, a los que se sumará ahora Sancho. Todos son hombres; dos están encarcelados por un delito de asesinato, entre ellos Segarra. El tercero ingresó en prisión por robo, mientras que el cuarto no cometió ningún delito en el país asiático, sino que las autoridades de Bangkok lo detuvieron a instancias de la justicia española para proceder a su extradición y que pueda ser juzgado en España.