El Gobierno gasta 400.000 euros en ayudar a españoles encarcelados en el extranjero

El Gobierno empleó 410.610 euros en 2016 para atender a los 1.328 presos españoles que están encarcelados en el extranjero, según una respuesta parlamentaria remitida al Congreso de los diputados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es la cifra más baja del último lustro. La población reclusa española en el extranjero rompió todos sus récords con la crisis económica, que coincidió con un aumento de las detenciones de españoles acusados de tráfico de drogas. En 2011 había más de 2.500 encarcelados fuera de España, fundamentalmente en Perú, Brasil, Marruecos y Francia. Desde entonces, la estadística se ha reducido año a año, y con ella el dinero que emplea el Gobierno en ayudar a los reclusos a través de embajadas y consulados.

"En consulados como el de Lima solo se dan 60 euros al mes, cuando el tope legal es de 120, porque dicen que no hay Presupuesto. Es la diferencia entre malvivir y vivir un poco, porque allí se paga hasta por dormir", dice Javier Casado, presidente de la Fundación +34, especializada en atender al colectivo de españoles privados de libertad. "En los Presupuestos hay una partida de más de dos millones para la asistencia de los españoles en el exterior, lo que no recoge solo la ayuda a los privados de libertad, sino a cualquiera de los 800.000 españoles que estén fuera", añade Casado. "La gran mayoría [de los prisioneros españoles en el extranjero] son mulas sin antecedentes penales que fueron captadas en las listas del paro o cuando iban a perder su casa".

La ley tasa a cuánto puede ascender la ayuda que proporcionan consulados y embajadas a los presos: 120 euros al mes y 1.440 al año; salvo que tengan hijos a su cargo en el mismo centro penitenciario, en cuyo caso pueden lograr 150 y 1.800, respectivamente. Esas cantidades, sin embargo, son topes máximos. Nada impide que los presos reciban menos dinero.

Muchos de los reclusos españoles en el extranjero tiene que pagar para comer, a cambio de una cama en la que dormir, o para no vivir hacinados en una celda compartida con decenas de condenados. La mayoría no tienen recursos para contratar un abogado, e incluso dependen de la caridad para ser repatriados una vez cumplen su condena. Así, España se vio obligada a fletar en marzo un avión para repatriar a una treintena de presos españoles desde Perú. No viajaron solos: les acompañaron otros 19 españoles en precaria situación económica que no podían volver por sus propios medios.