El número de españoles en cárceles extranjeras repunta un 15% tras el fin de la pandemia

Viste solo un pantalón corto y está demacrado. “Cuando entré en la cárcel pesaba 77 kilos y ahora solo 52″, afirma mientras muestra un cuenco de arroz blanco y un pedazo de pollo con mal aspecto: “Es lo que nos han dado hoy [por el martes pasado] de comer”. Alberto, nombre supuesto, tampoco quiere que se diga en qué prisión está ni, tan siquiera, el país latinoamericano en el que permanece encarcelado desde hace más de un lustro por narcotráfico. Quiere evitar que le sancionen por tener un objeto prohibido, como es el teléfono móvil con el que mantiene la videoconferencia con el periodista, o que las mafias que dominan el presidio la tomen con él. “Seis años aquí son como 12 en una cárcel española”, añade, mientras muestra la celda pensada para ser ocupada por cuatro reos y en la que, sin embargo, viven siete, entre ellos otros dos españoles. Uno de ellos se suma a la conversación: “Nuestra condena no es de pocos o muchos años de cárcel, sino de muerte si no nos sacan de aquí”.

Alberto y sus dos compañeros son tres de los 893 presos españoles (788 hombres y 105 mujeres) que permanecen repartidos en cárceles de 69 países, según el listado elaborado con fecha 30 de noviembre por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta cifra se incrementará previsiblemente en el último mes del año hasta superar los 900, según las estimaciones de la Fundación +34, una ONG que asiste a los ciudadanos que están encarcelados fuera para intentar su traslado a una cárcel española. De hecho, en la lista oficial del Gobierno aún no aparecen ni Ana Baneira, la joven gallega retenida recientemente por las autoridades de Irán supuestamente por sumarse a las protestas por la muerte de Masha Amini, fallecida cuando estaba detenida por llevar mal puesto el pañuelo en la cabeza; ni el aventurero español Santiago Sánchez, en la misma situación en este país desde el 2 de octubre, tras visitar la tumba de esta joven durante su periplo a pie para asistir al Mundial de fútbol de Qatar.

Pese a lo elevado, esta cifra está todavía lejos de los que se alcanzaron en los años posteriores a la grave crisis económica del 2008, que empujó a numerosos españoles a convertirse en mulas, término con el que se denomina en la jerga policial a las personas que se prestan a viajar al extranjero, principalmente Latinoamérica, para transportar de regreso en su equipaje droga a cambio de dinero. En 2011 eran 2.519 los encarcelados, una cantidad récord, que en los años siguientes fue descendiendo paulatinamente en buena parte fruto de los convenios firmados por Madrid con otros gobiernos que permitió trasladar a decenas de estos presos en vuelos de repatriación para que terminasen de cumplir sus penas en España. Esto y las restricciones de movilidad que hubo en 2020 y 2021 por la pandemia hicieron que el número descendiese a 777 a finales del año pasado, la cifra más baja de toda la serie histórica. Sin embargo, ahora vuelve a aumentar. ¿Por qué? Para Javier Casado, director de la Fundación +34, hay varias causas, pero sobre todo, el fin de las limitaciones para moverse entre estados tras el fin de la crisis sanitaria.

Casado añade que no solo ha habido un cambio de tendencia, sino también en el perfil de estos reclusos ―”han aumentado los que se sitúan en la franja de edad más joven, la que va de 18 a 30 años”― y, sobre todo, en las circunstancias que provocan las detenciones. “Antes había más mulas que venían de países latinoamericanos. Ahora, el perfil que más aumenta es el de transportistas de hachís que son detenidos cuando portan droga por carretera en Europa”. De hecho, los dos países con más españoles encarcelados son Francia (176) y Alemania (133). El tercero es Marruecos (108), el origen de esta sustancia estupefaciente. Los países latinoamericanos quedan ya muy lejos de esas cifras. Perú, con 19 reclusos, es el que más acumula ahora, cuando llegó a tener más de 300 en 2016, el año anterior a que Asuntos Exteriores comenzara con los vuelos de repatriación. Le sigue con 18 reclusos Ecuador, donde recientemente se han producido graves altercados en sus prisiones protagonizados por mafias.

Lo que no ha cambiado es el delito que mayoritariamente provoca el ingreso de españoles en prisión. Según los datos que maneja Asuntos Exteriores, al menos 494 (el 55,3%) han sido detenidos por tráfico de drogas. Le siguen a mucha distancia los acusados de robo (52), asesinato (36), homicidio (32), abusos a menores (24) y estafa (21). De todos ellos, cerca de 500 tienen ya sentencia, y aunque sobre la mayoría pesa condenas inferiores a los 10 años, más de un centenar se enfrenta a penas superiores a esta cifra. En septiembre, había 27 condenados a cadena perpetua y uno más a la pena de muerte. “La gran mayoría, casi el 80%, son primarios, es decir, es la primera vez que ingresan en prisión”, destaca el director de la Fundación +34, que señala que, a la dureza de muchas de las cárceles donde están ingresados, se une esta circunstancia y la lejanía: “No pueden contar con el apoyo de sus familiares y, además, como nos sucede en los españoles que tenemos presos en África y Asia, el idioma es otro barrote más”.

Las malas condiciones de algunos de estos presidios es corroborada por Elisa, Macarena y Berta, que trabajan en el programa puesto en marcha en 2014 por la Fundación Abogacía Española para prestar asistencia a españoles encarcelados en el extranjero. “A los presos se les nota el impacto físico y mental que les ocasiona la reclusión. Muchos adelgazan y otros, cuando les visitamos, tienen la mirada perdida”, señala Macarena. A ello se une el perfil de buena parte de ellos, sobre todo de los que han sido detenidos cuando hacían de mulas para organizaciones de narcotráfico. “Son personas que tenían un escaso poder adquisitivo en España, que arrastraban deudas y con unas circunstancias familiares muy delicadas que les llevó a tomar la decisión equivocada de prestarse a traficar por cantidades de dinero que son simbólicas frente al precio de la droga que transporta”, añade Elisa. “Muchos lo hicieron engañados por las organizaciones que les captaron, que les minimizaban los riesgos a los que se enfrentaban”, remata Berta.

Una vez en una cárcel en el extranjero, España les presta asistencia a través de los consulados. Fuentes diplomáticas detallan que además de una entregarles una cantidad que no supera los 120 euros mensuales si su familia no puede ayudarles, el personal del consulado les visita periódicamente para comprobar su situación y facilitarles el contacto con sus allegados, además de orientarles sobre abogados del país que puedan llevar su caso, hacerles llegar medicamentos que precisen o asistir a los juicios en caso de que haya sospechas de que no haya garantías procesales. También les asisten para que hagan la solicitud del traslado para el cumplimiento de su condena en España, una de las aspiraciones de buena parte de ellos, aunque no todos lo consiguen.

Al menos seis meses de condena

Para que un español pueda solicitarlo el traslado le tienen que restar, al menos, seis meses de condena (en algunos países se exige que sea un año) y que los hechos que motivaron la pena sean también delito en España. Además, la aceptación no es automática: dependerá de que tanto el Estado donde ha sido condenado como España estén de acuerdo. Existen dos modelos: los de países de la UE, con un trámite más ágil desde 2014 que se realiza sin intervención del Ministerio de Justicia ―solo con el visto bueno del juez―, y los de terceros Estados, que dependen de que exista un convenio bilateral o multilateral entre los dos países afectados. España tiene acuerdos con 34 países, además de los 67 que forman parte del Consejo de Europa, según detalló el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en una reciente respuesta parlamentaria.

Cuando logran ser trasladados a España, el primer destino es la cárcel de Soto del Real (Madrid), a la espera de ser derivados a los penales más próximos a su núcleo familiar. “Para ellos, que vienen de auténticos infiernos, es llegar al cielo”, destaca Macarena, de la Fundación Abogacía Española. “Algunos lo han pasado tan mal que conservan algunas de las conductas que adoptaron en aquellas cárceles, como esconder comida por temor a no recibir al día siguiente”, añade su compañera Elisa.

Fina fue una de esas reclusas. Recluida en una cárcel de Lima (Perú) en marzo de 2014, llegó a España cuatro años después para terminar de cumplir su condena por tráfico de drogas. En libertad desde 2021, Fina recuerda que, cuando llegó a la prisión española, lo que más le llamó la atención es que las cosas por las que en el penal peruano tenía que pagar ―la comida, una manta para abrigarse, el agua caliente con el que ducharse o, incluso, una mesa para recibir a una visita― aquí las recibía sin tener que dar nada a cambio. Ella tiene muy presente aún los malos momentos vividos en su encarcelamiento en Lima, entre ellos las amenazas que recibía de las mafias solo por ser extranjera o la falta de un médico cuando caía enferma. “Sufrí mucho”, dice en sollozos.