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España hará desde Perú la mayor repatriación de presos en el extranjero

Un avión fletado por Exteriores trasladará el jueves a 31 reclusos y otros 19 españoles en situación de necesidad

Perú
El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis (i), con su homólogo peruano, Ricardo Luna (d), este lunes en Lima. EFE

España realizará el próximo jueves desde Perú la mayor repatriación de presos ejecutada hasta ahora desde ningún país del mundo. Un total de 31 españoles recluidos en penales peruanos regresarán para acabar de cumplir sus penas en España, según han anunciado en Lima el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, y su homólogo peruano Ricardo Luna. El Gobierno español ha fletado un avión de la agencia europea de fronteras Frontex, que está realizando una visita a Colombia, para este vuelo, en el que regresarán otros 19 españoles en precaria situación económica que no pueden hacerlo por sus propios medios.

Perú es el país con más presos de nacionalidad española, 232, la mayoría por delitos de narcotráfico, según fuentes diplomáticas. El Defensor del Pueblo se ha hecho eco de numerosas quejas por el hacinamiento y las pésimas condiciones de los centros penitenciarios peruanos. Aunque el convenio sobre cumplimiento de penas con Perú data de 1986, hasta ahora el Gobierno español no había conseguido acometer una repatriación de este volumen, aunque hacía años que la venía gestionando. El canciller Luna ha atribuido la decisión a la “sensibilidad social y humanitaria” de su Gobierno, que ha simplificado los trámites para la aplicación de los beneficios penitenciarios a reclusos extranjeros (de los que se han beneficiado 40 españoles) y para cumplir la pena en su país de origen.

Dastis se entrevistó ayer tarde (medianoche en España) con el primer ministro peruano, Fernando Zavala, y con el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que llegó al poder en julio pasado tras imponerse en segunda vuelta a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimuri. Kuczynski realizará en los próximos meses una visita de trabajo a España, centrada en temas económicos.

Por la mañana, el ministro se reunió con una veintena de representantes de las 400 empresas españolas asentadas en Perú –entre ellas, la mayoría de las del Ibex 35-- que emplean a 14.000 personas y facturan 18.000 millones de euros anuales. El jefe de la diplomacia española aseguró que los empresarios le habían transmitido que “están muy contentos en Perú y tienen voluntad de seguir aquí”, aunque admitió que “puede haber controversias, lo importante es que se resuelvan de común acuerdo y por los cauces jurídicos apropiados”.

Entre esas controversias figuran la cancelación del contrato del Gasoducto del Sur del Perú (GSP), por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, un proyecto de 4.700 millones de euros en el que la española Enagás participaba con un 25%; o el pleito que las constructoras españolas ACS y FCC han presentado ante el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, por discrepancias sobre las condiciones de entrega de los terrenos en los que se construye la Línea 2 del metro de Lima, una obra de 3.900 millones.

España es ya el primer inversor extranjero en Perú (con el 20% del total) y quiere participar en el plan de infraestructuras que, por 18.500 millones de dólares, quiere poner en marcha Kuczynski en los próximos dos años, incluyendo la organización de los Juegos Panamericanos de 2019, pero este propósito tropieza con la falta de un convenio que evite la doble imposición. Hasta ahora Perú, uno de los pocos países de la zona con los que España no tiene este tipo de convenio, ha mostrado escaso interés en llegar a un acuerdo. Para desbloquear la negociación, Dastis ha viajado acompañado por el director general de Tributos, Alberto García Varela. También forma parte de la delegación ministerial el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, quien firmará un acuerdo de colaboración con su homólogo peruano, el Centro Inca Garcilaso.

Dastis ha comprometido el apoyo de España al ingreso de Perú como miembro de pleno derecho de la OCDE, antes de julio de 2021, y ha traslado el interés del Gobierno en obtener un estatuto privilegiado en la Alianza del Pacífico, de la que ya es observador, de forma que no solo asista a las cumbres de mandatarios sino también a las reuniones a nivel ministerial.