Aragonès encara su último año volcado en aprobar 13 leyes pendientes pero sin mayoría parlamentaria

El calendario marca el 14 de febrero de 2025 como límite de la legislatura catalana y, por ahora, el president Pere Aragonès no da señales de querer adelantar elecciones. Todo lo contrario: en ERC apuestan por agotar los 14 meses que quedan de mandato, centrándose en lucir obra de Gobierno y transmitir la idea de gestión responsable, las cartas que quieren jugar para la reelección. Ese relato, sin embargo, cojea por el flanco legislativo: el Govern tiene que trabajar en franca minoría —solo cuenta con 33 de 135 diputados del Parlament— y su margen de maniobra es mínimo. A la falta de socios estables se añade ahora la presión temporal: 13 normas impulsadas por la Generalitat —entre ellas, algunas muy relevantes como el impuesto a los cruceros o la regulación de pisos turísticos— están aún en trámite en la Cámara y, si no se aprueban rápido, decaerán cuando se convoquen los comicios. Compiten además en la carrera por la aprobación con las 42 proposiciones de ley promovidas por las bancadas de los grupos políticos.

Este año, el Parlament habrá celebrado 20 plenos ordinarios. De mantener ese ritmo en 2024, en una veintena de sesiones se tendría que encajar el debate y la aprobación de 55 normativas en trámite solo entre proyectos de ley (los 13 que promueve el Ejecutivo) y proposiciones de ley (las 42 que plantean los grupos parlamentarios). En ese cálculo no se incluyen, además, los Presupuestos de la Generalitat, que consumirán gran parte del inicio del año. También ronda la posibilidad de que, ante emergencias como la de la sequía, se tengan que convalidar decretos ley.

En total, en los tres años que van de legislatura el Parlament ha sacado adelante 23 leyes; en el último año de mandato se va a intentar aprobar el doble: 55.

En la lista de iniciativas del Govern de Aragonès pendientes de aprobar hay algunas de calado, como la norma que crea el impuesto a los grandes barcos que atracan en los puertos catalanes o la de regulación de los pisos turísticos. La que regula la Filmoteca de Cataluña, que superó el pasado día 18 el primer debate a la totalidad, está en la cola de otras con mayor recorrido en su tramitación, como la de Memoria Democrática o la de Comunicación Audiovisual, ambas en fase de comparecencias.

El proyecto de ley de Acción Exterior y relaciones con UE, que la semana pasada superó la primera prueba en el pleno, es paradigmático e ilustra la precaria situación aritmética que lastra al Ejecutivo de Aragonès tras romper con Junts en octubre de 2022 y optar por seguir en solitario. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos no prosperaron. El PSC ha permitido que avance el trámite, pero advirtiendo de que velará para que no haya un choque con el Ministerio de Exteriores.

La norma busca crear un cuerpo de funcionarios para atender la red de delegaciones en el extranjero del Ejecutivo catalán. ERC necesita, dando por sentado el apoyo de la CUP o de En Comú Podem, que al menos los socialistas (33 diputados) o Junts (32) voten afirmativamente. Los republicanos navegan entre un PSC que impediría cualquier intento de darle un cariz independentista a la medida y unos exsocios que, instalados en la oposición más dura, lideraban inicialmente la cartera de Acción Exterior y no habían incluido en su hoja de ruta ese punto.

El pacto roto ERC-Junts

ERC y Junts pactaron, al arrancar el mandato que iniciaron con un Gobierno de coalición, un plan legislativo que preveía aprobar 50 anteproyectos de ley. Ya en solitario, los republicanos lo han revisado a la baja (33). Enviaron a la papelera, por ejemplo, la norma sobre servicios funerarios o a la ley electoral propia (Cataluña funciona con la ley nacional), pero también incluyeron nuevas promesas. Una de ellas es la norma que crea el nuevo cuerpo de funcionarios: la Generalitat alega que es el momento ideal para tramitarla por el “proceso de racionalización y consolidación de personal” que experimentan las Administraciones Públicas y “la madurez en la acción exterior” del Govern. Para recortar plazos que podrían alargarse meses, ERC ha pedido a la Mesa del Parlament que la ley se tramite por vía de urgencia.

Pero no todos los intentos de los republicanos para ganar margen de maniobra han salido bien: la semana pasada, la Junta de Portavoces desestimó su propuesta para que se habilitara la primera parte de enero y poder acelerar tramitaciones. En las filas de ERC señalaban los Presupuestos, pero también la proposición de ley de iniciativa autonómica en el Congreso para eliminar la prescripción de los casos de pederastia.

Los grupos parlamentarios encaran también los 14 meses restantes de legislatura bajo presión. Fuentes de la Mesa asumen que “no hay tiempo” para todo y que las modificaciones puntuales son las que tendrán más posibilidades de prosperar. El articulado sobre imprescriptibilidad que se registró la semana pasada es el último ítem de una lista de 42 proposiciones de ley en cola, todas en diversos estadios de trámite. Allí están, por ejemplo, la reforma de la ley de los expresidentes de la Generalitat y el Parlament para modificar las prebendas establecidas o la que busca prohibir los correbous (fiestas con toros y vaquillas).

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal