Aragonès excluye la ley electoral catalana de su nuevo plan normativo

Tras el divorcio con Junts per Catalunya, el nuevo Ejecutivo monocolor de Esquerra Republicana anunció que retocaría el plan normativo (el listado de leyes y decretos que aspira a aprobar o tramitar) para adecuarlo al cambio de escenario. El nuevo documento, cuyo contenido se conoció este martes, deja en la cuneta nueve iniciativas, entre ellas, el anteproyecto para dotar a Cataluña de su propia ley electoral. Esa renuncia de Pere Aragonès deja en manos de los grupos del Parlament la otra vía para promover un articulado si se quisiera tener el nuevo marco listo para las próximas elecciones autonómicas. El plan, además, añade seis normas, como el anteproyecto del impuesto a los alimentos procesados. Aunque ERC tiene solo 33 diputados de 135, una de las brújulas más importantes de la legislatura deja entrever que los republicanos han optado por pisar el acelerador: 18 normas que la coalición inicialmente solo aspiraba a tramitar ahora figuran como textos a pasar por el Consell Executiu.

Los trabajos de retoque han durado cuatro meses y el nuevo documento se aprobó el pasado 23 de enero. Una de las diferencias entre ambas versiones es la desaparición de nueve iniciativas, siendo la más relevante el anteproyecto de la ley electoral. Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de ella. En junio pasado, los entonces socios habían pactado que ese borrador fuera sometido a consulta pública en el segundo semestre del año pasado y se iniciara su trámite en el primer semestre del actual. Los trabajos, según el reparto del Ejecutivo de entonces, recaían en el departamento de Acción Exterior que pilotaba Victòria Alsina. Las competencias en participación ahora recaen en Presidencia. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, defendió este martes que se “ha hecho una revisión de las leyes que se tenían que priorizar” pero sin profundizar cuáles son los apoyos con los que espera contar si es necesario el paso por el Parlament.

La creación de esa ley (que permite, por ejemplo, crear una sindicatura electoral propia) puede hacerse mediante una propuesta del Ejecutivo o por iniciativa de los grupos de la Cámara. Pero en el Parlament tampoco hay movimientos significativos para impulsarla. En el pasado debate de Política General, 91 de 135 diputados votaron a favor de una propuesta de resolución de ERC que instaba a que se constituyera una ponencia conjunta para iniciar los trámites legislativos. Abordar esa ley también implica afrontar el debate de la proporcionalidad del voto y tocar la ventaja que tienen los partidos con mayor presencia en zonas con menos población.

Del plan normativo también caen los anteproyectos de Servicios Funerarios; de los libros sexto, séptimo y octavo del Código de Finanzas Públicas y el que daba luz verde al impuesto sobre las empresas que emitían gases con efecto invernadero. Otras regulaciones excluidas son el decreto que aprueba el catálogo de juegos y de apuestas y la creación de un registro público de los planes de igualdad.

La revisión también incluye propuestas de nuevo cuño. Presidencia trabaja ahora en el anteproyecto de una nueva ley sobre la protección de aquellas personas que informen sobre una infracción normativa. El inicio de tramitación se prevé para el segundo trimestre de este año. Sobre Cultura recae otra de las novedades: la modificación de las bases de los Estatutos de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural.

En algunos casos, los compromisos ahora incorporados responden a compromisos adquiridos por el Govern. Tal es el caso del anteproyecto de ley del impuesto sobre los alimentos ultraprocesados, una tasa demandada por En Comú Podem para apoyar los presupuestos catalanes para este año. El diseño de ese gravamen lo pilota el departamento de Economía. Esa consejería también asume un proyecto de decreto sobre las funciones y las competencias de los órganos de control interno o unidades de auditoría de las entidades del sector público, y otro proyecto de decreto para regular el registro de empresas licitadoras de Cataluña.

Aragonès también ha hecho el ejercicio de invertir prioridades respecto a lo que en su día se pactó con Junts. El plan normativo está divido en las iniciativas que espera aprobar (en algunos casos han de pasar después por el debate parlamentario) y las que espera comenzar a tramitar. En un total de 18 puntos se pisa el acelerador. Por ejemplo, en el anteproyecto que Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (se quiere aprobar en el primer semestre de este año) o el decreto para el Plan de Mejora de la Calidad del Aire. En otros ocho casos, iniciativas que anteriormente se esperaba aprobar ahora solo aspiran a iniciar el trámite. Tal es el caso del proyecto de decreto para regular las secciones de crédito de las cooperativas (Economía); el anteproyecto del reconocimiento de la identidad y expresión de género (Igualdad y Feminismos) o el del anteproyecto de la ley de adicciones (Salud). En Territorio dos normas se ven afectadas: el decreto para desplegar la ley de arquitectura y para el reglamento de la ley de puertos y de transportes en aguas marítimas y continentales.

Junts ya mostró con las cuentas (cuyas bases diseñó estando aún Ejecutivo) que no está por la labor de darle oxígeno a ERC y nada parece indicar que lo vaya hacer con la hoja de ruta normativa. El partido que comanda Laura Borràs trata de ejercer una oposición dura al Govern y no desaprovecha ocasiones para reivindicar algunos logros que consiguió cuando tenía consejeros en el Ejecutivo. En este sentido, una de las áreas que más dardos recibe es Acció Exterior. La exconsejera Victòria Alsina acusa a su sucesora Meritxell Serret de tibieza y de tener escasa ambición con la proyección internacional de Cataluña. Entre las modificaciones que ha hecho el Govern a su plan normativo se incluye un anteproyecto de ley para la creación del cuerpo de titulación superior en el ámbito de la acción exterior.

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