Las cinco claves de la ley electoral catalana

El Parlament debate hoy por primera vez, después de 35 años de intentos infructuosos, la ley electoral de Cataluña. Sin embargo, la norma no tiene garantizada la aprobación ni soluciona la discrepancia principal que la ha mantenido encallada durante tres décadas: el recuento de escaños.

¿Por qué ha tardado tanto? Cuando hace 35 años los diputados se plantearon discutir sobre una ley electoral, el debate se aplazó y se decidió seguir con la norma que rige las elecciones en toda España. A pesar de que las autonomías tienen la competencia para hacer su propia regulación, pueden adaptarse, si lo quieren, a la estatal. Así se hizo, y todos los intentos de reforma han acabado en nada porque necesitan consenso: dos tercios del Parlament, 90 diputados. Actualmente, se escogen 85 diputados por Barcelona, 18 por Tarragona, 17 por Girona y 15 por Lleida. El recuento se hace por cada una de las cuatro provincias y a partir de la ley de Hondt.

¿Por qué ahora? Siempre que se ha hecho, el debate se ha aplazado por las discrepancias entre CiU y PSC. La penúltima ocasión fue en 2010, con el tripartito, cuando se cerró una propuesta hecha por expertos porque no había acuerdo en el reparto de escaños. En 2012, los grupos reabrieron la discusión en una ponencia que ha seguido sin llegar a lo importante. Las elecciones del 27 de septiembre, que los partidos soberanistas quieren plantear como un plebiscito de la independencia, obligan a correr en algunos aspectos donde siempre ha habido acuerdo, como la sindicatura electoral, que tiene que garantizar el buen funcionamiento de todo el proceso. CiU, ERC y la CUP no quieren que las plebiscitarias estén controladas por la Junta Electoral Central, con sede en Madrid. 

¿Por qué los partidos están divididos? Por el sistema de recuento. Actualmente, los diputados se escogen por un sistema que beneficia las zonas menos habitadas, en detrimento de Barcelona. A pesar de que la provincia de la capital se lleva 85 diputados de los 135, el resto están sobrerepresentadas, si se tiene en cuenta que en la provincia de Barcelona viven 5,5 de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña. Es decir: que hacen falta muchos menos votos para sacar un escaño en Lleida que para hacerlo en Barcelona. Esto beneficia los partidos con presencia en las zonas menos pobladas, como CiU, y perjudica quienes concentran el voto en las grandes ciudades, como el PSC. Pasqual Maragall, que en 1999 ganó las elecciones en votos pero no en escaños, fue uno de los que más batalló para cambiarlo. 

¿Qué propone la nueva ley? CiU, Esquerra y la CUP han acordado mantener el sistema actual para poder desencallar el resto de temas: la norma propone la creación de la sindicatura electoral y reformas en el funcionamiento de las campañas que generan consenso. PSC y PP no lo quieren y han presentado un texto alternativo que recoge dos sistemas electorales diferentes. Los socialistas defienden mantener el actual reparto de escaños por provincias. Sin embargo, a la hora de repartir cuántos diputados tocan a cada partido, quieren hacerlo en función de los votos en toda Cataluña. Es decir, que cada escaño valdrá el mismo número de votos, pero la presencia al Parlament de cada provincia será igual que ahora. El PP defiende un sistema doble: cien diputados serían escogidos por el mismo sistema que ahora, mientras que los 35 restantes serían de distrito. El más votado a cada uno de ellos sería el representante del territorio.

Iniciativa está de acuerdo en impulsar la ley electoral tal como ha llegado al pleno, pero pide ir más allá. Por eso también han propuesto un sistema propio que elimina las circunscripciones y hace un recuento total en Cataluña, en el cual cada escaño vale el mismo número de votos. Para garantizar la proporcionalidad territorial, los partidos que saquen más del 3% de los votos en cada una de las siete veguerías -las nuevas divisiones territoriales de Cataluña, que quieren sustituir las provincias- tendrán un diputado de aquel territorio. Ciutadans está en contra de la ley electoral, pero no se ha mojado con ningún texto alternativo.

¿Qué trámite seguirá a partir de ahora? La ley seguirá adelante porque con una mayoría simple, la que garantizan CiU y ERC, basta. Pero aprobarla definitivamente antes de las elecciones de septiembre requiere una mayoría de dos tercios, es decir, 90 diputados. Actualmente la norma tiene 88 apoyos: los que suman CiU (50), ERC (21), ICV (13), la CUP (3) y la diputada no adscrita Marina Geli. Los partidos aspiran que el PSC, que se opone a la ley porque no soluciona sus quejas sobre el sistema electoral, acabe poniendo sus diputados al servicio de la nueva ley.