El Gobierno catalán estudiará gravar los alimentos ultraprocesados

En plenas negociaciones para aprobar de manera definitiva los presupuestos de la Generalitat, la presidenta del grupo de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha anunciado que se estudiará la puesta en marcha de un nuevo impuesto a los alimentos ultraprocesados. Se busca así tener una nueva herramienta para luchar contra la obesidad infantil y la líder de los comunes aseguró que el gravamen no tocara el bolsillo de los consumidores. Fuentes del Departamento de Economía recuerdan que el camino para poner en marcha un impuesto es largo y que quedan detalles por cerrar.

Albiach, en una entrevista a la agencia Europa Press, ha explicado que uno de los objetivos con la medida fiscal es el “cambio de hábitos” y ayudar a prevenir la obesidad infantil, que en Cataluña afecta a un 12% de los niños. La medida va mucho más allá de lo que el mismo partido ha hecho en el Gobierno central, donde el Ministerio de Consumo, que ostenta Alberto Garzón (Unidas- Podemos), prohibirá la publicidad de alimentos no saludables.

La líder de los comunes aseguró que el principal fin del nuevo impuesto no es el afán recaudatorio. Adelantó que se estudia que pueda ser finalista, es decir, que el dinero que paguen los fabricantes de preparados industriales alimenticios (usualmente con altos niveles de azúcar y grasa) sea destinado a crear un fondo que permita ayudar a los pequeños productores y al mercado de proximidad.

El caso de las bebidas azucaradas

En realidad, los comunes solo le han arrancado al Departamento de Economía, que lidera Jaume Giró (propuesto por Junts), el compromiso de estudiar la viabilidad del gravamen, algo que se haría el próximo año. Se trataría de un impuesto muy similar al de las bebidas azucaradas, en vigor desde 2017. El año pasado entraron 29 millones a las arcas de la Generalitat gracias a esta tasa.

Aunque ese impuesto estaba sobre la mesa desde la época de Artur Mas al frente del Ejecutivo catalán, las presiones de la industria siempre terminaron por frenarlo, hasta 2016. Uno de los argumentos de la Asociación de Bebidas Refrescantes en España (Anfabra) para oponerse era la “discriminación” de su sector respecto a otros productos como la bollería industrial. Ahora se abre un nuevo frente de discusión con los empresarios, que, como ocurrió en el pasado, también terminó en los tribunales.

Albiach aseguró en la entrevista que serán las empresas las que asuman el nuevo coste. “No afectará al bolsillo del consumidor, sino a los productores”. Se trata, sin embargo, de un argumento al menos curioso si en realidad el sentido del impuesto es luchar contra la mal nutrición de los ciudadanos. El gravamen a las azucaradas (con dos tipos, según la concentración de azúcares) precisamente implica una subida en el precio final para desincentivar la compra, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

En cuanto a vivienda, Albiach celebró que el pacto presupuestario logra avances en el impuesto de viviendas vacías, que hasta ahora gravaba a personas jurídicas y en el que se esperan novedades respecto a ciudadanos que sean grandes tenedores.