Cataluña ha gastado 53 millones de euros en 20 años en la ley de expresidentes de la Generalitat y del Parlament

La Cámara catalana abordará este miércoles las propuesta del PSC, comunes y Ciudadanos para modificar, de manera parcial, la ley que regula la figura de los expresidentes del Govern y del Parlament. La norma, de 2003, establece una serie de prebendas diferenciadas para ambos cargos —y hasta sus descendientes— que, desde el pasado marzo, los socialistas abogan por limitar. El debate lo motivó la posibilidad de que Laura Borràs accediera a una pensión en el hipotético caso de que, como efectivamente sucedió, fuera destituida como presidenta del legislativo. En dos décadas de vigencia, la Generalitat ha dedicado 53 millones de euros para la aplicación de la ley. La mayor parte de los recursos se ha destinado a seguridad (34,1 millones), seguido de pensiones (9,1 millones) y alquileres de oficinas (4 millones), según datos obtenidos por mecanismos de transparencia.

El caso Borràs es la última polémica que cuestiona una ley a todas luces desbordada por una realidad política muy diferente a la que la alumbró hace 20 años. Redactada en el ocaso del pujolismo, el texto buscaba emular el cuidado que los países del entorno brindan a sus exmandatarios. En 1988 se aprobó una norma sobre los expresidentes de la Cámara y en 2003, cuando se redactó la del exjefe del Ejecutivo, se aprovechó para igualar en parte el estatus de ambas figuras. Compartirían baremos en términos de pensiones económicas aunque no la capacidad de que el Parlament pudiera revocar esos beneficios en caso de pérdida de “honorabilidad”. Los exinquilinos del Palau de la Generalitat, adicionalmente, tienen derecho a una oficina, dotación presupuestaria para personal, gastos y seguridad.

Solo en pensiones y asignaciones económicas, según el departamento de Economía, se han gastado 9,1 millones de euros. Para los expresidentes de ambas instituciones, una vez se deja el cargo, se tiene derecho a una asignación mensual equivalente al 80% del sueldo que se fije cada año para su sucesor. Este dinero se recibirá por “un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura”. A eso se suma una pensión vitalicia una vez alcanzan los 65 años —del 60%— y que traspasa a las parejas o descendientes menores de edad. Desde 2003, siete exlíderes de la Cámara (de un total de nueve) han disfrutado de pensiones (5 millones de euros). En el caso de los expresidents (4 millones) se han beneficiado cuatro (solo Carles Puigdemont no ha cobrado de momento). Una viuda, la del socialista Joan Reventós fallecido en 2004, es la única beneficiaria como superviviente.

Las pensiones, sin embargo, son solo parte de un andamiaje que claramente fue concebido pensando en que las grandes mayorías, la estabilidad y la tendencia a la veteranía en los líderes políticos serían para siempre. O para líderes que venían de luchar en la clandestinidad. El president Pere Aragonès tiene 40 años, la esperanza de vida en Cataluña es de 86 y hay pocas señales de que pueda estar por varios periodos en el cargo. Esa podría ser la tendencia de los presidentes del futuro. El republicano fácilmente podría gozar de cuatro décadas de oficina, por ejemplo.

La ley establece que el coste de esa oficina como expresidente lo ha de asumir el departamento de Presidencia de la Generalitat. Solo en sueldos de los coordinadores de las cuatro oficinas vigentes, se han dedicado 1,9 millones de euros (no disfruta de ese beneficio actualmente Jordi Pujol). Quim Torra, Artur Mas y Carles Puigdemont han optado por ubicar su oficina en edificios de la Generalitat, pero era usual que cada expresident se buscara un sitio propio. La factura por alquileres asciende a 4,09 millones. Solo en 2022, el cánon que pagó José Montilla por el despacho en Diagonal ascendió a 114.083 euros.

Los gastos de la oficinas, según la ley, se han de recoger en una memoria, de publicación anual. Por concepto de gastos, desde 2003, las oficinas se han gastado 2,4 millones de euros. Además, se han gastado otros 2 millones para pagar las cuentas de suministros o la dotación de ordenadores. En este punto la oficina de Montilla prácticamente duplica el gasto de quien le seguiría en el listado, Puigdemont (44.834 euros versus 20.884).

El esquema de seguridad de cinco de los seis expresidentes es el punto más caro. Se trata de un beneficio del que no disfruta Puigdemont, huido en Bruselas. La factura desde 2003 asciende a 34 millones de euros y responde al esquema de seguridad que en cada momento se considera más necesario para cada uno de los expresidentes. De manera general, a cada uno se le asigna un caporal y, como mínimo, tres agentes de mossos que se dividen para cubrir todo el día de servicio. Ese esquema mínimo, por ejemplo, es el que ahpra tiene Maragall. Mas cuenta ahora con ocho efectivos, mientras que Montilla y Torra tienen 7. El cálculo se hace de acuerdo a las tablas de retribución vigentes desde 2003.

El alcance de la norma de expresidentes se ha visto cuestionado, por ejemplo, a raíz del cambio hecho para transformar el dinero de la oficina de Maragall en una ayuda para su cuidado médico. O la polémica sobre el estatus de Montilla tras aceptar una silla en el consejo de Administración de Enegás. También cuando a Puigdemont se le abrió la oficina y se le negó la escolta al estar huido en Bélgica.

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