El PSC formaliza una propuesta para eliminar las pensiones vitalicias a los expresidentes del Parlament

Los sueldos públicos y pensiones que reciben los expresidentes del Parlament están en el punto de mira. El PSC ha presentado este lunes una proposición de ley para modificar la norma que reconoce, tras la jubilación, un sueldo vitalicio a quienes hayan presidido la cámara catalana. Una remuneración que, en caso de defunción del beneficiario, incluso puede pasar a sus familiares. La propuesta llega mientras la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, espera sentencia de su juicio por corrupción y en pleno debate por los privilegios que reciben los altos cargos parlamentarios. Antes de ser suspendida por su causa judicial, Borràs percibía un salario de unos 155.000 euros al año. La normativa vigente fija una pensión de jubilación vitalicia equivalente al 60% del sueldo (es necesario haber estado al menos dos años en el cargo) y una retribución temporal del 80% del salario una vez se abandona el puesto, por como mínimo cuatro años.

“Las circunstancias que dieron sentido a la Ley 2/1988 han cambiado notablemente” pone de relieve el escrito que ha presentado este lunes a la mesa del Parlament el grupo parlamentario socialista, y que lleva la firma de su portavoz Alícia Romero. El argumento central para pretender el cambio normativo es que ha perdido sentido garantizarle a un expresidente del Parlament que, una vez deje el cargo, “podrá atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que le corresponden por las altas funciones ejercidas”. Menos defensa tiene, apunta el PSC, que sus cónyuges viudos puedan heredar esa paga, ni que sea un porcentaje de la misma. Según los datos actuales, la única viuda que tiene concedida la ayuda es la de Joan Reventós (39.999 euros al año).

Con la previsión actual, un presidente del Parlament puede cobrar unos 120.000 euros anuales una vez cesa de sus funciones (el 80% del sueldo), y por lo menos durante una legislatura. Es decir, se puede dar el caso de que cobre más tiempo por la asignación como exsegunda autoridad de Cataluña que por el tiempo efectivo en el cargo. Ese dinero, sin embargo, no es compatible con recibir otro salario. La propuesta que el PSC ha lanzado es que esa prebenda se rebaje al 20% del sueldo (30.000 euros anuales) y solo se entregue por seis meses.

En el Congreso también se dan una retribución temporal a los expresidentes del Congreso, equivalente igualmente al 80% del salario, aunque con un tope máximo de dos años. El socialista Patxi López, por ejemplo, estuvo al frente de la tercera responsabilidad del Estado por siete meses en 2016 y, el día que deje su acta como diputado tendrá derecho a un total de 77.000 euros (11.000 al mes).

Los socialistas también proponen hacer cambios en la pensión a la que pueden acceder los expresidentes del legislativo catalán cuando alcancen la edad de jubilación. Con la ley en la mano, un exlíder del Parlament que ha completado al menos dos años en el cargo, tiene derecho a una pensión vitalicia que equivale al 60% del salario que se fija cada año para el cargo de presidente de la Cámara. Esta paga pasa, parcialmente, a los viudos o viudas o a los hijos menores de edad, si los hubiera, en un equivalente al 50% de lo que recibía el expresidente o expresidenta. El PSC quiere que no sea vitalicia sino por seis meses y que equivalga al 10%.

Para que la propuesta prospere, los socialistas deberán sumar apoyos en la cámara. El texto de la propuesta hace referencia a la ley de 1988, aunque es la de 2003 la qu eequipara los régimenes de los presidentes del Govern y del Parlament. Los comunes ven con buenos ojos eliminar los privilegios de los expresidentes, mientras que Esquerra y Junts han evitado dar posicionamientos categóricos en este tema. Los republicanos se han mostrado abiertos a estudiar reformas, aunque piden ampliar el foco y también revisar las prebendas que tienen los presidentes del Goven. Su portavoz, Marta Vilalta, ha pedido que para soslayar un “debate tramposo”, los socialistas extiendan la reflexión a lo que sucede en otras Cámaras autonómicas y las estatales, pues si no cree que “sería una propuesta parcial y quedaría muy coja”.

Junts per Catalunya ha replicado que la propuesta socialista tiene intencionalidad política, toda vez que aparece cuando los focos apuntan a la presidenta de Junts, Laura Borràs. “Hay que huir del oportunismo político”, ha manifestado el portavoz de Junts, Josep Rius. “Si esta es una reforma ad hoc, a nosotros no nos van a encontrar”, ha avanzado Rius, apuntando que la formación posconvergente solo apoyará los gestos que sirvan para “racionalizar” las instituciones. “Este debate tiene que generar un consenso amplio en el Parlament”, ha manifestado Rius.

“Ha cambiado la percepción social con respecto a este tipo de previsiones específicas”, recoge el PSC, “hasta el punto de ser percibidas como un privilegio injustificable”. La proposición de ley persigue restringir el pago de nuevas prestaciones de ahora en adelante y contempla una disminución gradual de las pagas que ya están recibiendo quienes se beneficiaron de la normativa vigente.

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