En defensa de la memoria democrática para construir futuro

En el cambio de milenio, la transversalidad del ciclo de protesta que se acrecienta en la segunda legislatura del presidente José María Aznar cobija también a los movimientos memorialistas. Estos no salen de la nada: son herederos de un trabajo incansable de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición desde la misma Transición. Pero es solo a principios de la década de los 2000 que las demandas memoriales empiezan a devenir un nuevo sentido común. En este sentido, el pacto del Tinell que da vida al Gobierno catalanista y de izquierdas de Pasqual Maragall en 2003 apela a la experiencia republicana como antecedente fundacional de la democracia contemporánea. José Luis Rodríguez Zapatero, desde una mirada más personal, llega al Gobierno reivindicando a sus familiares represaliados en 2004. Por primera vez se establece un marco cultural que posibilita políticas públicas integrales de memoria democrática. Dos décadas después, la irrupción de la derecha radical amenaza con romper aquellos consensos. Su proyecto político, basado en la intolerancia y la exclusión del diferente, se ve amenazado por unas políticas de memoria que pretenden construir sociedades más libres y más pluralistas. Lo estamos viendo ya en algunos acuerdos de coalición a nivel autonómico. Sin embargo, para defender los consensos en materia de memoria democrática no es suficiente con repetir títulos declarativos como el de este artículo. Debemos avanzar, consolidar, innovar.

En primer lugar, necesitamos pensar las políticas de memoria en un contexto postransicional. Las nuevas generaciones no han vivido la Guerra Civil ni el franquismo, pero tampoco la Transición o los primeros años de la democracia. La educación, la formación y sensibilización deben estar en el centro. Las políticas de hoy no pueden ser las mismas que deberían haber sido en los ochenta (aunque no fueran). En segundo lugar, no estamos frente a un ejercicio de nostalgia, sino que abrimos un horizonte de presente y futuro, de articulación de una cultura cívica democrática. Se debe entender el presente con perspectiva histórica y de derechos humanos para construir y reconstruir ciudadanía social. En tercer lugar, hay declinar las memorias democráticas en plural. No estamos aquí para construir una única verdad historiográfica sino para avanzar en la defensa de los derechos humanos, la cultura de la paz y la fraternidad. En sociedades complejas y mestizas, con distintas sensibilidades, experiencias y orígenes, las memorias democráticas también son, por ejemplo, las de las diásporas y la ciudadanía nacida fuera del Estado o sus descendientes.

Para construir memoria democrática en pleno siglo XXI se abren escenarios practicables desde el aquí y el ahora. Cuatro vectores hay que transitar y pueden conectarse con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Para empezar, el derecho a la verdad. Este pasa por abrir archivos y digitalizar al máximo su contenido. El objetivo debe ser el de facilitar el acceso a los investigadores/as y la ciudadanía en general. También deviene imprescindible proceder a la desclasificación de documentos del periodo franquista y construir bases de datos públicas, repositorios de información y material clasificados que permita el avance de la investigación y divulgación. Seguidamente del derecho a la justicia. Es la hora de iniciar procesos judiciales en relación con los abusos de derechos humanos que se produjeron durante la dictadura franquista. Aunque la Ley de Amnistía dificulte penar, no debería ser un impedimento para investigar. La ley 20/2022 de memoria democrática y la creación de la Fiscalía de sala reforzarían este marco de oportunidad. Para que sea una realidad, el Gobierno catalán del que formo parte, por ejemplo, trabaja para ofrecer formación en materia de memoria democrática a operadores jurídicos y en la construcción de la prueba que pueda acompañar procesos judiciales.

El derecho de reparación deviene también fundamental. La abertura de algunas fosas puede actuar como ejercicio de reparación individual y colectiva, de manera relevante en los casos más cercanos al presente, pero no es el único instrumento a utilizar. También lo es dignificar cementerios y lugares de inhumación (por ejemplo, recomiendo visitar el Fossar de la Pedrera en Barcelona, un ejemplo modélico y pionero inaugurado en 1985), conmemorar y homenajear, resignificar lugares de represión, patrimonializar hechos y espacios vinculados a las luchas democratizadoras, etcétera. Por último, la garantía de no repetición. La memoria democrática debe estar presente en las actividades curriculares y extracurriculares de nuestros centros educativos, desde primaria hasta la universidad. Sin ir más lejos, en Francia todos los jóvenes deben visitar algún espacio memorial a lo largo de su escolarización. Y también es necesaria la introducción de la memoria democrática en la formación de trabajadores de la administración pública (aparte de operadores jurídicos antes citados: policías, bomberos, maestros o médicos forenses).

En definitiva, el reto está en transitar de la resistencia a la innovación, de la nostalgia a la construcción de futuro: impulsar políticas de memoria democrática situadas. Porque cualquier batalla cultural requiere de mucha inteligencia, audacia y flexibilidad. Memoria democrática, en fin, para avanzar hacia unas sociedades más inclusivas, tolerantes y convivenciales.