La España de los pactos PP-Vox: hospitales de gestión privada y derogación de normas sobre plurilingüismo, igualdad y memoria democrática

Los pactos entre el PP y Vox rubricados en territorios como la Comunidad Valenciana y en ayuntamientos como el de Elche (Alicante) anticipan una cascada de acuerdos poselectorales al 28-M entre la formación de Alberto Núñez Feijóo y el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal por los que ambas fuerzas políticas gobernarán conjuntamente. Hasta el momento, el banco de pruebas de la convivencia de los populares con el partido ultra había sido Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco cedió la vicepresidencia a Juan García-Gallardo hace un año y medio. Esta coalición de gobierno regional ha protagonizado polémicas frecuentes que no han llegado a cristalizar en leyes concretas, como sucedió con el protocolo antiabortista que no llegó a aplicarse. Sí han sido constantes los enfrentamientos con los sindicatos por parte del partido de Gallardo, quien llegó a prometer una ley de violencia “intrafamiliar” que no ha llegado a ponerse en funcionamiento y cuyo partido acordó con los populares sustituir el decreto de memoria histórica por uno de “concordia” bajo la idea de que la Guerra Civil fue una lucha entre bandos y la deslegitimación del Gobierno de la Segunda República.

Las intenciones de Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana y el Consistorio de Elche anticipan ya reversiones sanitarias, la derogación de la ley del plurilingüismo y la derogación de todas las leyes de memoria e igualdad, entre otros aspectos claves avanzados durante la campaña y presentes en las negociaciones de estos días. Una de las primeras medidas que tomará el nuevo Ayuntamiento de Elche será el desmantelamiento de tres carriles bici, según han anunciado. Y, al igual que en la ciudad alicantina, la eliminación de zonas de bajas emisiones es un objetivo prioritario para otros ayuntamientos en los que el PP depende de que Vox entre en el gobierno local.

Esta es una aproximación a varias regiones con acuerdos entre ambos partidos en marcha y ayuntamientos que han de quedar conformados antes del sábado. En consistorios como los de Burgos, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina y Alcalá de Henares, el pacto de las derechas ha de ser expreso para evitar que gobierne la izquierda. Sin necesidad de que el partido de Abascal entre en gobiernos municipales, hay en marcha más de 130 acuerdos para otros tantos ayuntamientos que requieren algún tipo de apoyo para que el PP pueda regirlos. Entre ellos, grandes ciudades, como Valencia y Sevilla.

Comunidad Valenciana: la derogación del pacto del Botànic

Un presidente del PP, Eduardo Zaplana, estrenó en 1999 el modelo de concesiones a empresas privadas de los hospitales públicos con la construcción y apertura del Hospital de La Ribera (Alzira, Valencia). Bajo mandato popular se crearon con esta misma fórmula los hospitales de Torrevieja, Manises, Dénia y Elche. Y en los ocho años de Gobierno del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, se han devuelto al sector público las áreas de salud de La Ribera y Torrevieja y estaba en camino la reversión de Dénia y Manises. En campaña electoral, el PP de Carlos Mazón anunció que si gobernaba, detendría las reversiones al sector público del resto y haría una auditoría para ver si recupera el modelo de concesiones privadas con el propósito, aseguró, de dar más eficacia a la sanidad y reducir las listas de espera.

En educación, la intención del PP es derogar la ley del Plurilingüismo, en vigor desde 2018, y que las familias decidan entre castellano o valenciano, con la posibilidad incluso de emplear el inglés como lengua vehicular. Carlos Mazón, líder del PP valenciano, ya anunció el miércoles la derogación de la Oficina de Derechos Lingüísticos. También aplicará la exención del valenciano en las aulas en las comarcas castellanohablantes de la Comunidad Valenciana y defiende la recuperación del distrito único de escolarización para que las familias puedan optar a cualquier centro educativo, que el Gobierno del Botànic suprimió. Además, anuncia la derogación del programa de conciertos educativos, que el Botànic restringió para dar más prioridad a los centros públicos frente a los concertados. Y Vox extrema más su postura y quiere que el español sea lengua vehicular en todas las etapas educativas y la eliminación del valenciano como requisito en el acceso a plazas de profesorado y personal de la administración.

Tanto PP como Vox han hecho hincapié en campaña en la necesidad de defender las señas de identidad de la Comunidad Valenciana. Antes de irse a la oposición, el Gobierno del popular Alberto Fabra aprobó en 2015 una ley de señas de identidad que la izquierda eliminó cuando llegó ese mismo año al poder. Esa ley, que ahora pueden retomar, consideraba el conocimiento del valenciano como un mérito y no como imposición. Creaba un observatorio que podía sancionar a las entidades que, como la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), defienden la unidad del catalán y el valenciano. Vox defenderá sin complejos la caza y la tauromaquia. El partido ultra apuesta en su programa por expulsar a los inmigrantes ilegales, perseguir los llamados pisos patera y eliminar las ayudas públicas que consideran que generan un efecto llamada a la inmigración ilegal.

Respecto a las leyes de género y memoria histórica, Vox quiere derogarlas todas; así como todas las leyes autonómicas superfluas que suponen duplicidades como la ley de vivienda de la Comunidad Valenciana o la ley de cooperación y desarrollo sostenible. PP y Vox se oponen a la aplicación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana, que el Gobierno del Botànic aprobó a finales de 2022 y entra en vigor, tras un año de moratoria, en diciembre de 2023. Serían de 0,50 a 2 euros por persona y día que se aloje en establecimientos hoteleros, campings, casas rurales, albergues turísticos, viviendas turísticas y embarcaciones de crucero y yates turísticos cuando realicen escala en un puerto de la Comunidad Valenciana. La competencia para ponerla en marcha es de los ayuntamientos. La recaudación está dirigida a mejoras en el sector turístico.

Una de las primeras medidas que tomará el nuevo Ayuntamiento de Elche, regido a partir del sábado por el PP y Vox, será el desmantelamiento de tres carriles bici, según han anunciado. Este es uno de los ayuntamientos valencianos en los que el PP ha logrado la alcaldía sin ser el partido más votado. El miércoles, el PP de Xàbia (Alicante, 27.000 habitantes) anunció que ha llegado a un acuerdo con Vox y con un partido local para hacerse con la vara de mando de la población alicantina, donde el PSPV-PSOE ha sido la lista más votada. Otro consistorio importante que cambiará previsiblemente de color será el de Torrent, la segunda ciudad más poblada de la provincia de Valencia, con 81.000 habitantes. Un acuerdo de los populares con la ultraderecha alcanzará la mayoría absoluta y desbancará a los socialistas, a pesar de que volvieron a ganar las elecciones.

Extremadura: contra la acogida de migrantes y las políticas LGTBI

Desde Vox en Extremadura han manifestado a lo largo de los últimos años su deseo de acabar con “chiringuitos” como la Agencia Extremeña para la Cooperación y el Desarrollo (Aexcid). Han hecho manifestaciones, como en 2019 con la llegada de refugiados afganos a España, pidiendo al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que no los acogiese y que esa tarea la llevasen a cabo vecinos musulmanes.

Extremadura aprobó en 2015 la ley pionera en todo el país de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la comunidad. Lo hacía por unanimidad de los grupos. Vox, en su programa electoral en Extremadura, promete derogar este tipo de leyes. Uno de los puntos de controversia entre los dos programas electorales está precisamente en este ámbito, ya que los populares han prometido una estrategia para la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI y sus familias. También prometen impulsar la unidad regional de identidad de género.

En materia sanitaria, el Partido Popular lleva en su programa la aprobación de un nuevo mapa sanitario en la comunidad. Y en impuestos ambos coinciden en su bajada, a través de la ley de medidas fiscales. Además, prometen la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones, aunque no detallan qué servicios se van a ver recortados por la bajada de ingresos.

Castilla y León: pionera del pacto con Vox, con Burgos y Valladolid en ciernes

El PP de Valladolid hizo bandera electoral del soterramiento ferroviario, una promesa recurrente en la ciudad que no se ejecutó en anteriores mandatos del partido tanto en la ciudad como en la Junta de Castilla y León y en el Gobierno central. Esta iniciativa contó también con el apoyo de Vox a pesar de los planes actuales para hacer una integración ferroviaria, con obras ya ejecutadas o en proceso de culminación. El probable alcalde, Jesús Julio Carnero, afirmó también que revocará los planteamientos de movilidad del PSOE de Óscar Puente, retirando carriles bici y reduciendo “a la mínima expresión” la zona de bajas emisiones. Cristina Ayala, inminente alcaldesa popular de Burgos, incidió en campaña en potenciar el aparato industrial de la ciudad frente a la “improvisación constante” de su predecesor, Daniel de la Rosa (PSOE). Vox insistió en reforzar la seguridad y en el acuerdo de pronta culminación entre ambos será este partido quien dirija la concejalía de Seguridad ciudadana.

La coalición PP-Vox en Castilla y León se ha caracterizado por las frecuentes polémicas de la extrema derecha, con discursos ultra, si bien no han llegado a tener concreción legislativa. Es el caso del criticado protocolo antiabortista, que no llegó a aplicarse. Sí se han dado constantes azotes a los sindicatos, muy censurados por la extrema derecha. El vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, prometió también una ley de violencia intrafamiliar, pero tampoco ha llegado a ponerse en funcionamiento.

Vox también acordó con el PP sustituir el decreto de Memoria Histórica, firmado por los populares en tiempos de Juan Vicente Herrera, por uno de “concordia”, siempre insistiendo en que la Guerra Civil fue una lucha entre bandos y deslegitimando el Gobierno de la Segunda República previo al alzamiento militar del dictador Francisco Franco. Ese planteamiento aún no ha prosperado, al igual que la promesa de impedir el “adoctrinamiento en las aulas”, pues no se ha promulgado ninguna medida de restricción educativa. Gallardo y Mañueco también aludieron a la “migración ordenada”, pero este discurso se ha quedado en los mensajes y de momento no tiene recorrido legislativo.

Andalucía: eliminación del gasto “ideológico” y “defensa de las tradiciones locales”

Aunque Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política en Andalucía tras las elecciones municipales, el partido de ultraderecha no ha conseguido entrar ni ser determinante para la configuración de los gobiernos municipales de las principales ciudades andaluzas, incluidas sus ocho capitales. Solo en Sevilla la formación de Santiago Abascal publicó un díptico con medidas ajustadas a las circunstancias de la capital andaluza, circunscribiéndose en el resto de los municipios en los que concurría al programa electoral uniforme dictado por la dirección nacional. En el díptico específico para Sevilla se hace hincapié en las ideas fuerza del partido de extrema derecha: “Limpieza, seguridad, promoción de la familia y las políticas de natalidad, eliminación del gasto superfluo e ideológico y defensa de las tradiciones locales”, que en el caso de Sevilla pasaban por recuperar como festivo el día de San Fernando, el patrón de la ciudad.

Conscientes de que en Sevilla y Huelva sí serán determinantes para la elaboración de los Presupuestos, Vox ha advertido de que su apoyo no será gratuito y que estará condicionado a eliminar los “gastos ideológicos” que la candidata en Sevilla, Cristina Peláez, concretó durante la campaña en las políticas de igualdad, de promoción de los derechos del colectivo LGTBI y la memoria democrática.

Castilla-La Mancha y Madrid: fin de las zonas municipales de bajas emisiones

En Toledo, el ideario de Vox ha ido muy ligado a la seguridad. Su líder en la ciudad, Inés Cañizares, que se perfila como persona fuerte en el nuevo gobierno local de coalición con el PP, hizo muchas referencias a esta circunstancia durante la campaña, especialmente en el barrio del Polígono, el más poblado de Toledo y que ha registrado varios sucesos en los últimos meses como los disturbios en marzo tras la muerte de un joven que fue apuñalado.

El líder de Vox en Talavera de la Reina, David Moreno, pide sobre el Tajo más depuradoras y embalses y modernizar los regadíos. Además, eliminar el estacionamiento regulado (zona azul) de la ciudad. Entre las apuestas para Guadalajara se encuentra mayor presencia policial en las calles para aumentar la seguridad y eliminar la tasa de ocupación de vía pública para comercios locales. Y en cuanto a movilidad, revertir la eliminación de plazas de aparcamiento en la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara.

En Madrid, la combinación de PP y Vox puede servir el sábado para dar un vuelco al mapa municipal, donde el PSOE gobernaba en 8 de los 10 municipios más poblados hasta el 28-M. Así, si conservadores y ultras pactan en Alcalá de Henares, se harán con el poder en una ciudad de 198.000 habitantes. En Móstoles, una urbe con 200.000, el PP puede optar el sábado a hacerse con el bastón de mando en solitario como lista más votada, aunque está dispuesto a dialogar con Vox para cimentar su mayoría y llegar a la absoluta. En la misma situación, los conservadores han ofrecido a la extrema derecha entrar en el gobierno de Arganda del Rey (60.000 habitantes), propuesta que por ahora ha sido rechazada por considerarse insuficiente.

Con información de Cristina Vázquez, Ferran Bono, José Emiliano Barrena, Juan Navarro, Eva Saiz, Daniel Rodríguez González y Juan José Mateo.