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Las primeras medidas de Mazón incluyen eliminar una cláusula para los médicos que Feijóo consolidó en Galicia

PP y Vox empiezan la negociación para concretar las bases del Gobierno de la Generalitat Valenciana

Comisión de trabajo para la concreción del acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana. A la izquierda, por Vox, David García, Vicente Barrera y Juan Pablo Cruz, y por parte del PP, Miguel Barrachina, Laura Chuliá y María Gómez.
Comisión de trabajo para la concreción del acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana. A la izquierda, por Vox, David García, Vicente Barrera y Juan Pablo Cruz, y por parte del PP, Miguel Barrachina, Laura Chuliá y María Gómez.cedida por el PP
María Fabra

El valenciano y la política lingüística del Gobierno del Botànic será uno de los temas en los que primero se centrarán PP y Vox cuando accedan a la Generalitat valenciana. Las señas de identidad son uno de los cinco ejes del preacuerdo que sellaron el martes ambos partidos, y al valenciano se refirió el miércoles de nuevo el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como materia sobre la que adoptará las primeras medidas cuando sea investido. Una de ellas choca de pleno con la política desarrollada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Galicia. La misma por la que ha sido cuestionado por Vox.

Carlos Mazón ha hablado, en una entrevista en la Cadena Cope, de la eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos (a la que se ha referido como “oficina de policía lingüística”), de “acabar con el procés a la valenciana” en las aulas y garantizar la “libertad educativa”. Ha marcado la educación como clave, pero, según ha dicho, también es fundamental porque “el requisito ha llegado a la Sanidad”. Así, ha explicado que para consolidar una plaza de médico, “cuenta lo mismo el valenciano que el doctorado”. “Ahora nos hemos enterado de que las cataratas se operan en castellano o valenciano, en lugar de bien o mal”, ha afirmado. Efectivamente, el conocimiento del valenciano puntúa en los concursos-oposiciones para los sanitarios, pero no como requisito, sino como mérito. Su puntuación varía dependiendo de la convocatoria, pero, por regla general, se iguala a la que se obtiene por un doctorado. Exactamente igual ocurre en Galicia. Por ejemplo, entre los méritos que puntúan en el concurso-oposición publicado en el Diario Oficial de Galicia en enero, que señala que a quienes acrediten un Certificado de Estudios de Lengua Gallega (CELGA) de nivel 4 (hay cinco en total) “se les asignarán cinco puntos”. Por el “título de doctor/a en el ámbito de las ciencias de la salud: 5 puntos”, especifica de igual forma la resolución.

Tanto en la Comunidad Valenciana como en Galicia, donde las lenguas autóctonas son coficiales, el requisito lingüístico es aplicable para el acceso a los puestos de la Administración, pero no para los sanitarios, en los que se barema como mérito. De hecho, fue el modelo gallego el que inspiró las normas del requisito lingüístico valenciano que ahora quiere derogar Carlos Mazón. En su momento, la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, fue mucho más prudente y dijo tener que “estudiar el detalle” antes de entrar a criticar el sistema.

El modelo supuso la crítica de Vox, que llevó al Congreso, a través de una pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez, su reproche al actual líder del PP por haber exigido el gallego en una prueba para un puesto de la función pública. Según señalaron los de Santiago Abascal, “este tipo de medidas suponen el menoscabo del castellano”, por lo que exigían medidas al Ejecutivo central. En su respuesta, el Gobierno defendió la decisión de Feijóo de exigir el gallego en exámenes de la Xunta y señaló que la propia Constitución establece que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, tal como recogió Europa Press días después de que Feijóo accediera a la presidencia del PP nacional.

Al margen de las palabras de Mazón, PP y Vox iniciaron el miércoles la concreción de su acuerdo para el gobierno de la Comunidad Valenciana sin la presencia del candidato de la ultraderecha, Carlos Flores. Este, vetado por la dirección nacional del PP para su inclusión en el Gobierno de coalición, tampoco participó en esa segunda reunión que el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón dejó en manos del director de campaña, Miguel Barrachina, y en el que incluyó a dos mujeres, la diputada Laura Chuliá, y la diputada y alcaldesa de Almoradí (Alicante), María Gómez.

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Tras varias horas de negociación, fuentes del PP aseguraron que, de momento, no se ha decidido cuántas consejerías ocupará la ultraderecha ni se ha especificado las carteras que dirigirán.

El anuncio de la eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, un órgano cuestionado por la justicia por inseguridad jurídica y creado para canalizar las denuncias de los valencianohablantes discriminados en administraciones y cuestionado por la justicia, ha provocado la inmediata reacción del exconsejero de Educación Vicent Marzà, de Compromís, quien ha calificado la medida de “auténtica vergüenza”. Marzà ha lamentado que las primeras palabras de Mazón, después del pacto entre PP y Vox, “vayan contra los valencianohablantes”: intentan “agredir nuestros derechos lingüísticos y volver a amenazarnos para pasar a una nueva época de oscuridad”, ha denunciado. “Vuelven al conflicto de siempre”.

Por su parte, el aún presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha calificado de “poco trabajado” el preacuerdo entre PP y Vox para compartir el Gobierno valenciano. Puig ha calificado de “un poco sorprendente” los cinco puntos del preacuerdo que hablan de libertad o señas de identidad. “Poco trabajado, ¿no? No parece muy serio”, ha señalado.

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