El soterramiento de nunca empezar emerge de nuevo en la campaña de Valladolid

El deporte olímpico de mirar obras tiene muchos candidatos a medalla en la avenida de Segovia de Valladolid. Los trabajos junto a los raíles y la estación de tren seducen a paseantes e ingenieros aficionados; un incipiente espacio ajardinado con toboganes y columpios rompe la estética de la maquinaria entre túneles y vagones. Las labores responden al plan de integración ferroviaria en una ciudad donde el soterramiento de las vías, baza política desde hace 30 años, vuelve a escena. Los partidos han exhibido durante décadas cintura para decir una cosa y la contraria y los colores de los gobiernos locales y nacionales, —salvo los autonómicos (PP)— han permutado sin acarrear avances. El PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), coalición consistorial desde 2015 que no ve viable soterrar, chocan con PP, Vox y una plataforma por el soterramiento (Contigo Avanzamos) en distancia, cálculos de inversión, financiación o gestión de los fondos europeos.

Miguel Ángel García, de 82 años, escruta el ajetreo desde su terraza. “Qué parida más grande”, musita. El anciano define la reintegración como “tirar el dinero”, no obstante, arrojó a la basura “el papel” de Vox, pro-soterramiento: “Lo lógico era hacerlo antes, se ríen de nosotros con promesas para comprar votos”. El vallisoletano critica al PP por recuperar la cantinela pese a 20 años con Javier León de la Riva de alcalde y afea al PSOE de Óscar Puente, regidor desde 2015, primeramente partidario de soterrar, las vigentes acciones: “Id a hacer puñetas”. El hartazgo de hoy viene de ayer. Los primeros ecos llegaron en 1984; sin embargo, cobró enjundia en los noventa al irrumpir la alta velocidad. De la Riva pasó de denostar el soterramiento por considerarlo caro a exigirlo y abrazar la ley estatal de liberalización del suelo del PP de José María Aznar. Esta política hinchó la burbuja inmobiliaria y el optimismo municipal: el regidor auguraba un soterramiento inminente, financiado con la venta de terreno liberalizado. La urbe alcanzaría los 500.000 habitantes, vaticinó el alcalde.

Esta filosofía, explica el concejal socialista Pedro Herrero, encajaba antes de la crisis: “Es la historia de una aspiración que pudo ser si el sueño de la vorágine inmobiliaria hubiera tenido fundamento”. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), en la que participa un 25% del Ayuntamiento y otro cuarto por la Junta, pidió préstamos bancarios de 400 millones de euros, ya que esperaban disponer después de recursos para devolverlos. Con ello se soterró el pinar de Antequera y se trasladaron los talleres de Renfe a las afueras, pero no hubo más avances ante la catarsis económica. El alcalde erró: la burbuja estalló, el suelo se devaluaba y el soterramiento se aparcó aún con el PP en los mandos municipales, autonómicos y centrales. Valladolid hoy no alcanza los 300.000 censados.

La deuda aún pesa en las cuentas consistoriales, con un presupuesto de 404 millones para 2023. El anterior Ayuntamiento garantizó, sin informar al Pleno de la firma de tres cartas de conformidad entre 2008 y 2011, la devolución de 100 millones del préstamo. De la Riva, juzgado en 2018 por presuntas prevaricación y falsedad documental, arguyó desconocer la relevancia de esas cartas y salió absuelto. Adif asumió la deuda y aún debe cobrar 385 millones, detalla la corporación municipal.

El PSOE no siempre se opuso a soterrar. Puente, como candidato, firmó ante notario en 2011 su propósito de hacerlo, algo que le afea la oposición. Herrero admite que pecó de ingenuo: “Con los datos que había no entendían no hacerlo, pero al llegar al poder en 2015 vieron que la información no era esa y conocieron las deudas”. Puente, en 2022, fue rotundo: “Es la solución ideal, pero no será posible”.

El gasto y recorrido varían según quien opine: PSOE y VTLP citan los 1.387 millones de euros que estimó el Tribunal de Cuentas en 2017, sin la inflación actual, para 7,6 kilómetros. El candidato del PP, Jesús Julio Carnero, calcula unos 635 millones para 5,5 kilómetros. “Debe ser como una obra pública, como un colegio, hospital o autovía, con participación local, autonómica y central”, esgrime Carnero, crítico con la “integración por túneles” y mostrando su “voluntad para una actuación social, además de económica y medioambiental para quitar una barrera”. La deuda, agrega, se cubriría al vender los terrenos liberados por las obras.

Carnero, exconsejero de la Junta, evoca ejemplos de Cataluña, Almería o Murcia y baraja recurrir a ayudas europeas: “Puente lo niega, pero muchos soterramientos se financian así”. Fuentes del ministerio de Transportes responden que “los fondos no son cuestión de voluntad o acuerdo político, sino de condiciones y fechas” y piden evitar comparaciones porque todo depende de la “madurez y plazos”. El maná comunitario solo se aplica a obras de Cercanías o mercancías y exige concluirlas antes de 2027, difícil ante la envergadura del soterramiento por la necesidad de tuneladoras en una zona compleja, con restos arqueológicos y el cauce subterráneo del Esgueva. Según la Ley de movilidad sostenible, de 2022, la Administración general cubre hasta el 30% de las inversiones, pero el convenio de 2017 entre el Ayuntamiento, la Junta y Adif, con el PP en La Moncloa, elevó la suma al 50%. El Gobierno, mediante Transportes, ha invertido 65 millones en 17 actuaciones y la SVAV ha asignado otros 43 millones.

Resucitar el asunto hastía a Manuel Saravia, concejal de Urbanismo (VTLP). Para él, todo radica en interés electoral —tras las vías viven 90.000 personas—. Saravia recalca que se ha desarrollado el 40% del acuerdo de “transformación” y añade que no todo lo culminado sería adaptable al hipotético soterramiento. Además, recuerda que el PP de la candidata Pilar del Olmo asumió, en 2019, la derrota política y programática, ya que la coalición reivindicó la “integración en superficie” con túneles y entornos readecuados. “Seguimos creyendo en el soterramiento, pero creemos en la democracia. No insistiremos en soterrar cuando la integración en superficie ha sido refrendada”, anunció. Carnero atañe ese discurso al “resultado electoral” y asevera que pronto modificaron la estrategia y retorno al afán actual.

Cecilio Vadillo, líder de Contigo Avanzamos, tilda de “juego” los bailes de cifras. Según él, el conjunto costaría unos 400 millones, deuda aparte, sin requerir fondos europeos, ya que apunta que podría sufragarse con el suelo, valorado en 800 millones, según la sociedad mercantil Segipsa. El Consistorio, por su parte, lo reduce a entre 366 y 538 millones. “Es la única ciudad donde la izquierda no defiende soterrar, tiene costes, pero gran rentabilidad económica y social”, expone el exsocialista, quien perdió en 2015 las primarias con Puente y después fundó la plataforma por el soterramiento. Vadillo censura las dilaciones de las obras del PSOE y los giros del PP: “Han perdido años”.

Recorrer ambos lados de la vía por los barrios de Las Delicias, La Pilarica o Pajarillos, conectados con el centro mediante pasos bajo los raíles, refleja posiciones y matices dispares. Los cruces modernos, diáfanos y con vegetación, contrastan con los viejos, pintarrajeados y angostos. “No al muro, soterramiento ¡Ya!”, reza algún cartel. Isabel Arranz, de 66 años, acepta la integración y reprocha el electoralismo: “Donde esté un soterramiento… pero está quedando bonito, no lo hicieron antes [la oposición] pero ahora lo piden, soterrar es mucho dinero”. Rubén Asenjo, de 41, atraviesa un túnel junto al río Esgueva entre el sonido de otro convoy y afirma, con resignación, que “estaría bien, pero llevan muchos años de promesas, así que es mejor que nada”.