De aquellos polvos, estas okupaciones

Las okupaciones de viviendas no son fruto de una especial idiosincrasia española, son el resultado de un cúmulo de desaguisados provocados por la sistemática antipolítica de vivienda de los gobiernos del PP. La ley liberalizadora del suelo del PP permitió que, sin ninguna base demográfica justificativa, llegásemos en la primera década del siglo al gran éxito, récord europeo, de construir 600.000 viviendas al año.

Para que estas viviendas se pudieran vender, propició que el Banco de España se pusiera de perfil, que no interviniera a pesar de las recomendaciones del Banco Central Europeo, ante una concesión masiva de créditos hipotecarios por parte de bancos y cajas de ahorros, en las antípodas de las del resto de países europeos.

De este modo se consiguió el milagro de que el valor de las viviendas se situara en el punto más alto de su historia, no sólo en términos absolutos, sino en relación con la capacidad de pago de los hogares. Se alcanzó una de las mayores cargas hipotecarias de los hogares de la Unión Europea. El peso de la deuda llegó a suponer el 134,7% de su renta disponible, un 40,8% por encima de la media europea. Y, de paso, la mayor burbuja inmobiliario-financiera de Europa consiguió alejar del acceso a la vivienda a millones de jóvenes españoles.

Cualquier atisbo de poner raciocinio en esta arcadia, como las leyes de algunas comunidades autónomas destinando una parte de las nuevas viviendas a protección oficial para hacerlas asequibles, fue sistemáticamente torpedeado alegando que no se puede poner límites a la libre iniciativa.

¿Pensaban, acaso, que este frame, construcción enloquecida-préstamos desbocados-revalorización inmediata de las viviendas, se iba a mantener siempre? ¡Mira por donde!, la magia se rompió en mil pedazos en el año 2007; un cataclismo exterior nos arrastró y abrió la mayor crisis social que ha vivido este país desde la Guerra Civil. Más de un millón de viviendas quedaron acabadas y sin colocar, es decir, vacías. El parón radical en el sector de la construcción hizo crecer la tasa de paro del 8% al 19%, en solo un año, y hasta el 26% en 2014. Las familias en paro no pudieron hacer frente a sus cargas hipotecarias primero o de alquileres después, con lo que desde el año 2008, 800.000 hogares han perdido su vivienda.

Era previsible que no habría una convivencia pacífica entre más de un millón de viviendas vacías y casi un millón de familias sin vivienda. Y, sin embargo, ahí estuvo el huevo de la serpiente: el embrión de un drama mayúsculo que no se quiso ver.

Dando la espalda a esta realidad, se decidió que lo que había que hacer era rescatar a los bancos que se habían quedado con los créditos impagados de promotores, con todas sus viviendas vacías, y con la deuda de las cajas de ahorros. Se concedieron 65.000 millones de euros públicos para ese rescate —que hoy ya se han convertido en 74.000— sin pensar en vincular estas ayudas a la puesta a disposición de las viviendas vacías para las familias desahuciadas, o lo que habría sido lo mismo, o mejor, sin pensar que las familias pudieran seguir en sus viviendas, ajustándoles el precio (como luego se ha hecho, desvalorizándolas, cuando se han vendido a fondos de inversión). Pensaron erróneamente, como se ha visto, que en un corto plazo de tiempo todos los activos se colocarían fácilmente.

Y no solo esto; puesto que no había demanda de vivienda —estábamos en plena crisis— decidieron que no hacía falta una política de vivienda activa; en el año 2011 desmontaron el Ministerio de Vivienda que había creado el presidente José Luis Rodríguez Zapatero precisamente para intentar poner contrapesos a la furibunda burbuja, y redujeron drásticamente los presupuestos del Estado en vivienda de 1.500 millones de euros anuales a 450. Se trataba de fondos precisamente destinados a promover vivienda protegida y a ayudar a los hogares a pagar su vivienda que habrían podido mitigar en parte el problema.

Pero, cuando los problemas de supervivencia no encuentran solución desde el sector público, los inventan. Y ahí emerge el particular problema español de las okupaciones de viviendas: familias desahuciadas alojándose espontáneamente, sin control público, en viviendas vacías. En un primer momento, organizadas por movimientos sociales de base, se enfocaron hacia las viviendas de bancos y fondos de inversión. Pero cuando un volcán explota resulta imposible que la lava se deslice exclusivamente por las zonas mejor protegidas, y las okupaciones, acompañadas de la proliferación de mafias, se han ido adentrando también en el terreno de los propietarios tradicionales de viviendas en alquiler. Y ello conlleva una preocupación social de primer orden que los responsables ahora revierten en su favor. Horrorizados ante la realidad generada por sus propias políticas, organizan una campaña de captación fácil de votos, negándose, de nuevo, a abordar el dolor social oculto que hay detrás de las okupaciones.

Que la okupación no debe ser la vía de acceso a la vivienda es una obviedad. Que hay que acabar con este “sistema” es evidente. Pero para ello hace falta un pacto, formal o implícito, que permita poner fin de verdad a una etapa dramáticamente anómala de nuestra historia y nos lleve a la paz social imprescindible para un horizonte con una deseada presencia creciente del alquiler.

Deberíamos apartarnos de las posiciones maximalistas actuales, bajar los decibelios. De nada sirve que los unos demonicen las okupaciones y que los otros las bendigan, de este modo lo que hacemos es enrarecer cada vez más la convivencia y exacerbar el enfrentamiento social sin abrir un horizonte de solución verdadera. Hay que actuar inteligentemente en los dos frentes: desahucios y okupación, que no son más que las dos caras de la misma moneda y hacerlo de manera simultánea.

La derecha debería aceptar que hay que dejar de alimentar el ejército de reserva de familias sin vivienda y, por lo tanto, que debemos cortar radicalmente la hemorragia de nuevos desahucios de familias vulnerables, tanto familias que okupan la vivienda sin título habilitante, como inquilinos que entran en situación de insolvencia. Prohibiendo los desahucios a bancos y fondos de inversión y llegando a acuerdos serios de concertación con el resto de propietarios para compensarles los alquileres no cobrados, mientras no se ofrezcan viviendas públicas alternativas.

La izquierda, por su parte, en el momento que cesaran los desahucios de familias vulnerables, con la certeza de que ya no se sigue alimentando la viciosa espiral, debería admitir legislación que permitiera la expulsión inmediata de los nuevos okupas de viviendas de cualquier tipo de propietario. Por muy legítimas que sean la ira y el odio por lo sucedido, funcionan como muy malas consejeras en estrategias a medio y largo plazo. Los maniqueísmos son munición regalada a la derecha.

Por favor, no nos rasguemos más las vestiduras, reconozcamos humildemente las enormes responsabilidades históricas que han conducido al problema, no volvamos a equivocarnos e intentemos encontrar soluciones pactadas que no conlleven la perpetuación de los desahucios, es decir del germen de las okupaciones.