La incómoda memoria

Hay dos formas a través de las cuales una sociedad puede enfrentar un pasado traumático en el que en un país la obra humana dejó muchas víctimas, incluyendo personas asesinadas, desplazadas o exiliadas. Tema que en varios países se ha convertido en una suerte de Rubicón que polariza posiciones políticas tras lo cual se suele esconder, en realidad, la diferencia entre tolerancia e intolerancia.

Un camino es el de la recuperación de la memoria histórica. No sólo como homenaje a las víctimas, sino como mensaje, para el presente y futuro, de hechos graves que deben conocerse —y conocer las nuevas generaciones— para que jamás se repitan. La otra forma es la opuesta: el olvido, lo que podríamos llamar la “volteada de página”, en nombre de una idea abstracta de la “reconciliación” que omite conocer la verdad. Borrando hechos que generaron miles y hasta millones de víctimas, dando pie a la impunidad y una sociedad que prescinde de su memoria, con el pretexto de la conciliación.

Lo que está detrás de esta contradicción suele ser un pasado terrible. Que va, por ejemplo, desde los genocidios hitlerianos o polpotianos y la Guerra Civil española hasta los asesinados por dictaduras sangrientas en el cono sur latinoamericano (Chile, Argentina, Uruguay) en los setentas y ochentas, llegando a las decenas de miles de muertos en Perú, tanto por la acción del terrorismo como por agentes del Estado. Y hay muchos otros casos más en la región y en el mundo.

Así como ha habido sucesos gravísimos que no merecieron particular expurgación, memoriales o “comisiones de la verdad” o, en fin, políticas públicas de promoción de la memoria y de homenaje a las víctimas.

Sin duda la política pública “sanatoria” más espectacular en las últimas décadas ha sido la de la Alemania reconstruida luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Para cualquiera que visite el país no queda sino inclinarse con respeto ante los impactantes resultados pasos para no arrojar bajo la alfombra las atrocidades del nazismo desde la década del 30 del siglo pasado y durante la Segunda Guerra Mundial con varios millones de objetivos de persecución, destrucción o muerte por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad.

Millones de judíos, disidentes políticos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades físicas y mentales fueron objetivo de destrucción o matanzas por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad. Quedaron para la memoria los nombres de campos de concentración como Dachau, Buchenwald, Mauthausen o Auschwitz-Birkenau (Polonia). Conversando con la gente se puede constatar el espectacular impacto de esos memoriales y de la educación pública alemana han tenido en las generaciones que aún no vivían cuando los horrores del nazismo.

En otros países el relativo silencio frente a sus propias responsabilidades en la historia de hechos terribles y en la misma Segunda Guerra Mundial no ha sido, sin embargo, materia de especial “memorialización” como, por ejemplo, el Japón.

Pero fuera de esas grandes hecatombes mundiales de obra humana ha sido más bien en conflictos y situaciones “internas” de algunos países en las que se ha visto más vivamente la existencia o no de políticas públicas claras y consistentes. En torno a ese tema, por el contrario, por razones de política interna muchas ha sido materia de controversia y hasta de propuestas regresivas. En estos días en España, por ejemplo, dentro de la recién iniciada campaña electoral de cara a la elección del 23 de julio llama la atención la postura de los candidatos de la derecha de, por ejemplo, derogar la Ley de Memoria Democrática. Uno de los objetivos de esa ley es, precisamente, reconocer a quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil, la dictadura franquista hasta la adopción de la actual Constitución en 1978.

En el contexto latinoamericano se han dado en las últimas décadas varios pasos notables —literalmente “memorables”— de lo primero, es decir de recuperación de la memoria histórica. No sin tensión y contradicción con quienes, desde el conservadurismo extremo, prefieren el olvido y que no se hable de hechos y responsabilidades atroces.

En los últimos 20 a 30 años se han dado pasos importantes en la región para mantener la memoria para que hechos terribles sean conocidos por las futuras generaciones para que no se repitan. Por ejemplo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile referido a la larga dictadura de Pinochet o el Lugar de la Memoria (LUM) en Lima sobre el conflicto armado interno generado en el Perú por el accionar terrorista de Sendero Luminoso y las atrocidades en las que de ello derivó en responsabilidades graves de agentes de instituciones del Estado. También el Museo Sitio de Memoria, localizado en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, centro de detención y exterminio durante la dictadura militar entre 1976 y 1983 de miles de detenidos y desaparecidos, muchos de los cuales perecieron en los “vuelos de la muerte”.

Siendo las cosas así, el hecho es que para un sector radical de las sociedades recordar parece ser más bien una amenaza y no un paso necesario contra la repetición del horror. Si en la España de hoy hay quienes promueven en su discurso político voltear una página del pasado que parece incómoda para algunos, algo parecido ocurre en una Latinoamérica ya contagiada del virus global de la polarización política. Algo de ese mismo espíritu retardatario flota en otros lares.

Es lo que pasó en Lima con el LUM, espacio de memoria inaugurado el 2015 con la cooperación de Alemania. La exhibición arranca precisamente recordando cómo fue que se inició en 1980 la violencia terrorista de Sendero Luminoso que ensangrentó al país durante veinte años.

Pero, como no podía ser de otra manera, en el LUM la exhibición trata también de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el Estado, algo que para algunos extremistas es mejor omitir. Así, la autoridad municipal en Lima, en manos de un grupo político de extrema derecha, ordenó abruptamente el cierre del LUM con objeciones administrativas que pudieron haber tenido otro manejo. Por el momento la crisis ha sido superada pero ya se sabe de la espada de Damócles que pende sobre su funcionamiento dentro de un contexto político general cada vez más tenso y de regresión.

No deben sorprender estas corrientes de regresión que buscan cancelar la memoria y que se repita y extienda por otros países. Y que, con ello, se pretenda borrar de la historia hechos graves. Que deben ser conocidos y recordados como datos de la historia de manera que en la formación de las futuras generaciones haya mejores y mayores elementos para que esas tragedias no se repitan. Cancelando la memoria, por el contrario, es cómo el aliento a la repetición de tragedias se hace más posible.