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Fujimori niega cualquier vínculo con los 'escuadrones de la muerte'

Primer interrogatorio del juicio al ex presidente peruano

El ex presidente peruano Alberto Fujimori negó ayer haber tenido conocimiento de la existencia de escuadrones de aniquilamiento en las Fuerzas Armadas de su país y haber ordenado violaciones de los derechos humanos como parte de la estrategia antiterrorista de su Gobierno. "Yo nunca he dado órdenes, lo que sí di fueron directivas", declaró al fiscal supremo José Peláez durante el primer interrogatorio del juicio que se inició el lunes.

Fujimori declaró que "nunca" supo de la existencia del Grupo Colina, destacamento militar al que se atribuye haber ejecutado las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta, en 1991.

Cuando el fiscal le preguntó acerca del memorándum de felicitación que extendió a sus miembros en 1992, el ex mandatario señaló que lo firmó "sin revisarlo", una práctica que, aseguró, hacía con muchos documentos.

Asimismo, Fujimori comentó que se enteró de los homicidios sobre los que se centra el juicio después de que se hubieran cometido, a través de los medios de comunicación.

Discriminado

Durante la audiencia, el fiscal Peláez destacó que el Grupo Colina no era una organización paramilitar, sino un destacamento integrado dentro del Ejército peruano y sujeto a su cadena de mando.

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No obstante, Fujimori declaró que, cuando asumió la presidencia de Perú, en 1990, desconocía todo acerca del mundo castrense y que, además, se sintió discriminado por los militares peruanos que, según él, aceptaban de mal grado a un presidente de ascendencia japonesa.

De su ex asesor Vladimiro Montesinos, que montó una descomunal red de espionaje durante su Gobierno, dijo que nunca fueron amigos. Definió la relación entre ambos como "de tipo jerárquico, funcional" y circunscrita a los temas de seguridad nacional.

La sesión se desarrolló con normalidad, después de que el presidente del tribunal, César San Martín, pidiera al acusado respuestas concretas y que se abstuviera de realizar declaraciones de carácter político. Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas, pidió a la fiscalía "una mayor concreción" en las preguntas. "No hay que desesperarnos porque es un interrogatorio que probablemente va a durar días", advirtió.

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