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Sánchez abre la puerta a “reforzar” la financiación de Cataluña y anuncia una ley del plurilingüismo

El Gobierno garantizará el derecho a dirigirse a la Administración General del Estado en las lenguas cooficiales. El último Consejo de Ministros del año aprobará el traspaso a Cataluña de la gestión del ingreso mínimo vital. El presidente celebra que su política sirva para “reconocer y rehabilitar” a políticos como Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, recibía este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palau.Foto: ALBERT GARCIA | Vídeo: EPV

Pedro Sánchez ha acudido este jueves en Barcelona, a la reunión con Pere Aragonès, determinado a profundizar en la hoja de ruta que inició en 2021 con la concesión de los indultos a nueve dirigentes del procés: seguir encauzando la relación con el independentismo para empujarlo a dejar atrás la vía rupturista. Con la ley de amnistía en trámite, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se han comprometido a poner en marcha el traspaso del servicio ferroviario de cercanías catalanas (Rodalies) y han anunciado el inminente traspaso a la Generalitat de la gestión del ingreso mínimo vital. El referéndum sobre la independencia, en el que ha insistido el líder catalán y que Sánchez rechaza de plano, sigue siendo el gran punto de desencuentro. Pero el presidente del Gobierno no ha cerrado la puerta a otra de las grandes reivindicaciones del independentismo: la mejora en la financiación. Sánchez ve posible “reforzarla” y no descarta, por ejemplo, que se desarrolle la Agencia Tributaria catalana que establece el Estatut. Preguntado expresamente por la posibilidad de acordar con la Generalitat un “pacto fiscal” —es decir, un sistema de financiación diferenciado para Cataluña en alguna medida—, el presidente ha afirmado que en esta legislatura pretende “avanzar en el autogobierno” y que en ese marco se puede “hablar de muchas cosas”, aunque ha señalado que no utilizaría “ese término” del pacto fiscal. Fuentes de La Moncloa no han aclarado hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en esa mejora de la financiación.

La primera reunión de Sánchez con un presidente autonómico desde su investidura ha dejado varios acuerdos de calado. Por ejemplo, el compromiso de aprobar una ley orgánica de garantía del plurilingüismo que asegure “el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en todas las lenguas cooficiales”. Aragonès ha dicho que esa ley permitirá “acompañar medidas concretas para preservar el modelo lingüístico de la escuela catalana”, que actualmente tiene como única lengua vehicular el catalán, a pesar de las numerosas sentencias en contra que obligan a dar ese estatus también al castellano.

Un estudio del Ministerio de Administración Territorial señaló en diciembre de 2020 que la mayoría de las unidades y servicios periféricos de la Administración central en comunidades autónomas con lengua propia declararon que la documentación accesible a la ciudadanía se encontraba en ambas lenguas. Ese mismo estudio señalaba que los servicios del Estado situados en País Vasco y Navarra no garantizaban suficientemente el derecho a la doble lengua “en tanto no disponen de suficiente personal con conocimiento de la lengua cooficial”.

Otra medida anunciada este jueves es que el Consejo de Ministros del día 27, el último del año, aprobará el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, un acuerdo que EL PAÍS ya adelantó en octubre. Sánchez y Aragonès también han pactado que la mesa de diálogo entre ambos gobiernos se reunirá en el primer trimestre de 2024. No lo hace desde julio de 2022. El republicano ha asegurado que allí insistirá en su propuesta de que se pacten las condiciones para la celebración de un referéndum, algo que Sánchez ha insistido en que no cabe en el ordenamiento jurídico.

“Hemos apostado por el reencuentro total entre Cataluña y el resto de España. Cataluña debe recuperar el tiempo perdido”, ha resaltado Sánchez, que ha incidido mucho en el mensaje de “normalidad y cordialidad institucional” de la reunión. Mientras, unas decenas de manifestantes convocados por la Asamblea Nacional Catalana se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente a la sede de la Generalitat. “Lo que vemos aquí es un ejemplo de normalidad constitucional, es un logro después de años muy duros en los que la política ha estado ausente”, se ha reafirmado Sánchez, que también se ha comprometido con Aragonès a desarrollar a partir de enero el acuerdo y calendario para avanzar en el traspaso de Rodalies.

La financiación ha sido otro de los asuntos de relieve. La Administración General del Estado asumirá un 20% de la deuda viva de Cataluña, como ya acordaron PSOE y ERC en el acuerdo de investidura, pero, consciente del recelo que este pacto supone en el resto de España, Sánchez ha enfatizado que el Gobierno trabaja para concretar el mecanismo con el que se llevará a cabo en el resto de los territorios. “Será en enero cuando se abra un debate multilateral con todas las comunidades autónomas y se hará un análisis con cada una de ellas”, ha indicado. “Lo que tenemos que hacer durante estos años que tenemos de legislatura es avanzar en un acuerdo que, a mi juicio, pasa por reforzar el autogobierno de Cataluña y, en ese marco dentro de la Constitución, pues evidentemente podremos hablar de muchas cosas, de reforzar la financiación en Cataluña”, ha dicho el presidente Sánchez.

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El último acuerdo entre el Ejecutivo y el Govern consiste en el respaldo institucional y económico de La Moncloa a un proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips. Una muestra de la complicidad de la reunión es que Sánchez le ha regalado a Aragonès la trilogía en catalán de la escritora Eva Baltasar, un guiño que ha recibido muchos elogios en la Generalitat.

“Reconocer y rehabilitar” a Puigdemont

Esta mañana, poco antes de encontrarse con el dirigente de ERC, el presidente del Gobierno ha afirmado en una entrevista en Rac1 que su intención era negociar avances en el “autogobierno” de Cataluña y que hay un “espacio intermedio” entre el referéndum de independencia —que el PSOE rechaza— y “quedarnos como estamos”. En ese espacio intermedio “todo se puede estudiar”, incluidas mejoras en la financiación, que no ha concretado. También ha celebrado que con su política de acercamiento se consiga “reconocer y rehabilitar” a “actores políticos” que estaban fuera de la negociación hasta ahora, en alusión a Carles Puigdemont, que permanece huido de la justicia desde 2017. En esa línea de reconocimiento y rehabilitación, Sánchez ha confirmado que se reunirá con el expresidente catalán y líder de Junts, aunque ha dicho que “lo lógico” es que el encuentro se produzca cuando la ley de amnistía esté ya aprobada.

La Moncloa enmarca la reunión con Aragonès en su estrategia de distintas velocidades a corto, medio y largo plazo en la negociación con ERC y Junts, dos partidos cuyos votos han sido claves para que Sánchez fuera investido. Las dos formaciones independentistas lograron arrancar la concesión de la ley de amnistía, cuya tramitación acaba de iniciarse en el Congreso. Esa medida, que el presidente del Gobierno considera ahora “trascendente” para la resolución del conflicto territorial en Cataluña —aunque hasta las elecciones del 23-J siempre la rechazó—, está provocando un desgaste al PSOE y al Ejecutivo. Este último quiere llevar la relación al terreno de acuerdos que afecten a la gestión diaria del Govern, como el traspaso de Rodalies. El presidente del Gobierno también se ha mostrado abierto a estudiar algún tipo de pacto fiscal, sin entrar en detalles, en una política de distensión en la que propone avanzar en el autogobierno.

“Si los independentistas solo hablan de referéndum, es muy difícil avanzar. [Nosotros] lo que estamos dispuestos es a hablar del refuerzo del autogobierno de Cataluña, de dotar de más competencias a un territorio como el catalán”, ha remarcado Sánchez en Rac1. “El independentismo vincula amnistía y referéndum. Ponemos el contador a cero con la amnistía, pero no la memoria. El referéndum es la propuesta de máximos del independentismo, pero desde el punto de vista material no cabe en la Constitución y no resuelve el problema político”, ha reiterado.

Pere Aragones y Pedro Sanchez
Pedro Sánchez y Pere Aragonès se saludan en la galeria gótica del Palau de la Generalitat. Albert Garcia

El presidente del Gobierno ha mostrado su satisfacción por que “se reconozca y rehabilite” a dirigentes políticos como Puigdemont. “Hemos rehabilitado a líderes que han permanecido ajenos a la política”, ha dicho. Sánchez confirmó el martes a los periodistas, durante la copa de Navidad en La Moncloa, que se reunirá con Puigdemont y Oriol Junqueras “varias veces” durante la legislatura para “normalizar” la relación, y ya apuntó a que las citas con el líder de Junts no se producirán hasta que no esté aprobada la amnistía. Un escenario que Sánchez ha confirmado este jueves en público. “Lo lógico es que [el encuentro] sea después de la ley de amnistía, tanto con Puigdemont como con Oriol Junqueras. No tiene por qué ser inmediatamente después de que se publique en el BOE, pero sí, lo razonable es que cuando el poder legislativo vote, se produzcan las reuniones”, ha enfatizado. Ese encuentro, por tanto, no se producirá previsiblemente antes de bien entrada la primavera. Una vez publicada la norma en el BOE, Puigdemont dejará de ser oficialmente un prófugo de la justicia de España, porque la orden nacional de detención decaería (aunque para la ejecución de la amnistía aún habría que esperar a la decisión de los jueces).

Sánchez ha sido tajante en su rechazo a que jueces a los que el independentismo acusa de lawfare o persecución judicial por motivos políticos puedan comparecer en la Cámara baja, como demandan ERC y Junts. “No estamos de acuerdo y no procede que jueces vayan a las comisiones de investigación del Congreso”, ha zanjado, como ya señaló Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, el martes tras el Consejo de Ministros. A lo que sí se ha mostrado abierto es a intentar que el traspaso de Rodalies a la Generalitat se complete en esta legislatura, pese a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró hace unos días que “va para largo” y que podría no cerrarse en estos cuatro años. “Intentaremos que [el traspaso] sea en esta legislatura”, ha dicho, tras asegurar que los trabajos técnicos se van a poner en marcha, aunque ha reconocido que se trata de una labor “compleja”.

El líder socialista se ha mostrado seguro de que los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que el Gobierno espera aprobar en marzo, no corren peligro porque los partidos independentistas no los tumbarán. “Necesitamos estabilidad en esta legislatura, porque la ciudadanía necesita respuestas a sus problemas sobre sanidad, educación, sobre la sequía, sobre el traspaso de Cercanías, cosas que afectan al día a día. [Los independentistas] harán un ejercicio de responsabilidad y estabilidad para el conjunto de los ciudadanos”, ha augurado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión de esta mañana.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión de esta mañana. Albert Garcia

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