El Gobierno rechaza el plan de Junts y ERC de fiscalizar a determinados jueces en el Congreso

La intención de los partidos independentistas de llamar a comparecer en el Congreso a varios jueces a los que acusan de lawfare —guerra judicial al adversario político— ha abierto el primer frente de relieve, y cuyas consecuencias están por verse, entre el Gobierno y sus socios, sin que apenas haya transcurrido un mes desde la reelección de Pedro Sánchez. Todo ello mientras el Ejecutivo se afana en pacificar la guerra con la justicia, con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace más de cinco años y la sensación agravada en La Moncloa de que el sector más conservador del mundo judicial se coordina con el PP en la oposición al Ejecutivo.

El Gobierno se opone a ese plan de Junts y ERC de fiscalizar a los jueces en el Parlamento, un escenario que acrecentaría la tensión entre el poder legislativo y el judicial y del que no escapa el Ejecutivo. ERC quiere negociar con Junts la posibilidad de citar en el Congreso a los jueces a los que Miriam Nogueras, portavoz del partido de Carles Puigdemont, señaló la semana pasada como supuestos responsables de algunos casos de persecución judicial contra el independentismo.

“Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Además, no tendría ninguna utilidad: todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos. Y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar”, sentenció el titular de Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros. Bolaños, que hace unos días llamó a los jueces aludidos por Nogueras para explicarles que el Gobierno rechaza sus ataques, fijó públicamente una posición muy clara que poco después remató el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el corrillo de la habitual copa de Navidad con la prensa. Sánchez descartó de plano que el PSOE vaya a aceptar las peticiones de comparecencias de jueces en las comisiones de investigación pactadas con los independentistas. Si el PSOE se opone, esa idea no podrá prosperar, aunque está por ver qué consecuencias tiene esa decisión en las relaciones con los independentistas.

“Este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad”, apostilló Bolaños, contrario a las comparecencias de magistrados en alguna de las tres comisiones de investigación aprobadas sobre la Operación Cataluña, los atentados del 17-A y el caso Pegasus. Fuentes gubernamentales confirman que el PSOE se opondrá, aunque entienden que no sería necesaria una votación ni siquiera en la Mesa del Congreso. Las fuentes consultadas explican que, aparte de que la ley es clara, el Consejo General del Poder Judicial y los letrados del Congreso podrían elaborar sendos informes en los que argumentasen la imposibilidad de que un juez vinculado al procés tenga que asistir a una comisión. Además, los socialistas entienden que los pactos con Junts y ERC no les obligan a aceptar estas peticiones de comparecencias.

“Las comisiones de investigación en nuestro país están muy claramente reguladas en la Constitución en el artículo 76 y también en la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los jueces y magistrados y en el propio reglamento del Congreso”, remachó Bolaños. El artículo citado de la Ley Fundamental establece que las conclusiones de las comisiones de investigación en las Cortes “no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.

La portavoz de Junts, de la total confianza de Puigdemont hasta el punto de haber acudido a las negociaciones con el PSOE en Bruselas y en Ginebra, incendió a la judicatura española el martes cuando afirmó en el atril del Congreso que “en un país normalizado estos personajes [refiriéndose de forma expresa a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del procés; Pablo Llarena, instructor de la causa; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial] serían cesados y juzgados”. Una estrategia que no fue casual: el mismo día el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, también empleó términos durísimos y puso en cuestión la separación de poderes. El impacto en el mundo de la justicia no se hizo esperar. El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín-Castán, canceló al día siguiente la reunión que tenía agendada con Bolaños, una primera toma de contacto que ambas partes esperan celebrar finalmente el jueves.

Bolaños se ha tenido que emplear a fondo desde entonces para aplacar los ánimos en el poder judicial y reconducir la relación con el Gobierno, que ya de por sí era difícil. El ministro llamó ese mismo día a Marchena, Llarena y Lesmes para asegurarles que el Gobierno defenderá siempre la independencia judicial.

Pero la tormenta no amainó. Vicente Guilarte, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, advirtió ante Bolaños los días posteriores del “choque brutal” que supondría la comparecencia de magistrados “en una sede extravagante”, en alusión a las comisiones de investigación en el Congreso. Con los ánimos muy caldeados, el ministro volvió a insistir el lunes en el mensaje que viene lanzando desde que, la semana pasada, se disparara la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial azuzada por Nogueras. “Este Gobierno defenderá siempre a los jueces”, reiteró en la ceremonia de entrega de los despachos de los nuevos fiscales, ante la presencia de Guilarte y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que remarcó la importancia de la “lealtad institucional”.