El presidente del Poder Judicial afirma ante Bolaños tras los ataques de políticos a los jueces: “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz”

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se ha adelantado este viernes a la posibilidad de que las comisiones de investigación pactadas en el Congreso entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes llamen a comparecer a magitrados, una hipótesis a la que se opone la mayoría del órgano de gobierno de los jueces. “Iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado, necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación”, ha advertido Guilarte. El presidente de Consejo ha pronunciado estas palabras en un acto del CGPJ al que, en primera fila, asistían el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

“Ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna, en una sede extravagante, para justificar su proceder jurisdiccional”, ha sostenido Guilarte, quien también ha reprochado los “frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial”, protagonizados por “representantes de los poderes públicos”. El presidente se ha referido directamente a lo visto el martes “en el Congreso y en el Senado”, una alusión con la que, según fuentes del Consejo, quería señalar tanto el ataque a magistrados del Tribunal Supremo lanzado por la diputada de Junts Míriam Nogueras como las palabras pronunciadas por el senador del PP José Antonio Monago, quien acusó al juez José Ricardo de Prada de ejercer lawfare contra el PP en la sentencia que condenó al partido en el caso Gürtel y precipitó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz”, ha reclamado.

Guilarte intenta en las últimas semanas jugar un papel complejo. En medio del cruce de ataques hacia algunos jueces por parte de diputados y senadores independentistas, pero también del PP, el presidente interino del Consejo intenta compaginar la defensa de la independencia judicial, rebajar la tensión del poder judicial con el ejecutivo y el legislativo y que el Consejo siga comportándose como un órgano de Estado, pese a los cinco años de prórroga del mandato y a que algunos de sus vocales se han lanzado abiertamente a la ofensiva contra el Gobierno y sus pactos con los independentistas. Al final de una semana en la que desde el Parlamento se han dirigido sucesivos ataques a jueces, que obligaron incluso a mediar al ministro de Justicia ante magistrados del Tribunal Supremo señalados en el Congreso, Guilarte aprovechó su discurso en los premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero para dirigir mensajes, algunos muy duros, a todos los actores de esta crisis.

Uno de los asuntos en los que el presidente del Consejo se mostró más crítico es el de las comisiones de investigación pactadas en el Congreso y de las que, según el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, podría derivarse la petición de “responsabilidades” si se concluye que algún juez ejerció lawfare (persecución judicial con fines políticos). El Consejo prevé debatir la semana que viene un informe sobre la “legalidad” de estas comisiones y dar cobertura a los jueces que sean llamados a declarar. De las palabras de Guilarte se deduce que el CGPJ va a rechazar que los jueces acudan a esas comparecencias. La simple citación, supondría, según el presidente del órgano, “un choque brutal entre poderes del Estado”.

La comparecencia de los testigos en las comisiones de investigación parlamentarias es obligatoria, pero el Consejo tiene un largo historial de antecedentes donde se ha denegado esta asistencia. Para ello, el órgano esgrime el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece: “Las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo aviso”. Bajo ese paraguas, el CGPJ ha rechazado la comparecencia de jueces, incluso de algunos que no habían mostrado inconveniente en comparecer, como ocurrió con el magistrado Agustín Carretero, que fue citado en 2016 ante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid porque había sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia bajo la Presidencia popular de Ignacio González. El magistrado solicitó permiso al CGPJ para acudir y este se lo denegó.

Las pautas que marque el Consejo serán claves porque la decisión de si un juez acude o no al Congreso es en última instancia de la comisión permanente del CGPJ, ya que el magistrado debe solicitar a este órgano una comisión de servicios para ausentarse de su juzgado el día que corresponda. En el acuerdo por el que se denegaba la comparecencia de Carretero, el Consejo sostuvo que no se puede pedir la comparecencia de jueces en ejercicio, sea cual sea el motivo; y que, en todo caso, la información necesaria para la comisión se podrá obtener por escrito o en el despacho del juez.

Precedente más cercano

El precedente más cercano de juez citado a testificar ha sido el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas —el encargado del control judicial del CNI— en la comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlament de Cataluña. Lucas fue llamado en dos ocasiones, en ambas contestó rechazando la citación e informó de ello al CGPJ. El Parlament, siguiendo el procedimiento recogido en su reglamento, llevó la negativa del juez a la Fiscalía, pero el ministerio público archivó esta denuncia, como la presentada contra Pedro Sánchez y otros dirigentes políticos que rehusaron comparecer en esa comisión, entre ellos, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo; las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz; o el fiscal general del Estado.

Además de abordar el asunto de las comisiones de investigación, Guilarte ha cargado contra lo que considera una ofensiva de algunos sectores políticos hacia los jueces. “Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes ni con sus silencios”, ha advertido el presidente del Consejo, que ha reprochado la actitud de “representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba”. “Mi llamamiento, una vez más, lo es a diluir la tensión, a aislarnos de la confrontación política y clamar por una adecuada renovación del CGPJ que, es oportuno enfatizarlo, propicie el futuro devenir independiente del próximo Consejo, de forma que pueda destinar íntegramente sus afanes a los fines que le son propios, entre ellos a luchar contra la violencia de género”, ha agregado.

Antes de terminar, ha dirigido también su llamamiento al propio órgano de gobierno de los jueces, donde sus compañeros del sector conservador han salido en tromba contra el Gobierno y sus pactos con los independentistas: “Asumamos también nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo”, ha señalado el presidente del órgano, que advierte que estos episodios tienen un “efecto devastador al minar la confianza de los ciudadanos en la justicia”. Este mismo viernes se ha producido un nuevo ejemplo de estas actitudes que reprocha el presidente del Consejo. El vocal conservador José María Macías, que ejerce del líder del grupo más crítico con el Gobierno, ha difundido su felicitación navideña, en la que, junto a la imagen la de una mujer con los ojos tapados y una balanza en la mano, que representa a la Justicia, ha escrito el siguiente mensaje: “Te ruego, Señor que atiendas esta plegaria y que, en estos tiempos de incertidumbre y misera moral, libres del acoso a los hombres y mujeres que sirven a la Justicia”. Macías asegura que le ha enviado la felicitación a Pedro Sánchez, los ministros Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles y a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.