Los socios del Gobierno debaten mejoras técnicas a la ley de amnistía para blindarla

Costó casi tres meses pactar la ley de amnistía entre todos los aliados del Gobierno, los ocho grupos con 178 escaños que apoyaron su toma en consideración, pero aún siguen las discusiones técnicas para mejorar su redacción y sobre todo blindarla para evitar que puedan echarla atrás el Tribunal Constitucional o la justicia europea, a la que sin duda recurrirán los que se oponen a esta norma. Una vez admitida a trámite por el Congreso, la proposición de ley, que finalmente solo tiene la firma del PSOE, pero cuenta con el respaldo político de otros siete grupos —Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG— está ahora sujeta a enmiendas. Su presentación aún no es inminente, hay plazo hasta el 15 de enero. Pero los grupos ya están teniendo conversaciones en estos días para tratar de pactar “mejoras técnicas”, el término que usan todos, especialmente para evitar que prosperen los recursos contra ella.

Los dos grupos que más claramente están empujando para esos cambios son ERC y Sumar, según fuentes de la negociación, aunque Junts aún se guarda sus cartas. Los dos se fijan en un punto especialmente delicado de la ley: la amnistía para los delitos de terrorismo, siempre que no tengan resultado de muerte o lesiones graves. Es un apartado pensado para amnistiar a los implicados en las causas de los llamados CDR —Comités de Defensa de la República, con una causa en la Audiencia Nacional con 12 procesados por terrorismo— como la del Tsunami Democrátic, en la que el juez Manuel García-Castellón ha implicado tanto a Marta Rovira, secretaria general de ERC, como a Carles Puigdemont, líder de Junts.

El problema que está generando mucho debate entre el PSOE y sus aliados está en el artículo 2.c de la ley, el de las exclusiones de la amnistía. Ahí se dice que quedan fuera de su alcance “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017”.

Algunos grupos creen que esta diferencia entre los delitos con sentencia firme, excluidos de la amnistía por un motivo político básico —una amnistía de un condenado en firme por terrorismo es algo difícil de asumir—, y los que no la tienen, que sí podrían acogerse a la media de gracia —lo que beneficiaría a todos los implicados de CDR y Tsunami, ninguno con condenas ya dictadas— puede ser un problema. Se analiza sí podría colisionar con el principio de igualdad que sanciona la Constitución o la directiva europea contra el terrorismo que cita la propia norma. Y ahí es donde hay abierta una discusión entre los grupos que aún no han logrado encontrar una solución, pero la están buscando.

Los socialistas creen que la norma está bien y es absolutamente constitucional tal como está, como afirmó en el Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Además, están convencidos de que el derecho de la UE, incluida esa directiva citada, no impide en ningún modo amnistiar delitos de terrorismo de forma excepcional, como es el caso. Pero están abiertos a “mejoras técnicas” en este artículo y en otros, siempre que la propuesta que planteen los grupos sea sólida y además cuente con el consenso de todos. Y esta es la parte más difícil políticamente, porque la competencia entre ERC y Junts hace muy complejo que puedan ponerse de acuerdo en una enmienda tan sensible.

En cualquier caso, según fuentes de la negociación, no habrá cambio de fondo de la ley, que está muy cerrada después de decenas de horas de negociación presencial y por videoconferencia. El pacto político que hay detrás de esta norma es sólido y todos los grupos que la apoyan están de acuerdo en el objetivo: que la amnistía sea muy amplia y ningún implicado en el procés vuelva a entrar en la cárcel. Eso sí, siempre que sean personas procesadas por asuntos relacionados con el desafío independentista, y no por corrupción, como la familia Pujol, o por trocear contratos, como la presidenta de Junts, Laura Borràs. Tanto el PSOE como Sumar y ERC rechazan de plano que puedan acogerse a la amnistía.

La discusión tendrá que resolverse en estas semanas. La intención es que la ley salga del Congreso en enero o principios de febrero. El PP la bloqueará en el Senado dos meses, y después, si todo va bien, se aprobaría a finales de abril. Pero aún quedaría el largo camino de los recursos.