El PSOE de Lobato se abre a negociar con Ayuso una compensación económica para los expresidentes que excluya a los condenados

El PSOE de Juan Lobato no tiene ningún interés en que los expresidentes regionales cobren por asesorar al Gobierno, pero estaría dispuesto a negociar con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid que el nuevo estatuto para estos expolíticos que diseñará el Ejecutivo incluya un complemento de pensión o figura similar para reconocer la labor de gobierno de los antiguos dirigentes. Esa buena disposición, sin embargo, tiene dos claras líneas rojas: ni podrían recuperarse los 8.500 euros brutos (5.500 netos) que cobraban al mes hasta la disolución del consejo consultivo, en 2015; ni podrían beneficiarse antiguos presidentes condenados por la justicia, si en algún momento los hubiera (una cláusula diseñada porque Ignacio González está siendo investigado por el caso Lezo de corrupción). La mayoría absoluta del PP servirá para que la Asamblea habilite próximamente al Ejecutivo para diseñar en solitario el nuevo estatuto, pero la polémica que está acompañando a su redacción hace deseable que los conservadores logren el apoyo de parte de la oposición.

“Por nosotros que se queden como están, pero si se hicieran las cosas bien y plantearan dialogar, estaríamos dispuestos a verlo con Ayuso y buscar un punto de equilibrio lógico”, afirma una fuente socialista que cuenta con la confianza de Lobato. “Creo que hay que reconocerles su trabajo a los no condenados por delitos, y tener un tratamiento de respeto puede incluir un complemento de pensión o figura similar”, añade. “Eso no son 8.000 euros al mes”, subraya. “Ni 8.000 euros al mes es lógico, ni lo es que condenados cobren nada”, recalca. Y remata: “Que tengan un estatus con reconocimiento y un complemento en la pensión puede analizarse... Pero si no nos convocan con un mínimo de respeto institucional a trabajar un punto de consenso, no lo vamos a apoyar. No hacen las cosas bien, actuando así por la espalda y a escondidas”.

El nuevo estatuto podría afectar a un expresidente socialista, Joaquín Leguina, y a cinco exdirigentes conservadores, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, y Ángel Garrido.

Sin embargo, no es descartable que el equipo de Ayuso introduzca una cláusula que deje fuera del estatuto a González y Garrido: en el 40º aniversario de la Asamblea regional, el PP solo programó las intervenciones de los presidentes que habían encabezado su lista electoral, dejando sin voz a los dos que habían llegado al poder por la dimisión de sus predecesores. Una limitación que, de llevarse a cabo, podría acabar recurrida en los tribunales, según una fuente consultada por este diario.

Del mismo modo, fuentes conocedoras de los trabajos afirman que hay voces que aconsejan establecer un tiempo mínimo de ejercicio en el cargo para acogerse a los beneficios del estatuto, bajo el argumento de la experiencia, que podría afectar a Cifuentes, que apenas estuvo dos años al frente de la Comunidad de Madrid antes de dimitir por el caso Máster.

Finalmente, el nuevo estatuto redactado por Ayuso afectaría a la propia presidenta, salvo que se introduzca una cláusula en sentido contrario. De lo que no hay ninguna duda es de que Aguirre y Leguina consideran justificado recibir una compensación económica si actúan como asesores del Ejecutivo regional, tal y como afirmaron en una conversación con EL PAÍS.

“Yo puse que los expresidentes tuvieran lo mismo que los miembros del consejo consultivo”, dijo Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, sobre aquel organismo, que costó más de 3,5 millones de euros en 2014, último año completo de funcionamiento. “Lo que me gustaría a mí es que pongan otra vez el consejo consultivo y que se aproveche la experiencia de unas personas como Leguina, que ha estado 12 años [en el poder], [Alberto Ruiz] Gallardón, que ha tenido todas las experiencias, y yo misma”, siguió, sin mencionar en su lista a los expresidentes Cristina Cifuentes (2015-2018), Ignacio González (2012-2015) y Ángel Garrido (2018-2019). “Y si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes”, argumentó.

En el mismo sentido se expresó Leguina, presidente entre 1983 y 1995. “Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer”, explicó, aunque puntualizó que él no tiene especial interés en ello. “Si estás trabajando, debes cobrar, creo yo”, añadió, asegurando que el extinto consejo consultivo funcionaba bien. “Se hacían las cosas como es debido, con absoluta independencia”.

Sin embargo, no es ese el caso de Más Madrid, ni previsiblemente de Vox, que siempre se ha opuesto al gasto en políticos. Así, la formación que lidera la oposición a Ayuso propone cambiar un hipotético sueldo vitalicio por otro que los expresidentes reciban al dejar el cargo que suponga el 75% de su remuneración “durante dos años como máximo con un exigente régimen de incompatibilidades”, según ha explicado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot. “Se trata de acabar con los privilegios y reducir la distancia entre el gobierno y la ciudadanía. Salvo que Ayuso solo piense en solucionar su vida y no la de los madrileños y madrileñas, aceptará nuestra propuesta”.

Múltiples interlocutores del Gobierno aseguran que aún no se ha comenzado a redactar el estatuto, puesto que la Asamblea todavía no ha aprobado la reforma legal que habilitará al Ejecutivo para hacerlo. Pero ya ha habido conversaciones con alguno de los expresidentes. Y ahora el PSOE ofrece alcanzar un acuerdo.

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