Los expresidentes de la Comunidad de Madrid deberían recibir una compensación económica si el estatuto para exlíderes regionales que está diseñando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso incluye que desempeñen labores de asesoramiento. Así opinan dos de los antiguos dirigentes de la región, Esperanza Aguirre (PP) y Joaquín Leguina (PSOE), en conversación con EL PAÍS. Aunque una fuente gubernamental de la máxima confianza de Díaz Ayuso llegó a asegurar que los expresidentes no tendrían “ni sueldo, ni oficina, ni coche”, el contenido del proyecto dependerá enteramente de la baronesa cuando la Asamblea regional apruebe una reforma legal que habilitará a su consejo de gobierno para diseñarlo como considere. La oposición da por descontado que el estatuto irá más allá de fijar simplemente una distinción protocolaria para los expresidentes, e incluirá una compensación económica, pues hay un precedente: en el antiguo consejo consultivo de Madrid, que eliminó en 2015 Cristina Cifuentes, cobraban 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), y tenían coche oficial y un asistente. Lo que decida hacer ahora Díaz Ayuso le afectará a ella misma cuando deje el poder, salvo que incluya alguna excepción.

“Yo puse que los expresidentes tuvieran lo mismo que los miembros del consejo consultivo”, dice Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, sobre aquel organismo, que costó más de 3,5 millones de euros en 2014, último año completo de funcionamiento. “Lo que me gustaría a mi es que pongan otra vez el consejo consultivo y que se aproveche la experiencia de unas personas como Leguina, que ha estado 12 años [en el poder], [Alberto Ruiz] Gallardón, que ha tenido todas las experiencias, y yo misma”, sigue, sin mencionar en su lista a los expresidentes Cristina Cifuentes (2015-2018), Ignacio González (2012-2015) y Ángel Garrido (2018-2019). “Y si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes”, argumenta.

En el mismo sentido se expresa Leguina, presidente entre 1983 y 1995. “Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer”, explica, aunque puntualiza que él no tiene especial interés en ello. “Si estás trabajando, debes de cobrar, creo yo”, añade, asegurando que el extinto consejo consultivo funcionaba bien. “Se hacían las cosas como es debido, con absoluta independencia”.

El PP asegura que la Comunidad de Madrid es la única región que carece de estatuto para sus expresidentes, junto con Cantabria. En Canarias y en el País Vasco existe el concepto de indemnización por cese, que equivale a solo un mes de sueldo. Más común es tener derecho a una asignación durante meses o años tras el cese. En Andalucía, los expresidentes, exvicepresidentes y exconsejeros cobran un 80% de su sueldo durante tantos meses como hubieran estado en su cargo, con un límite de dos años. En Cataluña, los expresidentes cobran el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo de su mandato y, como mínimo, durante cuatro años. En Navarra, igual, pero con un máximo de dos años. Ese mismo límite se establece para los exmandatarios de Galicia, que perciben el 60% de su salario.

Otro beneficio es un suplemento a las pensiones, que en Cataluña es del 60% del sueldo y es heredable por la viuda o los huérfanos (50% en esos casos), y también es del 50% en el País Vasco.

Tanto en Galicia como en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, y Castilla y León los expresidentes son considerados consejeros natos del consejo consultivo de su comunidad, con sueldos entre los 65.000 y los 85.000 euros.

Más frecuente es que los expresidentes cuenten con una oficina, con personal de apoyo a su cargo o con vehículo oficial, además de escoltas en muchos casos.

Expresidentes vetados y exconsejeros

¿Qué planea hacer Díaz Ayuso? “En estos momentos, no hay ni proyecto”, asegura una fuente de la confianza de la presidenta, que ya empieza a sufrir el desgaste de un plan impopular, que la oposición, encabezada por Más Madrid, le echa en cara pleno sí, pleno también. “Solo una habilitación para que alguien empiece a tener una idea. Depende de la consejería de Presidencia”, recuerda. “La idea es que no haya sueldos, mucho menos vitalicios”.

Pero el proyecto, que se impulsa justo cuando el PP ya no depende de Vox, contrario a este tipo de organismos, tiene más aristas que la simplemente pecuniairia.

Tras vetar la presencia de los expresidentes Ignacio González y Ángel Garrido en el aniversario de la Asamblea, con el argumento de que no encabezaron las listas electorales que permitieron al PP gobernar, es previsible que esa distinción se extienda al estatuto de expresidentes, para dejarles fuera de cualquier beneficio. De la misma manera, hay quien aconseja al Ejecutivo, según pudo constatar este diario, que se establezca un mínimo de tiempo en ejercicio en el poder para beneficiarse del estatuto, en tanto que criterio de experiencia, lo que podría afectar a Cifuentes, que apenas fue presidenta durante tres años (dimitió en 2018 por el caso máster). Finalmente, en el PP se evalúa si la nueva normativa, que incluiría como mínimo un tratamiento protocolario especial para los afectados, debería incluir también a los exconsejeros.

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