Cifuentes eliminará el Consejo Consultivo forzada por Ciudadanos

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se comprometió hoy, forzada por Ciudadanos, a eliminar el Consejo Consultivo, organismo que Esperanza Aguirre creó en 2007 y cuya función consiste en emitir dictámenes para el Ejecutivo autónomo. Uno de los aspectos más polémicos del Consejo es que reserva puestos vitalicios a los expresidentes regionales. Joaquín Leguina, presidente de Madrid entre 1983 y 1995 por el PSOE, y Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que relevó a Leguina y desempeñó el cargo hasta 2003, ocupan dos de los diez asientos de la institución, con un sueldo de 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), coche oficial y un asistente. Aguirre renunció a su asiento.

La propuesta original de Ciudadanos era “despolitizar” el Consejo Consultivo y que fuera “un órgano estrictamente técnico”, no suprimirlo, como le planteó el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a Aguado la semana pasada. Podemos, liderado por José Manuel López, lo ve como un ejemplo del “derroche” del dinero público.

Ciudadanos no iba tan lejos en el pacto por la regeneración que Cifuentes ha tenido que aceptar para poder iniciar, la semana que viene, el segundo bloque de las negociaciones con ese partido, sobre el programa económico y social con vistas a los presupuestos de 2016. Pero el candidato regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, incluyó hoy esa condición, tras suavizar el apartado que regulaba la celebración de primarias para elegir a los candidatos de los partidos políticos (el PP es el único que no las realiza).

Madrid fue la última comunidad en crear su Consejo Consultivo, el más caro de todos, con un presupuesto de 4,3 millones anuales. Salvo Cantabria, todas las regiones cuentan con su versión autonómica del Consejo de Estado, que se supone que a partir de ahora asumirá las tareas del Consejo de Madrid. Ocho de los 10 componentes del Consejo Consultivo, que se reúne una vez por semana, por lo general los miércoles, están vinculados al PP y dos al PSOE.

Gallardón ingresó en el Consejo en septiembre de 2014. Lo hizo menos de 48 horas después de dimitir como ministro de Justicia, diputado nacional y miembro del comité ejecutivo nacional del PP, tras quedarse solo en su defensa de la polémica reforma de la ley del aborto. El cargo que ostenta Gallardón es el de consejero permanente de la institución, como Leguina. El artículo 7 de la Ley 6/2007, que regula el organismo, establece que los expresidentes autonómicos “podrán solicitar su incorporación al Consejo Consultivo en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad”. El puesto, permanente, está remunerado con unos 87.000 euros brutos anuales.

Tras Gallardón, Ignacio Astarloa, presidente del organismo y secretario de Estado de Seguridad con José María Aznar, es el otro cargo popular de más renombre. Además de Leguina, Pedro Sabando, consejero regional de Sanidad entre 1987 y 1995, es el otro representante del PSOE.

La memoria del Consejo establece que en 2013 emitió más de 650 dictámenes. Las autoridades regionales que pueden consultarlo son el presidente de la Comunidad, el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros; los alcaldes de los 179 Ayuntamientos madrileños; los rectores de las seis universidades públicas que hay en la región, y los presidentes de organismos autónomos y de entidades de derecho público regionales, así como decanos de colegios profesionales regionales.

El PP y el PSOE coincidieron el pasado octubre en su defensa del Consejo Consultivo en el Parlamento regional frente a IU y UPyD, que exigió su supresión en el plazo de un mes. De los 118 diputados presentes (faltaron 11), 20 votaron a favor de su desaparición y 98 en contra.

Las contradicciones del PSOE de Tomás Gómez salieron a relucir en aquella votación, donde hubo muchos partidarios de sumarse a la propuesta de UPyD secundada por IU.

El PP, que hasta hoy siempre ha defendido la existencia del Consejo, explotó la división que provocaba en las filas del PSOE. “Los expresidentes son útiles y no son floreros chinos”, esgrimió el portavoz popular y actual número dos de Aguirre en la capital, Íñigo Henríquez de Luna, que pidió a los socialistas que se aclarasen. Ahora Cifuentes será quien dé el golpe de gracia a una institución cuyo sentido ya ningún partido defiende.