El proyecto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para financiar con dinero público estudios no obligatorios en colegios privados ha resultado en que 2.761 alumnos de 50 centros que segregan a sus estudiantes en función del sexo hayan recibido 6,91 millones de euros para asistir a Bachillerato este curso 2023-2024. Así lo muestran los datos del Ejecutivo regional, obtenidos en aplicación de la ley de transparencia, y que también reflejan que casi el 40% de los bachilleres alistados a estos cursos preuniversitarios en centros privados de cualquier tipo (segregados o no) obtuvieron una ayuda pública anual de entre 2.000 y 3.750 euros por cabeza. Ese balance de 16.809 beneficiados exprimió el presupuesto de esta partida (43 millones), pero solo fotografía una parte del polémico sistema de becas diseñado por el Ejecutivo regional. Aún falta por conocer la ejecución de los programas para financiar con dinero público los cursos en centros privados de Educación Infantil, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior, que han contado con un presupuesto total de más de 83,6 millones para este curso (para un total de 127 si se incluye el Bachillerato).

“Estas becas las reciben las familias, no los centros, y para su concesión se prioriza a los estudiantes con menos recursos económicos”, afirma un portavoz gubernamental. “En cuanto al tipo de centros en los que estudian los alumnos beneficiarios, desde la Comunidad de Madrid se garantiza la libertad de elección de las familias para escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, algo que además recoge la Constitución española en su artículo 27″.

Una argumentación que impugna la oposición de izquierdas, movilizada desde hace meses en contra de gastar dinero público en estudios no obligatorios en centros privados.

“Ya avisamos de que con las becas cayetanas se iba a financiar a las familias más ricas para estudiar en colegios privados, ahora conocemos que además de financiar con dinero público la segregación de los más ricos también estamos financiando la segregación por sexos”, critica María Pastor, que es la portavoz de educación de Más Madrid en la Asamblea. “Esas, precisamente, son dos cuestiones que la educación pública tiene que combatir y que tiene que mitigar”, reclama frente a unos datos que muestran que han sido beneficiados alumnos de Bachillerato de 19 centros privados puros y de 31 privados concertados que diferencia entre niños y niñas. “Estas becas son un despropósito absoluto que luchan contra la igualdad de oportunidades en la Comunidad de Madrid y que lastran el futuro de nuestra región”.

Una línea beligerante que también mantiene el PSOE de Juan Lobato. “En Madrid se apuesta por la privada no concertada y el copago”, critica Esteban Álvarez, portavoz de educación del grupo parlamentario socialista. “Hay que tener en cuenta que la privada escolariza al 44% del alumnado de Bachillerato, y que de ellos 7.000 ya van a la privada concertada, en donde no puede haber segregación por sexo”, explica. “En Madrid hay suficiente número de colegios del OPUS y de otras órdenes [religiosas] que segregan por sexo para que den esos números: 2.700 [becados]”.

Todo empezó en 2022, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió flexibilizar el criterio de renta familiar con el que se restringía el acceso a las becas que concede para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres etapas educativas no obligatorias. Como resultado, desde entonces pueden optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional (FP), o de 75.000 para los de Educación Infantil. Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también pueden pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

De esta manera, Madrid se convirtió en la única región de España que ofrece este tipo de becas a rentas altas, sin criterio de notas para su otorgamiento, y solo en centros privados. Y no solo eso. El incremento del presupuesto para becas en centros privados llevó a que el 60% del dinero para ayudas para estudiar de la región se concentrara en estos estudiantes de colegios privados, quedando el 40% restante para facilitar el acceso a libros, transporte y comida de 540.000 alumnos que se reparten entre la pública y la privada concertada.

La polémica consecuente no ha frenado al Ejecutivo. Todo lo contrario. Aunque en un principio el Gobierno se abrió a introducir el criterio de la excelencia académica para conceder las ayudas, hasta ahora no lo ha hecho. En paralelo, ha presumido de aumentar la dotación para esta partida en el proyecto de Presupuestos para 2024, que se aprobará previsiblemente este diciembre en la Asamblea regional. Y, como demuestra la ejecución del programa, no se ha dejado de financiar a las escuelas que diferencian a sus alumnos en función del sexo: entre los estudiantes becados son clara mayoría los que acuden a centros con un modelo mixto diferenciado (hay niños y niñas, pero en clases separadas), pero también figuran los alistados en escuelas exclusivamente masculinas (146 estudiantes) y exclusivamente femeninas (138).

Maniobra legal

Esta no es la única fórmula con la que el Gobierno de Díaz Ayuso favorece la educación segregada en la región. Así, una maniobra legal del Ejecutivo autonómico permitirá a los colegios privados concertados que segregan por sexo seguir recibiendo dinero público hasta 2027 en la Comunidad de Madrid, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala que los centros que diferencian niños de niñas no sean financiados por la Administración. ¿En qué consiste esa maniobra? El Gobierno regional (PP) aprobó en 2021 un decreto que extendía de seis a diez años los conciertos ya vigentes en cualquier tipo de centro (tanto de educación diferenciada como mixta) para así neutralizar antes de su entrada en vigor la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central (entonces formado por PSOE y Podemos).

Esa decisión permite ahora que 11 colegios que segregan alumnos reciban alrededor de 36 millones de euros anuales de aquí hasta el curso 2026-2027, aumentando la factura de 500 millones recibidos desde el curso 2011-2012, según datos oficiales. Sin el decreto de Ayuso, esos conciertos habrían acabado al final del presente curso 2022-2023, por lo que los colegios que segregan no habrían podido renovar su financiación pública. Un corte de ingresos que se retrasa al menos tres cursos, pues la sentencia del Constitucional no suspende los conciertos vigentes, sino que impide renovarlos.

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