La oposición en Cataluña se lanza a desgastar a Aragonès por el flanco de la gestión

La política es un punto de vista. Donde el Govern de Esquerra ve una obra de gobierno de tal impacto que cimienta la posibilidad de revalidar el liderazgo en la Generalitat, la oposición encuentra la carta perfecta para vender que no es deseable la reelección de Pere Aragonès como president. Mostrar al Ejecutivo como inexperto en la Administración, incapaz de gestionar el día a día o “las grandes revoluciones”, parece ser la piedra angular de una campaña de desgaste que ya marca el camino a los comicios autonómicos que deberían ser en febrero de 2025. Frentes como la respuesta a la sequía, que ya dura 36 meses, o el peor descalabro en las pruebas PISA en dos décadas son dos de los terrenos en los que especialmente PSC y Junts e incluso los comunes no piensan dar tregua. El jefe de la oposición y primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha urgido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar la mesa de partidos para abordar “los problemas concretos” de la ciudadanía de Cataluña, como la escasez de agua, la educación, las energías renovables o la sanidad.

La franca minoría de ERC en el Parlament (33 escaños de 135) ha marcado su aventura en solitario tras la salida de Junts del Govern. El avance a nivel legislativo corre muchos riesgos, pero aún le queda el recurso de centrarse en la gestión, incluso prorrogando las cuentas y desplegando su labor en los departamentos. Pero el foco estará en otro sitio este año. Salvador Illa, el líder del PSC al que las encuestas dan por favorito y al que el último CIS catalán abre las puertas de la Generalitat ante el desmoronamiento de la mayoría independentista, sintetizó, el pasado 6 de diciembre, un diagnóstico de Cataluña que perfectamente podría ser el briefing de una campaña. Alertó de una comunidad “sin agua, a oscuras y los niños no saben leer, escribir ni sumar”. En una entrevista a Efe, Illa abundó en la misma idea este domingo, criticando que en los últimos años se haya hablado “mucho de referéndums, de autodeterminación y de independencia”, pero “demasiado poco” del resto de cuestiones, lo que, a su juicio, ha hecho que Cataluña esté “a la cola” en renovables, educación o sin inversiones recientes en infraestructuras para combatir la sequía.

Para ERC, la llegada a la presidencia de Cataluña implicó no solo alcanzar su máxima cuota de poder en democracia, sino también tener una vitrina única para la “gobernanza republicana”. Una de las reflexiones tras la turbulenta intentona unilateral de 2017 que hicieron los republicanos es que para ensanchar la base independentista es indispensable que la gestión no solo sea impecable y haga verosímil la posibilidad de gobernar un Estado. También tenía que notarse una diferencia con la alternancia entre PSC y el espacio convergente, ERC quería establecer una nueva hegemonía cultural tras 32 años de dominio sociovergente.

No extraña por eso que uno de los primeros cambios que los republicanos promovieron al llegar a la máquina central de la Generalitat fue nombrar una portavoz del Govern. No era una figura nueva, pero la legislatura anterior, además de la tensa gestión de la pandemia, la caracterizó el constante ruido entre los socios del Govern. No fueron pocas las peleas que tenían como origen las declaraciones de la entonces portavoz Meritxell Budó y en ERC pensaron que recuperando a una portavoz profesional se mermarían los decibelios de la friega y el foco recaería en la gestión.

El encarrilamiento del conflicto político en Cataluña vino con un cambio de prioridades informativas y, justamente, la merma del ruido de todo lo relativo al procés llevó a que viejos nuevos problemas de la gestión diaria fueran más sonoros o, al menos, se les devolviera la visibilidad y espacio que deberían tener. Ahí están grandes errores como el fiasco por el caos operativo de las oposiciones para la Generalitat de marzo pasado o el retraso por un curso de la ayuda de 100 euros por hijo escolarizado por un error de diseño (se cobraba por deducciones en la declaración de la renta, que no sirve porque excluye precisamente a las familias más vulnerables).

Ha sido carne de oposición señalar esas falencias de la intendencia de la casa. Pero también, con ERC en el gobierno desde 2016, el objetivo de la crítica se centra en asuntos de peso como la sequía, donde está por verse la gestión de la peor parte de las restricciones a partir de enero, o el descalabro en PISA, que muestra casi una década perdida en términos de calidad educativa. Y es en ese largo alcance donde el terreno fértil para intentar evitar un Aragonès II está más abonado.

El Govern saca pecho de que gracias a su plan de respuesta a la sequía se ha podido alargar el tiempo sin restringir el consumo en hogares. Pero, con Junts fuera del Ejecutivo, tiene que enfrentarse en solitario a justificar el retraso en grandes infraestructuras planificadas a raíz de la sequía de 2008 y que habrían permitido aminorar el impacto de 36 meses sin lluvias en las cuencas internas. Los socialistas muestran sus cartas ya en este tema: denunciar esa falta de previsión y ponerse la medalla de, vía presupuestos, lograr que se avanzara en algunos puntos.

Más duro será el intentar neutralizar la bomba atómica que ha implicado el descalabro de PISA. ERC ostenta desde 2018 el liderazgo de la política educativa y siempre se preció de ser “el partido de los maestros”. La gestión comunicativa de los peores resultados desde que hace 23 años los estudiantes de ESO se someten a las pruebas específicas de matemáticas, comprensión lectora y ciencias ha sido muy cuestionable, con la consejera Anna Simó desaparecida (comparece el lunes) y la rectificación de achacar primero la culpa a la sobrerrepresentación de estudiantado inmigrante en la muestra y después apuntar a la pobreza infantil y segregación escolar.

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