Puigdemont, ante el pragmatismo o la voladura de puentes en la negociación de investidura

Cuando el día de la resaca del 23-J, el número dos de Junts, Jordi Turull, dejó una pequeña ventana para negociar la investidura, el exvicepresidente Pablo Iglesias no tardó en ofrecer su receta: si él fuera Pedro Sánchez, enviaría a negociar de inmediato a Waterloo al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Apretones de mano, misivas definitorias y teléfonos rojos son la versión más idílica de las búsquedas de pactos, pero la realidad deja claro que hay un proceso menos impulsivo, que reclama cocinar los acuerdos a fuego lento y buenos interlocutores. Varias fuentes de Junts aseguran que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, consciente de la dificultad que implica que este partido ponga al propio Carles Puigdemont bajo los focos, sondea entre sus filas a la búsqueda de un interlocutor para negociar las condiciones del apoyo de Junts a la investidura. Fuentes del Gobierno en funciones aseguran que no tienen información que dar al respecto: “En estos temas vamos a ser absolutamente discretos”.

Una de las vías de aproximación estaría en el alma más posibilista del partido heredero de la extinta Convergència, y que podría ubicarse dentro del bloque que votó en contra de salir del Govern, hace ya casi un año. Pero esa sensibilidad carece de un liderazgo claro, pese a que en diferentes momentos se le haya puesto cara a través de los exconsejeros Jaume Giró, Victòria Alsina o incluso Josep Rull. Asumir en su día ese posicionamiento hizo que muchos de esos nombres del partido hayan sido expulsados del círculo político más próximo de Puigdemont. Nadie se atreve a llevarle la contraria y menos aún, en un momento que Junts tiene la clave, los votos para investir a Sánchez, que le permita intentar avanzar en sus ideas para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el resto de España. Un planteamiento que no tiene que ser de máximos, pero donde, explican en el bloque posibilista, se equivocan quienes creen que todo se reduce a mejoras en la financiación o las infraestructuras, tal y como se ha advertido también desde las filas de Esquerra.

Tras el 23-J, Puigdemont se ha erigido como la puerta a la que hay que llamar para lograr el sí de Junts a la investidura de Sánchez, en una apuesta por reivindicar también su figura y su planteamiento secesionista. El expresident es un prófugo particular, con paradero público y notorio: reside en la llamada Casa de la República de Waterloo y su despacho está en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. En resumen, como proponía Iglesias, quien quiera contactarlo sabe dónde está. Esa infinidad de vías para contactarlo, de hecho, es también un riesgo. Desde un primer momento eso lo vislumbró la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien designó al exdiputado Jaume Asens como su interlocutor para evitar polifonías y asegurar, al menos sobre el papel, que haya un solo canal oficial.

Ya cuando era alcalde de Girona, Puigdemont no era un político convergente al uso. Algunas voces de excolaboradores y personal de su entorno explican que no rehúye al diálogo pero certifican que lleva mal la imposición por parte de la contraparte y que, dentro de los suyos, se le lleve abiertamente la contraria. De ahí que, pese a las esperanzas puestas por La Moncloa en el papel de Turull, en el alma más pragmática de Junts creen que hay poco margen en esa vía. Hasta ahora, el exconsejero de la Presidencia e indultado tras el juicio al procés se ha alineado con los deseos de quien fuera su jefe en el Govern o, al menos, ha optado por silenciar su posicionamiento en pos de la unidad del partido. La última vez que se evidenció ese cierre de filas fue en la votación sobre la ruptura de la coalición con ERC en el Ejecutivo de la Generalitat. El relevo de Jordi Sànchez por Turull se debió, en parte, por cierta libertad que se arrogó del exlíder de la Assemblea Nacional Catalana para tomar decisiones sobre la formación sin contar del todo con la aprobación del presidente del partido en Bruselas.

En los momentos previos a la declaración del artículo 155, el 27 de octubre de 2017, Puigdemont y el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagonizaron un agónico y fallido intento de encauzar la situación que terminó con la intervención de la autonomía y la huida de algunos exconsejeros a Bélgica junto al expresident. A través de sus jefes de gabinete —Josep Rius, actual vicepresidente y portavoz de Junts, y Jorge Moragas, en este momento embajador de España en Tanzania—, ambos mandatarios intercambiaron mensajes tras la celebración del referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. El entonces president, en el último momento, quiso saber si un adelanto electoral frenaría el 155 y, según recuerda en un libro, no hubo respuesta. En esa negociación intentó mediar el lehendakari Iñigo Urkullu, que desde junio de ese mismo año se dedicó a acercar posiciones para evitar el choque de trenes. Durante el juicio al procés incluso aseguró que el entonces líder de la Generalitat tenía más ganas de diálogo que Rajoy, pese a que fuera el expresident el que finalmente no frenó ante las presiones de ERC por ir hasta el final.

Primer nombre en la lista

Esa hemeroteca, por tanto, pondría a Rius como un posible primer nombre en la lista de cara a contactar con Puigdemont. Pero el portavoz tampoco ha dejado nunca a su exjefe solo. “El ciudadano cada vez premia más la coherencia de lo que se ha dicho en campaña y lo que después se hace”, aseguró la semana pasada a este diario, siguiendo una línea argumental que también defiende la presidenta de Junts, Laura Borràs. En esta situación como en la de la salida del Govern, la agenda del expresident y la de la líder del partido concuerdan pese a que discrepen en otras cosas. Otros escuderos como el diputado Albert Batet o el exsenador Josep Maria Matamala también suelen ser puertas de acceso al eurodiputado.

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, insiste en enviar mensajes a Junts sobre las “consecuencias nefastas” que tendría una repetición electoral tanto para Cataluña como para el independentismo por el peso que podría ganar la derecha y la extrema derecha. Que ese tipo de llamamiento acerque más a Puigdemont es harto improbable, cuando él mismo este miércoles dejó claro en Twitter que sentencias judiciales que enmiendan el modelo de escuela en catalán —una nueva resolución judicial afecta a un centro de Girona y le obliga a dar una clase más troncal en castellano— demuestran que ya hay una “derecha judicial” fuera de control. “¿Qué han hecho para respetar la política lingüística aprobada y consensuada con la mayoría de los catalanes?”, dijo en referencia al PSOE.

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