PSC, ERC, Junts y los comunes acuerdan un cambio legal para garantizar el catalán y el castellano en la escuela

Acuerdo político de calado en el Parlamento de Cataluña para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998, garantizar un mayor equilibrio del catalán y del castellano en la escuela, pero que evita fijar cuotas de presencia de cada una de las dos lenguas en los términos que ha dictado la justicia. El Partit dels Socialistes-Units, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y los comunes (106 de 135 escaños) han acordado cambiar ese texto legal para puntualizar que el catalán sigue siendo la lengua vehicular en la escuela, pero introduciendo la idea que el castellano también debe tener una presencia en los términos que fije el proyecto lingüístico que elaborará cada uno de los centros. La ley, hasta ahora, no hacía una referencia clara sobre el castellano. El acuerdo ha provocado una fisura en el seno de Junts, que este jueves por la noche ha llamado a lograr mayores consensos antes de llevar adelante la modificación legal, lo que puede dejar en el aire el pacto a cuatro.

Con el cambio normativo los firmantes intentan evitar que sea la justicia la que fije la cuota de asignaturas en castellano que deben impartirse en las escuelas catalanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya establecido para todos los centros un mínimo del 25%. Los representantes de los partidos que registraron conjuntamente la propuesta de texto (que posiblemente se apruebe por vía de urgencia durante el mes de abril) compartieron la idea de que el catalán seguirá siendo “el centro de gravedad” de la enseñanza. Y aunque son conscientes de que no frenará la sentencia del TJSC, creen que la tramitación puede ser un argumento que la Generalitat dé cuando el tribunal le pregunte si ha hecho algo para aplicar su mandato.

El texto vigente establece que el catalán “se ha de utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria”. No tiene una referencia expresa al castellano. La propuesta de reforma sí la incluye. El redactado es el siguiente: “El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. También se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”.

La modificación de la ley añade que la enseñanza de las lenguas oficiales y en lenguas oficiales “tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro para garantizar el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al final de la enseñanza obligatoria”. De esta forma, el acuerdo evita calificar de manera explícita al castellano como lengua “vehicular” como han pedido en reiteradas ocasiones entidades y partidos partidarios del bilingüismo escolar, pero la redacción es lo suficientemente elástica como para también encajar esa lectura de manera implícita.

Este cambio legal, junto al desarrollo normativo de la ley catalana de educación vía decreto, buscan fortalecer la autonomía de los centros educativos para decidir, en virtud de su realidad social y lingüística, cuál debe ser la proporción de cada uno de los idiomas. Se trataría de un modelo flexible de inmersión. Por ejemplo, en sitios con un gran peso de castellanoparlantes, el acento se pondría en el catalán y viceversa. El texto vigente habla de una “presencia adecuada” de ambas lenguas y los partidos firmantes apuestan ahora por que la decisión sobre el peso de cada una se decida “de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas”.

El preámbulo de la modificación legal explica las motivaciones que han llevado a los partidos a alcanzar este acuerdo. En primer lugar, se refiere a los flujos migratorios de los últimos años, “que han cambiado sustancialmente la composición de los centros educativos” por la gran diversidad lingüística existente. En segundo lugar, se alude a la renovación pedagógica forzada por los cambios sociales y tecnológicos. “Todo ello hace necesaria la adaptación puntual del régimen lingüístico general relativo a la enseñanza no universitaria que constituye el marco del proyecto educativo de los centros para lograr la finalidad estatutaria y legalmente establecida del dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales por parte del alumnado”.

La CUP ha criticado el acuerdo alcanzado entre los grupos, más allá de la dinámica de bloques que ha dominado la política catalana durante el procés. Para los anticapitalistas, se trata de un torpedo contra el modelo de inmersión lingüística. De ahí que hayan presentado su propia proposición de ley para cambiar la norma de educación catalana. Ciudadanos, por su parte, cree que es necesaria una “refundación completa”, aunque no ha entrado a detallar el texto.

Pero las críticas más duras contra el acuerdo también han llegado desde el entorno de uno de los partidos firmantes: Junts. El expresidente Quim Torra se ha desmarcado del pacto porque considera que hunde la inmersión lingüística en catalán. “No en mi nombre”, ha tuiteado. Lo mismo han hecho opinadores y cargos intermedios del partido. Especialmente relevante es lo que ha dicho el Consell per la República, la entidad independentista que controla el expresidente Carles Puigdemont desde Bélgica. Sin rechazar explícitamente el pacto sí ha insistido en que el catalán debe ser la única lengua vehicular en la educación. Posteriormente, Junts ha reaccionado mediante un comunicado en el que llama a lograr mayores consensos para llevar adelante la modificación de la ley, con lo que podría dejar congelada su adhesión inicial. “Desde hoy mismo, nos ponemos a trabajar con estas entidades para construir este nuevo consenso, indispensable para avanzar en la tramitación de la proposición parlamentaria”.

Este viernes acaba el plazo que el TSJC dio a la Generalitat para implantar la sentencia por la que todos los centros tienen que utilizar el castellano en al menos un 25% de sus clases, sea cual sea el ámbito geográfico y social en el que estén implantadas. Esta sentencia provocó las quejas del Gobierno catalán, de buena parte de la comunidad educativa y de los principales sindicatos, que consideran que acaba con el modelo de inmersión lingüística y con el principio de que deben ser los centros quien decidan sobre su proyecto lingüístico. Además, el independentismo defiende que el catalán tiene que ser la única lengua vehicular.