La Generalitat agotará el plazo de la sentencia del 25% de clases en castellano sin aclarar cómo la cumplirá
El Govern trabaja en un decreto con el que espera blindar los proyectos lingüísticos de los centros educativos
Este viernes se cumple el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Generalitat ejecute la sentencia que le obliga a dictar un 25% de clases en castellano. Pero el Gobierno catalán sigue sin aclarar cómo la cumplirá. El titular de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado este martes, tras la reunión semanal del Govern, que se abrirá un proceso participativo para redactar un decreto que desarrolle la Ley de Educación de Cataluña y se pueda dar “blindaje legal” a los proyectos educativos de los centros, que son los que, según la norma catalana, determinan la proporción de uso de las lenguas de acuerdo a la realidad sociocultural. El consejero ha evitado entrar en hablar de los porcentajes dictados por la justicia y ha dicho que el objetivo es que a final de 4º de ESO los alumnos sean competentes tanto en castellano como en catalán.
La decisión de hacer esta reforma legal llega a cuatro días de que se cumpla el plazo dado por el TSJC después de que, el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo dejara en firme una sentencia previa. Si el Gobierno central no solicita la ejecución de la sentencia, lo puede hacer otro afectado, pero el Tribunal tiene que validar su idoneidad para pedirlo. Este proceso irá en paralelo con la tramitación del decreto, que comenzará este martes con una consulta pública. La Generalitat gana así tiempo (la tramitación será un año, como mínimo) aunque sigue sin explicar si tras ese nuevo decreto, por ejemplo, en alguna escuela de Cataluña se pueda impartir menos de 25% de horas de castellano como ha fijado la justicia.
La reforma legal busca determinar y salvaguardar el régimen lingüístico en las escuelas para protegerlo de “injerencias graves de una sentencia retrógrada y antipedagógica”, según el consejero. Pese a que el viernes se cumple el término dado por el TSJC, González-Cambray ha dicho que los centros “no tienen que modificar sus proyectos lingüísticos” y ha insistido en que se trata de un tema de pedagogía, no de porcentajes de las lenguas. La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ya ha manifestado su deseo de presentar un incidente de ejecución de la sentencia.
El Govern, ha explicado el consejero, también participará este miércoles en las movilizaciones en favor de la inmersión lingüística. Los consejeros asistirán a una concentración a las puertas del Parlament “con los diputados que lo deseen para defender el modelo de escuela catalana”. Esta tarde, la Generalitat y los sindicatos se vuelven a reunir para intentar acercar posiciones.
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