El Parlament rechaza cumplir la sentencia del 25% de castellano

Los tres grupos independentistas del Parlament (ERC, Junts y la CUP) y En Comú Podem sumaron este miércoles sus votos para rechazar una propuesta del PP que pedía que en el próximo curso se aplicara el mandato judicial de un 25% de horas en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fijó ese porcentaje en una sentencia que confirmó el Tribunal Supremo en noviembre. El mismo bloque eludió condenar, como quería Ciudadanos, las “coacciones y amenazas” sufridas por la familia de Canet de Mar (Barcelona) después de que la justicia concediera a un estudiante del colegio Turó del Drac más castellano como lengua vehicular.

La defensa de la inmersión lingüística volvió a cohesionar ayer a los grupos independentistas, divididos por los presupuestos y por los temas derivados del procés. La votación llegó tras un bronco pleno, lleno de excesos verbales. “Canet es una especie de Ermua”, dijo el líder de Cs, Carlos Carrizosa, comparando las protestas defendiendo el modelo de inmersión y los tuits en contra de la familia que pidió el 25% de castellano con lo vivido en la población vasca donde ETA asesinó al concejal Miguel Ángel Blanco en 1997.

El independentismo en bloque y los comunes desestimaron la petición del PP de obedecer el mandato judicial de cara al próximo curso frente a los de la bancada de la derecha y los del PSC. Los socialistas son partidarios de acatar las sentencias pero revisar el modelo de inmersión sin dejar de preservar la autonomía de cada centro para que su proyecto educativo recoja la realidad sociolingüística del entorno.

La Cámara también rechazó la propuesta de Cs que buscaba condenar las “coacciones y las amenazas” que ha recibido la familia de ese colegio tras los dos tuits publicados en la red por un profesor universitario y un exmosso. El bloque independentista y los comunes unieron sus votos en contra mientras que PSC, Vox, Ciudadanos y PP votaron a favor. En la mañana, en la sesión de control al president Pere Aragonès respondió al líder del PP, Alejandro Fernández, que el Govern estaba al lado de “todas las personas que puedan sufrir algún tipo de discriminación”. Desde las filas de ER, Junts y los comunes criticaron a los populares y naranjas por hacer un uso “partidista” de la petición de la familia de Canet.

La CUP, por su parte, logró que ERC y Junts apoyaran su propuesta de que el departamento de Educación “asuma la plena responsabilidad política y jurídica” en la aplicación de la inmersión lingüística en todos los centros de Cataluña. El PSC se abstuvo. Con todo, el consejero de Educación, Josep Gonzèlez-Cambray afirmó hace días que no había más salida que acatar la sentencia del 25% después de que el TSJC dictara la medida cautelar de aplicar ese porcentaje en la escuela de Canet.

Ni Aragonès ni Gonzàlez-Cambray adelantaron ayer cuál será su estrategia para blindar el modelo y se remiten al consenso al que se llegue hoy en una cumbre con entidades educativas. En su discurso, el consejero aseguró que la única manera de proteger el catalán de manera real sería “tener un estado propio” y esbozó, sin mucha concreción, por lo que se podría debatir en el encuentro. “Desde el Govern seguiremos delante de los tribunales con todas las herramientas que tenemos. Desplegaremos el plan de impulso de la lengua catalana en todos los centros. Alrededor de 120.000 profesionales recibirán herramientas y acompañamiento para que los proyectos lingüísticos se apliquen en todas las aulas”, dijo.

En general el tono del debate fue muy agrio. El líder del PSC, Salvador Illa, llamó a serenar los ánimos pero evitó hablar del tema en su pregunta a Aragonès en la sesión de control. Fernández y el portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, reprocharon respectivamente a Esquerra sus supuestas simpatías con condenados por terrorismo —el caso de Carlos Sastre condenado por asesinar al industrial Bultó—. Visiblemente encendido, el president Pere Aragonès les acusó de mentir y de usar la escuela catalana para lograr “cuatro votos” en el resto de España.

Aragonès ha reclamado a Ciudadanos que admita que se equivocó con el caso del municipio de Sant Andreu de la Barca cuando señalaron a varios profesores de un instituto acusándoles de discriminar a hijos de agentes de la Guardia Civil. La sentencia les declaró inocentes. Y un edil del municipio ha pedido perdón admitiendo el error.