Un colegio en el campo de batalla del catalán

Como cada viernes, Crestes sale a despedir a los niños con canciones festivas. Pero no ha sido una semana fácil. La escuela pública Turó del Drac, que tiene a este dragón como mascota, está en el ojo del huracán por la presión a una familia que solicitó que su hija, una alumna de cinco años de educación infantil, recibiese las clases no solo en catalán sino también en castellano. La familia ha sido objeto de amenazas en redes sociales. No constan por ahora ataques directos en el entorno escolar —la familia ha optado por no hablar con los periodistas, según la asociación que la representa—, pero la pugna en redes y en la arena política y judicial ha sido tal que la tensión se ha adueñado de la comunidad escolar.

La niña de cinco años, junto con su familia, ha quedado en el centro de todas las miradas después de que el pasado 3 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña atendiera la petición de los padres para que la menor pudiera recibir parte de su educación en castellano en el colegio de Canet de Mar (Barcelona, 15.000 habitantes) en el que está escolarizada. La familia pedía el 50% de clases en esta lengua, pero el tribunal lo limitó al 25% en las medidas cautelares decretadas a la espera de dictar sentencia.

Como en anteriores ocasiones en las que alguna familia ha pedido este cambio en la política lingüística de los centros escolares, el debate rápidamente generó una fuerte polémica, y pasó del entorno escolar a las redes sociales, partidos políticos, asociaciones y medios de comunicación, con mensajes muy duros contra la familia. Una cuenta de Twitter llamó a dar “caña” para combatir los efectos de la decisión judicial. Y el hostigamiento y el acoso acabó por hacerse viral. Todo ello en un momento político de tensión por la cuestión lingüística en Cataluña en la que, esta vez, el debate se centra en una niña de corta edad.

”Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña”, escribió Jaume Fàbrega, exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Este niño se tiene que encontrar solo en clase. En las horas en castellano, los otros niños deberían salir”, publicó Albert Donaire, mosso y activista independentista.

Esos comentarios y sus consecuencias judiciales aún han puesto más en el foco a la escuela. La asociación Hablamos Español y Vox denunciaron los tuits a la Fiscalía, que ha abierto una investigación por si constituyen delito de odio. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) —que ha vehiculado la petición de la familia de Canet y de muchas otras que quieren más castellano en las aulas— pidió a la justicia que garantizara la “protección” e “intimidad” de la menor. El tribunal catalán ordenó a la dirección del colegio que amparara a la familia para evitar que fuera identificada. En las últimas horas, un medio digital ha publicado la supuesta identidad del padre de la niña.

Mientras tratan de abstraerse del enorme revuelo creado, padres, alumnos y profesores del centro consultados por este periódico se sienten víctimas colaterales de una batalla a propósito de la lengua que no deseaban librar. “Nos han instrumentalizado unos y otros”, afirmaba Carol, madre de dos alumnos, en la concentración de apoyo al modelo de inmersión lingüística —es decir, con una única lengua docente, el catalán— que el viernes, al salir de clase, congregó frente a la escuela a 250 personas, incluidos políticos independentistas que Carol habría preferido no ver por allí.

Los padres de este centro de Canet de Mar tienen opiniones diversas sobre el uso de las lenguas en el aula. Muchos defienden la inmersión. Como Carol, gallega que habla con sus hijos en castellano pero que ve en el modelo vigente una vía de éxito académico y profesional. O Dolors, maestra jubilada que ha llegado para recoger a su nieta. “Lo del catalán y el castellano siempre se ha usado para el conflicto político. Pero está demostrado que el modelo funciona”, afirma. O Quim, que no ve bien que “se tenga que cambiar la clase de 30 niños por uno”.

Replican otros padres que el 25% de clases en castellano impuesto por la justicia en esa clase de infantil no implica ningún problema. Es el caso de Lluís, que considera una “polémica desmadrada” porque los niños “van a aprender las dos lenguas igual”. Tania, mallorquina, exige “dejar la política fuera del aula” y recuerda que la familia hostigada en redes “no pide que se quite el catalán”.

La sensación compartida por los padres consultados es que la escuela es epicentro de una guerra política que no debe sembrar la discordia en Turó del Drac. Estos padres niegan haber ejercido presión, acoso o boicoteo a la familia afectada. “Nadie aquí ha dicho que vaya a apedrear al niño, no toleraríamos ninguna amenaza”, subraya María junto a una pintada en color rojo, en la entrada del colegio, que reza: ”En Canet queremos clase en catalán”.

Unas 80 familias han logrado en los últimos años que la justicia reconozca el derecho de sus hijos a recibir al menos el 25% de horas lectivas en castellano, según la Generalitat. Pero este caso ha desatado todas las tensiones, en un momento en el que el catalán vuelve a ser caballo de batalla política. En noviembre, el Tribunal Supremo rechazó el último recurso del Govern contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dictaba que el mínimo de 25% en castellano debía extenderse a todo el sistema educativo. La decisión sobre Canet, aunque no deriva de esa sentencia y afecta solo a la clase de la niña, es la primera tras aquella resolución, que el president Pere Aragonès tildó de “injerencia”.

En su petición de amparo a la justicia, la AEB afirmó que existía un grupo de WhatsApp de padres, con el logo de la escuela, en el que se vertían “graves amenazas” a la familia y se pedía expulsar a la menor y hacerle el vacío. Los padres consultados lo niegan, y afirman que “nadie ha dicho una palabra más alta que la otra” en el grupo, ni en la asamblea del jueves ni en los corrillos. Confrontada con esas respuestas, la presidenta de la AEB, Ana Losada, matizó el domingo que la denuncia aludía “sobre todo a Twitter” y afirmó que no dispone de pruebas (fotografías, capturas) que verifiquen el contenido del chat. Insistió en que hubo “mensajes despectivos” contra la familia, pero añadió que “al padre nadie le ha dicho nada directamente”. “No ha habido comentarios a los padres, y los profesores se han comportado correctamente”, dijo el viernes el portavoz de la AEB, Rafael Arenas.

El de Canet no es el primer caso polémico. “Ha habido señalamientos a otras familias”, recuerdan fuentes del sector educativo. En 2015, por ejemplo, Ana Moreno logró una sentencia favorable a que su hijo recibiese el 25% de las clases en castellano, pero, según su testimonio, la presión social la obligó a cambiar al menor de colegio.

A diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez el Govern entró de lleno. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acudió el jueves al colegio “para dar apoyo al profesorado y las familias”, dice una portavoz de la consejería, pero no contactó con la familia de la niña. Todos los actores políticos han tomado partido. El PP ha pedido al Gobierno una comisión de delitos de odio, Vox ha llevado el tema a la Fiscalía, Ciudadanos ha recurrido al Defensor del Pueblo y la ministra de Educación, Pilar Alegría, llamó al consejero catalán. Francina Martí, presidenta de la Asociación Rosa Sensat, insta a “poner paz y tranquilidad”. “Los principales perjudicados son los niños”, lamenta la docente.