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La justicia ordena a la Generalitat proteger al menor de Canet cuya familia pidió clases en castellano

Cerca de 250 personas se manifiestan frente al colegio exigiendo el modelo lingüístico catalán

Una mujer muestra un cartel defendiendo el catalán en la protestas de Canet de Mar
Una mujer muestra un cartel defendiendo el catalán en la protestas de Canet de MarAlbert Garcia Gallego

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una providencia que ordena al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela barcelonesa de Canet de Mar, el Turo del Drac —donde desde el jueves los alumnos de cinco años reciben el 25% de las clases en castellano por orden judicial— que “adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor” cuya familia llevó a los tribunales la petición de clases en esa lengua. El pequeño está recibiendo acoso y amenazas en las redes sociales. La providencia indica al consejero y a la directora que garanticen “la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”.

Esta providencia llega después de que el pasado martes la Asamblea por una Escuela Bilingüe enviara un escrito al TSJC pidiendo medidas cautelares para preservar la identidad de la familia y el menor. Los abogados de esta asociación denunciaron que el pasado viernes se creó un grupo de WhatsApp que “utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares”. Según el escrito presentado por los letrados, en este grupo se “vierten amenazas” hacia la familia y el menor solicitando al centro que se les identifique, se expulse al alumno “o que se le haga el vacío en clase” e incluso que se “apedree” su domicilio. El escrito también alerta de una manifestación convocada en las puertas del centro la tarde de este viernes por diversas entidades independentistas. Unas manifestaciones que el propio Cambray apoyó el jueves asegurando que nunca se manifestaría en contra de cualquier acto relacionado con la libertad de expresión.

Al final, unas 250 personas se concentraron por tarde, a la salida del colegio. “La inmersión lingüística es un modelo que funciona y que tenemos que preservar”, ha explicado Carol, madre de dos hijos que estudian en el Turó del Drac, junto a su marido David, vestido con una sudadera que emula la forma de ‘Crestes’, el dragón que es emblema de la escuela. Carol, de origen gallego, habla castellano en casa con sus hijos, y cree que la escuela en catalán es una garantía para lograr igualdad de oportunidades y que no va en detrimento del aprendizaje que, de todos modos, adquieren de otras lenguas.

Como muchos otros padres de la escuela pública de Canet que está en el ojo del huracán sin proponérselo, Carol está cansada de la polémica y siente que los políticos han “instrumentalizado” el caso. Se refiere a la denuncia de Vox por los mensajes amenazantes a los padres que solicitaron tiempo extra de castellano para su hijo, pero también a los dirigentes independentistas que este viernes también se han sumado a la concentración. “Nosotros lo único que queremos es que los niños estén tranquilos”.

A la protesta, que se ha celebrado a unos 200 metros de la puerta de la escuela, se ha sumado la portavoz de la CUP, Dolors Sabater, que ha apremiado al Govern a actuar en defensa de la inmersión lingüística. También han acudido representantes de Junts per Catalunya, como la diputada Glòria Freixa, que han evitado comentar los mensajes amenazantes a la familia y han subrayado la necesidad de defender el catalán en las aulas.

EL PAÍS ha preguntado este viernes al departamento de Interior de la Generalitat si esta protesta había sido correctamente comunicada. Interior ha asegurado que no había sido comunicada pero una portavoz del departamento justificó a los manifestantes advirtiendo que “en el derecho a la reunión no es obligada la comunicación administrativa y, por tanto, se puede desarrollar sin previa comunicación siempre que se realice sin incidentes de orden público”. Por lo tanto, la manifestación fue para Interior una reunión de 250 personas.


El 'conseller' de Educación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray.Vídeo: MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS) | EPV

En la providencia del TSJC se dan 10 días al departamento de Educación para que aporte los informes necesarios que hagan entender al tribunal que se está cumpliendo con las medidas cautelares que obligan a que los niños de la clase de P5 de la familia denunciante realizan el 25% de las asignaturas en castellano.

La Fiscalía de Barcelona, por su parte, analizará las denuncias presentadas por Vox y por la plataforma Hablamos Español sobre el presunto acoso en redes sociales a la familia de Canet de Mar. Una portavoz ha explicado que las denuncias se han registrado y que se han incoado diligencias de investigación, que por ahora son muy preliminares. La Fiscalía estudiará si los mensajes vertidos en Twitter tienen relevancia jurídica y, en función de ello, decidirá si sigue adelante con el asunto. Por ahora, señala la portavoz, no se ha ordenado la práctica de ninguna diligencia de investigación sobre los autores ni se han dado instrucciones a la Policía.

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, visitó el jueves la Escuela Turó del Drac e informó de que los alumnos de P5 recibirán las asignaturas de artes visuales, plástica y psicomotricidad en castellano para adecuarse a las medidas cautelares impuestas por el tribunal. Gonzàlez-Cambray criticó la decisión judicial: “Nosotros somos la convivencia. La anomalía de estas sentencias es que no se ajustan a la realidad lingüística de Cataluña y menos a una clase de P5 donde no hay ni asignatura de catalán ni de castellano”. En sus declaraciones acusó a la justicia de “romper la convivencia” y no apoyó, en ningún momento, a la familia que está recibiendo amenazas en las redes sociales.

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