“El Govern debe abrir una vía judicial para blindar la inmersión a través de la ‘ley Celaá'”

David Cid, barcelonés de 41 años, portavoz de En Comú Podem en el Parlament, reivindica el papel de los comunes como oposición constructiva tras pactar los Presupuestos y pide al Govern un paso adelante en defensa de la inmersión lingüística.

Pregunta. ¿Cuándo presentarán el acuerdo definitivo de los Presupuestos?

Respuesta. En unos días. El jueves se votan las enmiendas en comisión y el pleno es el 23. Será un documento público con luz y taquígrafos que superará los 24 puntos del preacuerdo. Queremos que una comisión vele por su cumplimiento.

P. ¿Han desplazado a la CUP como socio prioritario?

R. Es pronto para saber cómo evolucionará la legislatura. No depende solo de nosotros pero las cuentas marcan un punto de inflexión.

P. Ya pactaron las cuentas en 2020. Al final, las han aprobado más veces que la CUP

R. Los Presupuestos no van solo de independentistas o no. Van de mejorar la calidad de vida de la gente. En 2020 logramos una reforma fiscal y bajamos un 30% las tasas universitarias y ahora activaremos el dentista público y más partidas para salud mental.

P. ¿Debe someterse Pere Aragonès a la moción de confianza pactada con la CUP? ¿El acuerdo de investidura es papel mojado?

R. La moción depende de la mayoría independentista porque atañe a su acuerdo de investidura. Y son ellos quienes lo tienen que valorar si es papel mojado.

P. ¿Qué votarían ahora en una moción?

R. No lo hemos planteado. Pero estamos en una oposición constructiva: ahí está el decreto de renovables o la ley de barrios verdes.

P. ¿No están salvando al Govern al apoyar las cuentas?

R. Entiendo el planteamiento, pero el nuestro es este: los Presupuestos ayudan a salvar a la gente ¿sí o no? Queremos abrir este nuevo tiempo y llegar a acuerdos entre diferentes partidos. En este momento, cuando no sabemos qué pasará con la covid, y con un Presupuesto con recursos excepcionales, no podíamos dejar a Cataluña tirada.

P. Siempre han dicho que no querían ir con Junts ni a la vuelta de la esquina. ¿El acuerdo es el precio a pagar por los presupuestos de Barcelona?

R. No, como en 2020, primero está la gente y luego los intereses de partido. Con Junts no compartimos ni proyecto de país ni modelo socioeconómico. Y apostamos por la mesa de diálogo. Son Junts y ERC quienes deben reflexionar si aún comparten proyecto.

P. ¿Por qué negaron tantas veces que se trataba de un intercambio de pactos entre Generalitat y Ayuntamiento?

R. No niego que eso estuviera encima de la mesa pero lo que marcó la posición definitiva fue el contenido del acuerdo.

P. Con Junts no pero con Giró [el consejero de Economía] sí?

R. Hemos cerrado un acuerdo con el Govern. Y negociado tanto con el Departamento de Economía como con el de Presidencia.

P. Dicen que quieren pactar los Presupuestos en todas las instituciones pero han frenado los de Lleida y Tarragona [ambas con alcaldes de ERC]

R. En Lleida lo hemos intentado y al final nos abstendremos. En Tarragona, la negociación sigue abierta.

P. ¿Les puede pasar factura electoral el funambulismo de gobernar con el PSC y pactar las cuentas con Junts?

R. Somos fiables para nuestros votantes. La gente pide esperanzas y certezas. Y valora que si logramos 80 millones para salud mental se acorta el tiempo de espera para el psicólogo o que saquemos recursos de las carreteras para la red ferroviaria.

P. ¿Se sienten corresponsables de la baja ejecución de inversiones estatales en infraestructuras?

R. Estamos encima de ese tema: es mejorable, no negaré lo que es una realidad pero en 2022 habrá un récord de ejecución de inversiones en Rodalies.

P. ¿Aceptarán la partida de 120 millones para BCN World que rechazaba la CUP?

R. Nuestra posición quedará clara en el trámite parlamentario: no compartimos el proyecto del casino más grande de Europa: No es el modelo productivo que necesita Cataluña. Pero las mayorías son las que son [en alusión al posible apoyo del PSC]. Hay una partida entre el Govern, La Caixa y Hard Rock para ver quién descarta el proyecto. Creo que no se hará. Me gustaría que ERC tuviera una voz más nítida sobre si quiere o no BCN World, los Juegos de Invierno o el aeropuerto.

P. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tensionado el modelo de inmersión lingüística. ¿Qué proponen?

R. El fallo está basado en una ley que no existe [la Wert] y pedimos a ERC y al PSOE que defiendan la vigencia de la ley Celaá, que no habla de lenguas vehiculares ni de porcentajes sino de que los alumnos acaben la ESO con las competencias lingüísticas claras en catalán y castellano, que es lo que pasa hoy. El Govern debe abrir una vía judicial para blindar la inmersión a través de la ley Celaá. Nos gustaría que el Tribunal Superior de Justicia valore la nueva situacion y emitia una sentencia acorde al nuevo texto legal. Encuentren un solo alumno que no sepa hablar castellano. La gente que viene del resto de España a vivir bien que lo sabe. Dicho esto: no compartimos el señalamiento de ningún alumno o familia. Quien se sitúa en la desobediencia es el PP.

P. ¿Qué hará el Gobierno?

R. Valoramos positivamente que no pida la ejecución de la sentencia. Pero el Gobierno puede cambiar [de color]. Por tanto es fundamental una nueva sentencia basada en la ley Celaá.

P. ¿No cree que el tema está fuera de las manos del PP?

R. Está en manos de los dos gobiernos. La nueva ley la hemos hecho juntos. Echo en falta que Illa y ERC la defiendan como nosotros. Además hay que dimensionar el tema: son seis familias al año [las que piden más castellano] respecto a 1,5 millones de alumnos. La inmersión tiene tanto consenso en Cataluña que [la bancada de la derecha] no se atreve a pedir la doble red como en el País Vasco, pero es un primer paso. El PSUC ideó la inmersión y somos sus herederos. Es clave para la cohesión social.