Denunciados los autores de tuits con insultos a la familia que pidió el 25% de lengua castellana en la escuela para su hijo de cinco años

La asociación Hablamos Español denunció este lunes ante la Fiscalía a los presuntos autores de mensajes de Twitter dirigidos contra la familia que consiguió que un juez obligara a que un 25% de la enseñanza de sus hijos, en una escuela de Canet de Mar (Barcelona), se impartiera en castellano. Las víctimas de los insultos son los padres de un alumno de P5 (de cinco años) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar que han reclamado a la justicia que la lengua en que recibe su hijo la educación sea, al menos en un 50%, en castellano. El Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite la petición de la familia e impuso ―a principios de diciembre― que, como medida cautelar, la escuela dé el 25% de las clases en castellano a este menor y, consecuentemente, al resto de sus compañeros de aula.

Las medidas cautelares aplicadas a la clase de P5 de la escuela Turó del Drac se hicieron públicas solo unos días después de que el Tribunal Supremo tumbara el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que obligaba a que se impartieran el 25% de horas en castellano en todos los colegios de Cataluña. Tras esta sentencia el consejero de educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray envió una carta a todos los centros pidiendo que, pese a la sentencia, los docentes no cambiaran el proyecto lingüístico. Entonces, Hablamos Español ya presentó una denuncia contra Gonzàlez-Cambray acusándole de prevaricación y de hacer caso omiso a una resolución del alto tribunal. A la denuncia presentada contra el consejero se suma la presentada el lunes contra las cuentas de Twitter que amenazaron a la familia de Canet de Mar y otra que han presentado contra TV3 después de que en el programa Bricoheroes dos humoristas ironizaran advirtiendo que tenía un perro al que habían enseñado a “oler españoles” para evitar robos.

Gloria Lago, presidenta de Hablamos español, ha explicado a EL PAÍS que cuando se hicieron públicas las medidas cautelares que afectaban a la escuela de Canet de Mar se desató “una auténtica persecución” en las redes sociales. “En Fiscalía hemos resaltado la actitud de dos individuos. Uno de ellos es Jaume Fàbrega, un exprofesor de turismo de la Universitat Autónoma de Barcelona, que publico un tuit diciendo: ‘Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”. Fàbrega es un reputado experto en gastronomía que ha tenido problemas con sus salidas de tono en las redes sociales. En 2018, tuvo que pedir disculpas y llegó a dimitir como profesor de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera después de publicar un tuit asegurando: “Tabarneses, Ciudadanos… el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes de Francia, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida”.

La denuncia de Hablamos español no se queda solo en Fàbrega. También han presentado otra contra el mosso d’esquadra y activista independentista Albert Donaire quien, al conocerse las medidas cautelares impuestas a la clase de P5 de la escuela Turó del Drac, publicó un tuit con el mensaje: “Este niño se tiene que encontrar absolutamente solo en clase. En las horas que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de la clase. Reaccionemos o nos matan la lengua”.

“Hemos presentado estas denuncias y no nos pararán. Cada vez que veamos este tipo de actitudes que incitan al odio y la violencia nos encontrarán en Fiscalía. Hay mucho miedo pero nosotros confiamos en la justicia”, ha afirmado Lago. En las denuncias presentadas piden al Ministerio Público que investigue y al Ejecutivo que agilice el cumplimiento de las sentencias para garantizar en todos los centros de Cataluña que se cumplan, al menos, el 25% de horas lectivas en español.

La portavoz del Gobierno de la Generalitat, Patricia Platja, ha advertido este martes en rueda de prensa de que aunque el Ejecutivo catalán desconoce específicamente las amenazas a la familia de Canet de Mar “el Govern rechaza cualquier acto violento”. Platja ha añadido que el Ejecutivo no considera “justo” que por la petición de una familia tenga que cambiar la lengua toda un aula.

Por otro lado, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), Ana Losada, ha solicitado a la Fiscalía que evite la distribución entre los escolares catalanes de una encuesta del Síndic de Greuges ―el defensor del pueblo catalán― sobre usos lingüísticos. En el escrito presentado ante la Fiscalía Superior de Cataluña, al que ha tenido acceso Efe, Losada sostiene que esta encuesta “puede constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho”.

La encuesta hace preguntas a los escolares como: ¿Cuál es tu lengua? ¿Qué lenguas estudias en la escuela? ¿Qué lenguas estudias fuera de la escuela? ¿Qué lengua hablaste primero en casa? ¿Cuál es la lengua que hablas con tu padre y/o con tu madre? ¿Cuál es la lengua que utilizas habitualmente en casa, con tu familia, con tus amigos, cuando lees, en las redes sociales, cuando miras series, etcétera? También pregunta en qué lengua les habla el profesorado, dónde ha nacido, dónde han nacido sus padres, qué nacionalidad tienen sus padres y cuál es el nivel de estudios de sus padres. En uno de los apartados de la encuesta, el alumno debe responder cuál es la lengua que utiliza en clase cada uno de los profesores, especificando la lengua del profesor por cada una de las materias. Para Losada, esta encuesta “carece de utilidad formativa, no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009), ni a la Ley de Estadística de Cataluña (1998) y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos”. Además, asegura que “se pretende llevar a cabo sin autorización del tutor legal y se pide a los alumnos fiscalizar la lengua usada por los profesores”.

“Se trata de una actuación que no responde al interés superior del menor y que carga a este con una tarea que no es útil pera su formación, aprovechando la situación de subordinación del menor en el entorno escolar para conseguir que facilite información de naturaleza íntima y familiar sin el necesario consentimiento de sus representantes legales”, alega Losada en el escrito presentado a la Fiscalía.