Jornada política del 6 de febrero de 2024 | Zapatero, sobre la ausencia de Rueda en los debates: “Quien no comparece no merece ser presidente”
Rueda rechaza acudir al debate que RTVE celebrará el 14 de febrero, el último de la campaña gallega| La Mesa del Congreso da de plazo hasta el 21 de febrero para que la Comisión de Justicia debata de vuelta la amnistía
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha desplazado este martes hasta A Coruña para apoyar al candidato socialista a las elecciones gallegas, José Ramón Gómez Besteiro. Desde allí, Zapatero se ha pronunciado sobre la ausencia del candidato popular, Alfonso Rueda, en la mayoría de los debates convocados de cara a las elecciones gallegas —solo ha asistido al organizado por la televisión pública gallega el lunes—, y ha afirmado que “quien no comparece no merece ser presidente”. “Después de lo de anoche, seguro que no vuelve a ningún otro”, ha bromeado. RTVE organizará el 14 de febrero otro debate electoral a cuatro días de las elecciones. Acudirán solo dos candidatos: Ana Pontón, del BNG; y José Ramón Besteiro, del PSdeG-PSOE. Rueda ha declinado participar, según han confirmado en el Telediario 1. Sobre la ley de amnistía, la Mesa del Congreso ha decidido dar de plazo hasta el próximo 21 de febrero a la Comisión de Justicia para que debata y apruebe un nuevo dictamen sobre la norma, que deberá de votarse después en el Pleno.
Arranca la jornada política de este martes 6 de febrero
La ley de amnistía reactiva su tramitación este martes en la Cámara baja, con la vuelta a la Comisión de Justicia, previo paso por la Mesa del Congreso y un nuevo plazo de 15 días naturales para aprobar un texto que, en principio, solo admitiría modificaciones en las enmiendas que quedaron vivas. El lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que la ley de amnistía se aprobará y negociará con Junts, y si bien no se prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso, no descarta una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar dilataciones y eliminar los plazos de instrucción judicial.
El pasado martes 30, el Congreso tumbó la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox, por lo que la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara baja. Sánchez ha asegurado que la ley no va a ampliar la amnistía a todos los delitos de terrorismo, tal y como pedía la formación de Carles Puigdemont, y aunque no prevé cambiar el texto, sí ha admitido que entre todos habrá que encontrar una solución.
Sobre la posible modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la duración de las instrucciones judiciales, el PP ya se ha pronunciado y ha dicho ver en esa táctica “una amnistía por la puerta de atrás”. Desde ERC han admitido que el independentismo necesita la ley para poner “punto final” a la “etapa represora” y han recordado que hay un consenso mayoritario a favor, al contar con los votos de PSOE, Sumar, Bildu, BNG, PNV, Podemos y ERC. El partido republicano ha advertido de que no habrá ninguna enmienda a la amnistía que cubra “las ocurrencias futuras de los jueces instructores que van inventándose los relatos”, en alusión velada a JxCat.
Por otro lado, el Consejo de Ministros se reúne esta mañana para aprobar la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional, hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Por la tarde, el Senado celebra una sesión de control al Ejecutivo.
Álvaro García Ortiz, tras tomar posesión como fiscal general el 24 de enero en el Supremo. / JAVIER LIZÓN / EFE
Los fiscales del Supremo se reúnen para estudiar el ‘caso Tsunami’ en plenas maniobras para boicotear la ley de amnistía
La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo prevista para este martes, durante la que se estudiará el caso Tsunami Democràtic, se celebrará en medio de una gran tensión. Mientras la derecha política ha multiplicado sus maniobras para tratar de boicotear la ley de amnistía —que beneficiaría al expresident Carles Puigdemont, investigado en ese sumario—, la tormenta ha estallado también en el ministerio público. Álvaro Redondo, el fiscal encargado de defender en el alto tribunal la propuesta que descarta la imputación del político catalán por terrorismo, tuvo que emitir este lunes un inaudito comunicado para desmentir que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le hubiera dado “instrucciones” o “sugerencias” para defender esta postura. Lo hizo después de que el PP insinuase que la cúpula fiscal lo presionó, basándose en informaciones publicadas, que han sido negadas por Redondo y la Fiscalía General del Estado.
Todo estalló en la noche del domingo, cuando trascendió que Álvaro Redondo no apreciaba un delito de terrorismo en el caso Tsunami (solo desórdenes públicos) y se oponía a imputar a Puigdemont, en contra de la petición enviada al Supremo por el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de estas pesquisas en la Audiencia Nacional. La postura de Redondo —perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales y que, solo en la segunda mitad de 2023, ha publicado hasta cuatro artículos en La Razón donde califica como “inconstitucional” una amnistía— coincide con la de Miguel Ángel Carballo, el fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y miembro también del mismo colectivo conservador, quien ya se había pronunciado en contra de la implicación del expresident ante la falta de indicios.
Borràs asegura que se haría “un flaco favor” a la ley de amnistía si queda gente fuera de la norma
La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha afirmado este martes que se le haría “un flaco favor” a la ley de amnistía si “quedan familias con represaliados sin amnistiar”, y ha señalado que la ley todavía no es lo suficientemente “robusta” debido al “contexto” actual. En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Borràs ha evitado valorar la propuesta verbalizada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la intención de acercar a JxCat al sí a la amnistía: “Los expertos que están trabajando sobre el tema valorarán cualquier cuestión”, ha dicho.
Sánchez descartó el lunes cambiar el texto de la amnistía que rechazó el pleno del Congreso, aunque no descartó una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial. En cualquier caso, ha dicho Borràs, el interés de Junts es que se pueda hacer una ley “que realmente venga a resolver la judicialización de la política”, y ha resumido: “La amnistía solo será amnistía si amnistía a todo el mundo”. Además, la presidenta de JxCat ha descartado abrir las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado hasta que no se resuelva la amnistía: “Es lo que corresponde. Era uno de los objetivos de la investidura y tenemos que ir paso a paso e ir viendo como se materializan estos compromisos que hemos adquirido antes de adquirir nuevos”. (Agencias)
Un tren el lunes en el apeadero de Osebe, en Teo (A Coruña). / ÓSCAR CORRAL
El viaje a ninguna parte del tren en Galicia: “Han decidido dejar morir todo lo que no es AVE”
Ocurrió en octubre, en noviembre y en enero en diferentes puntos del recorrido del tren entre Ferrol y Ribadeo. El viento derribó árboles sobre la vía y provocó el choque, el descarrilamiento y la interrupción de la circulación en una de las líneas más olvidadas de España. Un día, los dos pinos que cayeron atraparon a los pasajeros casi dos horas dentro del convoy. El antiguo FEVE (Ferrocarril Español de Vía Estrecha), explotado desde hace 12 años por Renfe y conocido ahora como tren de Ancho Métrico, es uno de los ejemplos más agónicos de los caminos de hierro en España. El servicio que vertebra las comunidades cantábricas y es el vínculo entre numerosas localidades fue citado abundantes veces durante el juicio por el accidente de Angrois por ser el que más descarrilamientos en curva ha sufrido en la última década. Las plataformas de usuarios aseguran que la decadencia se aceleró desde que Renfe se hizo cargo de los trenes: hay dos frecuencias al día y el trayecto entre Ferrol y Oviedo, de 310 kilómetros, lleva siete horas y 25 minutos. Algo más de 40 kilómetros por hora era también la velocidad de las locomotoras de vapor de hace más de un siglo.
El candidato a la presidencia de la Xunta por Democracia Ourensana, Armando Ojea, tras la entrevista en el Liceo de Ourense, el pasado 2 de febrero. / ÓSCAR CORRAL
Armando Ojea (Democracia Ourensana): “Si conseguimos representación, pactaremos con el diablo. ¿Acaso no pactamos con los Baltar?”
Democracia Ourensana, el partido que gobierna en la tercera ciudad de Galicia (104.000 habitantes), nunca ha conseguido superar el 1% de votos en las cinco ocasiones en las que ha presentado candidato a las autonómicas. Su cabeza de cartel ha sido siempre Armando Ojea (Ourense, 61 años), actual teniente de alcalde del Ayuntamiento y mano derecha del populista Gonzalo Pérez Jácome. Físico y matemático, fue músico profesional (teclista de una orquesta, Pachán); presentador ocasional en el canal de televisión que fue el germen del partido, Auria TV; y coordinador de formación en una academia. Actualmente, es teniente de alcalde.
Pregunta. Se ha presentado cinco veces a las autonómicas desde 2005 sin éxito. ¿Por qué cree que será distinto ahora?
Respuesta. La discriminación de la ciudad de Ourense viene de la falta de inversiones fuertes. Solo hay que hacer la comparación con Santiago, que está a años luz de cualquier otra ciudad, con Vigo o A Coruña. La única forma de revertir eso es con representación. Hay que descentralizar, y aquí se está centralizando todo en Santiago.
Rueda dice que el debate en TVG fue un cuatro contra uno: “Probablemente, lo pactaron antes”
El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el debate del lunes en la CRTVG fue “un cuatro contra uno, probablemente además pactado antes”. “Sabía que se iba a pintar una Galicia absolutamente negra, todo negativo, donde todo es malo, pero eso no es verdad”, ha añadido.
Alfonso Rueda ha participado en la mañana de este martes en un desayuno con representantes de varios sectores de la ciudad de Ferrol y celebrado en un hotel. En este marco, ha defendido su gestión al frente de la Xunta. “Evidentemente cometemos fallos, evidentemente siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero también se han hecho bastantes cosas”, ha dicho, mencionando de forma particular la ciudad de Ferrol, ya que ha estado precedido por el presidente del PP de esta ciudad, José Manuel Rey Varela.
Rueda ha dicho que durante estos días de campaña se están “viendo fórmulas mágicas para problemas muy complejos, planes de choque que van a acabar con todos los problemas de la sanidad, con todos los problemas de las infraestructuras, con todos los problemas de las entidades sociales, con cantidades millonarias” y que, además, en ciertas ocasiones “se lanzan planes de cientos de millones”. “Yo creo que no son conscientes y desde luego no se han parado a pensar en un momento de dónde saldrían esos recursos”, ha apostillado. (Agencias)
Gamarra dice que una mayoría social rechaza la amnistía y “una política basada en los privilegios”
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de abrir la puerta a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para buscar el “blindaje judicial” del expresidente catalán Carles Puigdemont y de sus socios, y le ha advertido de que la “mayoría social de la población española” rechaza la ley de amnistía y los pasos que está dando porque no quieren “una política basada en los privilegios”. Así se ha pronunciado en la clausura de un acto organizado por el PP con presidentes de diputación, cabildos y consells para “defender la bandera de la igualdad” en el “contexto de la ley de amnistía”.
Previamente, se ha celebrado un coloquio que ha moderado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del partido, Elías Bendodo. Gamarra ha recriminado a Pedro Sánchez su “inacción” ante los problemas de los agricultores y ganaderos porque su “única obsesión” es la ley de amnistía y sus “intereses particulares” para “mantenerse en el poder”. “La amnistía tampoco va a solucionar el problema de la ocupación en España, ni de la falta de médicos”, ha resaltado.
La dirigente del PP ha echado en cara a Sánchez que solo esté centrado la tramitación de la norma, que “los ciudadanos rechazan mayoritariamente”. “Y la rechazan porque todo el mundo sabe a qué responde. No tiene nada que ver con la convivencia, tiene que ver con la conveniencia y la necesidad de mantenerse en el poder a cualquier precio”, ha declarado. La número dos del PP ha recalcado que “no cabe que todo esté a la medida del socio de Pedro Sánchez para que en el ámbito personal a él le vaya bien, mientras el resto de los españoles tienen que buscarse la vida para resolver sus problemas”.
Después de que Sánchez abriese este lunes la puerta a una posible reforma de la LeCrim para acortar los plazos de instrucción judicial, Gamarra ha denunciado que se pretenda el “blindaje judicial de sus socios de Gobierno”. A su entender, eso es lo que “significa” la política para el jefe del Ejecutivo cuando “la política española es otra cosa”. “Y en nuestras manos está precisamente dignificarla y demostrarle a los españoles que hay otra política posible”, ha dicho a los cargos del PP. (Agencias)
El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo hasta los 1.134 euros en 14 pagas
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El incremento del salario mínimo, pactado a mediados de enero con CC OO y UGT sin el acuerdo de CEOE-Cepyme, afectará directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres.
La patronal había planteado una subida de entre el 3% y el 4% que debía acompañarse de medidas en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y el sector agrario.
Desde el año 2018 hasta 2023, el SMI se ha incrementado en 344,1 euros al mes, es decir, un alza del 46,8%. La aprobación de la subida para 2024 fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado en un acto electoral en Galicia, donde defendió que la medida amplía el “escudo social” puesto en marcha por un Ejecutivo que “transforma la realidad de la ciudadanía” y gobierno para la mayoría social. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en la firma del acuerdo con los sindicatos que las subidas del SMI hacen “un país mejor”.
La Mesa del Congreso da de plazo hasta el 21 de febrero para que la Comisión de Justicia debata de vuelta la amnistía
La Mesa del Congreso ha decidido dar de plazo hasta el próximo 21 de febrero a la Comisión de Justicia para aprobar un nuevo dictamen sobre la proposición de la ley de amnistía que deberá de votarse en el Pleno, una decisión que se ha tomado con el voto en contra el PP. La mayoría que suman el PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara ha aplicado de este modo el criterio fijado por los letrados de la institución en un informe que no era vinculante.
La Mesa ha desoído, también siguiendo la postura de los servicios jurídicos, la tesis del PP y Vox, que sostenían que la proposición de ley había decaído el pasado 30 de enero al ser rechazada en la votación de conjunto a la que se tuvo que someter por su carácter orgánico.
En el Pleno de hace una semana, la iniciativa legislativa se sometió a dos votaciones de conjunto: una sobre el dictamen, en la que bastaba mayoría simple y se logró mayoría absoluta a favor; y una segunda, dado su rango orgánico, donde se requería mayoría absoluta a favor y cosechó mayoría absoluta en contra.
El PP y Vox defienden que el texto decayó porque en la votación de carácter orgánico fue rechazada por 179 votos, tres por encima de mayoría absoluta. Sin embargo, la Mesa ha ratificado la decisión anunciada entonces por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y ha enviado la proposición de ley de vuelta a la Comisión de Justicia para una segunda oportunidad. (Europa Press)
El PSOE advierte al PP de que sus autonomías se quedarán sin el margen del 0,1% en los objetivos de déficit
El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha cargado en rueda de prensa contra el PP, que este lunes anunció que el miércoles tumbarán el techo de gasto en el Senado. “Es inconcebible, le están haciendo un daño a todas las comunidades autónomas. Nos están planteando que volvamos al mes de abril. El objetivo de déficit es más flexible, los números matan el relato”, ha indicado Espadas. Los socialistas no aceptan las condiciones solicitadas por el PP. Frente a la bajada de impuestos de los populares, el PSOE defiende su política fiscal “progresiva”.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió a los populares de que si no se aprueba el 0,1% del objetivo del déficit, conocido como techo de gasto, habrá que volver al pactado con la Unión Europea en abril del año pasado, 0,0%. El problema es que hay comunidades autónomas, la mayoría en manos del PP, que han aprobado sus presupuestos con ese 0,1%. “Si finalmente el Partido Popular veta ese techo de gasto, al final lo que habría sería una instrucción [del Gobierno] diciendo a las comunidades que no pueden gastar esa décima de gasto”, ha aseverado el portavoz socialista. El objetivo de estabilidad se vota el miércoles. Este martes, la ministra de Hacienda acude al Senado a responder en primer lugar durante la sesión de control de la tarde.
El Gobierno reparte una ayuda de 269 millones de euros para casi 140.000 agricultores por la sequía y la guerra en Ucrania
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha anunciado que el Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de los casi 140.000 agricultores beneficiados de la ayuda extraordinaria de 269 millones de euros para compensar las dificultades debidas a la sequía y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. “Por ejemplo, en el caso de Castilla y León estamos hablando de más de 36.800 los agricultores beneficiados. En el caso de Castilla-La Mancha, hablamos de más de 33.600 agricultores. En el caso de Andalucía, son más de 21.000 los beneficiados. En el caso de Aragón, son más de 17.000 los beneficiados. En el caso de Madrid, son más de 1.200 los agricultores que se van a ver beneficiados con esta ayuda extraordinaria”, ha dicho Alegría.
Este mismo martes, agricultores y ganaderos, convocados por grupos de Whatsapp y las redes sociales, han provocado cortes en diversas carreteras españolas con sus tractores para exigir “precios justos” para sus producciones, un mayor control de las importaciones de países de fuera de la UE y una reducción de la burocracia.
El PP acusa al Gobierno de “contorsionismo legal” para aprobar la ley de amnistía
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tildado de “ejercicio de contorsionismo legal” la propuesta que baraja el Gobierno, que se abre a tocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción y convencer a Junts de que respalde la ley de amnistía sin tener que tocar esta última. “No conocen límites a la hora de retorcer y abusar de la ley para contentar a sus socios”, ha señalado Tellado en referencia a Junts en una comparecencia en el Congreso.
El PP reformó esta ley en 2015 estableciendo que las instrucciones judiciales sencillas debían tener un máximo de seis meses de investigación y las complejas, un máximo de 18 meses, prorrogables a otros 18 indefinidamente en casos excepcionales. El PSOE se opuso a aquel cambio y en 2020 introdujeron una modificación legal que acortaba la instrucción a 12 meses, pero prorrogables por periodos de seis meses sin límite. Esto último es lo que ahora se cambiaría de nuevo si prosperase lo anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista televisiva.
Tellado ha añadido que “el propio Sánchez sabe que en Europa han saltado todas las alarmas” ante la aprobación de la ley de amnistía “y por eso están buscando soluciones imaginativas para que no sea tumbada en Bruselas”. “Es ahí donde tiene sentido la propuesta que en el día de ayer el presidente del Gobierno hacía en una entrevista televisada, la propuesta de que se debe reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal: no es más que un ejercicio de contorsionismo legal, no conoce límites a la hora de retorcer y abusar de la ley para contentar a sus socios”, ha añadido. “Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la prueba de que el Gobierno es plenamente consciente de que la amnistía que quiere Puigdemont es incompatible con el Derecho comunitario, aunque repitan lo contrario, y de la dificultad de que los independentistas se escapen de las condenas por terrorismo y por traición”, según el portavoz popular.
Díaz, sobre la subida del salario mínimo: “Hoy España es un país mejor y damos un paso decidido contra la precariedad”
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la subida del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI) que ha aprobado hoy el Gobierno. “Hoy España es un país mejor y damos un paso decidido contra la precariedad”, ha dicho Díaz, que ha pedido seguir incrementando los salarios en España, no solamente el SMI. “Parte del crecimiento del PIB que tenemos en España se produce justamente por la subida del salario mínimo en nuestro país”, ha añadido Díaz, que ha destacado que esta medida afecta a más mujeres que hombres, ya que son ellas quienes más cobran el SMI.
La subida del 5% lleva el salario mínimo hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El incremento del salario mínimo, pactado a mediados de enero con CC OO y UGT sin el acuerdo de CEOE-Cepyme, afectará directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres. La patronal había planteado una subida de entre el 3% y el 4% que debía acompañarse de medidas en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y el sector agrario.
Una delegación de la Comisión de Venecia acude este jueves y viernes al Senado para estudiar la ley de amnistía
La Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa, aceptó en diciembre la petición del Senado, dominado por el PP, para analizar la ley de amnistía. Este martes, la Mesa de la Cámara alta ha anunciado que la delegación se reunirá entre este jueves y este viernes con miembros de los grupos parlamentarios para analizar tanto la proposición de ley como los últimos movimientos del Gobierno sobre la medida de gracia a los encausados por el procés, según ha explicado el vicepresidente del órgano de gobierno de la Cámara, el popular Javier Maroto. “Su cometido no es estudiar si la ley de amnistía es constitucional o no”, ha advertido Maroto, sino si se cumple la “separación de poderes” en España. La Mesa ha entregado tanto el proyecto de ley como las enmiendas vivas traducidas al inglés a la Comisión, así como declaraciones relacionadas. Entre ellas, las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se abre a limitar los plazos de instrucción para convencer a Junts sin tocar la ley de amnistía, según Maroto. “El debate sobre la separación de poderes no gira solo sobre la ley. Han pasado muchas cosas en los últimos meses”, ha agregado.
La delegación se reunirá con representantes de los partidos políticos y también con “expertos” jurídicos. La primera cita será el jueves a las 17.00 con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y con la nueva letrada mayor, Sara Mucientes. El dictamen estará listo a mitad de marzo, pues la Comisión de Venecia tiene prevista su reunión plenaria para el 15 de ese mes. La admisión a trámite de este tipo de peticiones por este órgano comunitario es algo bastante habitual. Y también suele hacerse con celeridad cuando se trata de evaluar un proyecto de ley, para que así el dictamen llegue durante la tramitación parlamentaria.
Armengol pide a los diputados que actúen con mesura y eviten las descalificaciones
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha vuelto a pedir hoy a los grupos parlamentarios que actúen con mesura y defiendan sus ideas con argumentos y no con descalificaciones, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya condenado los ataques que el pasado martes expresaron contra varios jueces algunos diputados.
El órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer en un pleno extraordinario una declaración institucional por unanimidad en la que señala que "debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial".
Armengol ha reiterado durante la celebración de la Junta de Portavoces la petición que ya ha hecho en otras ocasiones para que la defensa de las ideas no lleve aparejada ofensas innecesarias, según han informado fuentes parlamentarias.
La pasada semana, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la ley de amnistía, varios socios parlamentarios del Gobierno acusaron de prevaricar a algunos jueces como Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, o Joaquín Aguirre, encargado del caso Volhov en Barcelona. (Agencias)
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, en Bruselas, el pasado noviembre. / OLIVIER MATTHYS / EFE
La junta de Fiscales del Supremo aprecia indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont
La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que este martes debatía el caso Tsunami Democràtic, ha rechazado la ponencia que descartaba el delito de terrorismo y la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont. Tras una reunión en la sede del ministerio público, el órgano ha descartado el informe elaborado por el fiscal conservador Álvaro Redondo, que ha defendido esa postura al no apreciar indicios suficientes contra el dirigente secesionista y al apreciar, como mucho, desórdenes públicos en las protestas impulsadas en 2019 por la plataforma independentista contra la sentencia que condenó a los líderes del procés.
El Gobierno muestra su “respeto” a la decisión de la junta de fiscales del Supremo de apreciar indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado este mediodía el “respeto” del Ejecutivo a la decisión de la junta de fiscales del Supremo de apreciar indicios de terrorismo para imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont el caso Tsunami Democràtic. “Respeto del Gobierno a la junta de fiscales y al ministerio fiscal”, ha dicho Alegría, que ha insistido: “Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el ministerio fiscal y, por supuesto, los tribunales de este país”.
La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que este martes debatía el caso Tsunami Democràtic, ha rechazado la ponencia que descartaba el delito de terrorismo y la imputación del expresidente catalán. Tras una reunión en la sede del ministerio público, que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas, el órgano ha descartado el informe elaborado por el fiscal conservador Álvaro Redondo, que había defendido esa postura al no apreciar indicios suficientes contra el dirigente secesionista y al apreciar, como mucho, desórdenes públicos en las protestas impulsadas en 2019 por la plataforma independentista contra la sentencia que condenó a los líderes del procés.
El informe de Álvaro Redondo mantenía la misma línea fijada por Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y también perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales, que descarta el terrorismo y defiende enviar la causa a los juzgados de Cataluña
El PSOE defiende una reforma para limitar los plazos de las instrucciones judiciales
El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha defendido la posibilidad de recortar los plazos de instrucción de las causas penales, no solo para sacar adelante la ley de amnistía, sino también para “mejorar la eficiencia de la justicia”. “Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando con el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar”, ha señalado en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por el cambio de posición de los socialistas, que apoyaron con su voto flexibilizar los plazos de instrucción.
El PP reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015 estableciendo que las instrucciones judiciales sencillas debían tener un máximo de seis meses de investigación y las complejas debían durar un máximo de 18 meses, prorrogables a otros 18 indefinidamente en casos excepcionales. El PSOE se opuso a aquel cambio y en 2020 introdujeron una modificación legal que acortaba la instrucción a 12 meses, pero prorrogables por periodos de seis meses sin límite. Esto último es lo que ahora se cambiaría de nuevo si prosperase lo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer lunes, que ya dejó abierta la posibilidad de que el Conreso reforme los plazos de las instrucciones judiciales. La posible contrarreforma busca evitar instrucciones que se alargan de manera artificial o espúrea, acusación que hace Junts al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Tsunami.
Patxi López no ha entrado en detalles porque, ha dicho, el diálogo todavía no ha empezado, aunque se ha mostrado convencido de que la ley de amnistía saldrá adelante y que será “plenamente constitucional”. “Diálogo sí, pero pasos atrás no”, ha afirmado tras insistir en que la ley, como está, da cobertura “a todos aquellos a quienes tiene que dar cobertura”.
Para Junts son sus enmiendas las que “lo cubren todo”, han apuntado fuentes del grupo parlamentario, que han eludido comentar una posible reforma de la Lecrim. Quedan 15 días de margen para que los grupos debatan la norma en la Comisión de Justicia del Congreso y el objetivo, insisten, es llegar a un acuerdo. Desde el PSOE confían también en un acuerdo en este plazo, sin necesidad de ampliarlo, como permite el reglamento hasta un máximo de un mes. (Agencias)
Comienza el pleno del Congreso
Pasadas las 15.00 de este miércoles ha comenzado el pleno del Congreso de los Diputados. El primer asunto que se va a debatir es la proposición de ley del Parlament de Cataluña de garantía del servicio del cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía de acceso a los servicios bancarios.
Entre otros asuntos, se prevé que hoy se debata también una moción consecuencia de una interpelación urgente de ERC en relación con el despliegue y desarrollo de la Ley de Memoria Democrática. El pleno de la Cámara baja también toma hoy en consideración una proposición de ley del PP para que los asesinatos llevados a cabo por la banda terrorista ETA sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, lo que impediría su prescripción y reforzaría la exigencia de esclarecimiento, y para prohibir los homenajes a los autores de esos atentados.
RTVE celebra el 14 de febrero el último debate de la campaña gallegas, al que no acudirá Rueda
Radio Televisión Española organizará el 14 de febrero un debate electoral a solo cuatro días de las elecciones gallegas. Acudirán Ana Pontón, candidata del BNG y José Ramón Besteiro, del PSdeG-PSOE. No asistirá el actual presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, que ha declinado participar, según han confirmado en el Telediario 1, ni ningún otro representante de su partido. La cadena ha señalado que tampoco participarán Podemos, Sumar y Vox porque la Xunta Electoral de Galicia ha rechazado sus recursos y avala la decisión de RTVE de celebrar un debate con partidos con representación parlamentaria en Galicia. Alfonso Rueda solo ha participado en un debate durante esta campaña, el que organizó la televisión pública gallega este lunes por la noche. El candidato del PP declinó participar el encuentro organizado por la Cadena SER y EL PAÍS el primer día de campaña.
ERC pide aprobar ya la amnistía y “no entretenerse con otras leyes”
La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà ha remarcado este martes la necesidad de aprobar “cuanto antes” la ley de amnistía, aunque no sea “perfecta” y ha pedido a Junts y al PSOE que no se entretengan con otras leyes o modificaciones porque “son procesos diferentes”. En palabras de Jordà, lo importante es que la ley de amnistía se apruebe “ya” porque hay “familias sufriendo” y, aunque desde su formación “puedan estar de acuerdo” con ciertas modificaciones, ha pedido que “no se entretengan” con otras leyes porque son “procesos diferentes” y ha insistido en poner “luz verde” a la tramitación de la ley actual para poder empezar con la “segunda fase de negociación del conflicto político”.
Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quuen este lunes abrió la puerta a una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) con el objetivo de acotar las instrucciones de los jueces y así convencer a Junts que vote a favor de la ley de amnistía. “Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, señaló el líder socialista.
Al ser preguntada por si desde ERC van a aprovechar para introducir algún tipo de modificación a la ley de amnistía ahora que ha vuelto a la Comisión de Justicia, Jordá ha querido dejar claro que la ley perfecta “no existe” y que no se puede “amnistiar futuribles” ni “ir al son que tocan los juzgados, que tienen ganas de inventarse delitos cada segundo”. Por ello, desde ERC, no pueden “valorar mal” la ley de amnistía presentada, ya que consideran que, aunque no sea perfecta, “flexibiliza” y ayuda a “acabar con la represión” en todas sus formas. Ante esto, Jordà ha lamentado que la tramitación de la ley de amnistía quedase en “nada” tras voto en contra de los diputados de Junts durante el Pleno de la semana pasada, y considera que siguieron “la agenda marcada por algunos juzgados”. (Agencias)
Montero, al PP: “En Cataluña se vive mejor que en 2017 y ahora se respeta la Constitución”
La senadora del PP Alicia García ha sido la primera en preguntar al Gobierno en la sesión de control en el Senado. García le ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hasta dónde está dispuesto a llegar y a ceder el Ejecutivo para mantenerse en el poder. “Rescataremos a los españoles que ustedes tienen abandonados por las cesiones a los independentistas”, le ha dicho García a Montero. Y ha añadido: “Ustedes lo que tienen es un pacto de intereses personales ilegítimos, el del señor Sánchez para mantenerse un minuto más en el poder y el del señor Puigdemont para no someterse a la justicia”
Montero le ha contestado con ironía, y ha hecho referencia a la negativa del PSOE la semana pasada a votar a favor en el Congreso de las enmiendas de Junts en la proposición de la ley de amnistía, lo que provocó que la formación liderada por Carles Puigdemont votara en contra de la norma y que esta haya regresado a la Comisión de Justicia de la Cámara baja, con lo que en el mejor de los casos se han extendido los plazos para su aprobación definitiva. “Es evidente que ustedes tenían puesto el titular antes de que la semana pasada no saliera adelante la ley de amnistía. Me apuesto algo a que usted registró la pregunta antes de conocer las votaciones de la semana pasada porque entonces no hablarían de cesiones ilimitadas”, ha dicho Montero. La vicepresidenta primera ha defendido la política de distensión del Gobierno para con Cataluña. “En Cataluña se vive mejor hoy de lo que se vivía en el año 2017”, ha defendido. Y le ha afeado a la senadora conservadora: “Ahora en Cataluña se respeta la Constitución, cosa que no ocurría cuando gobernaba el PP”.
Gamarra considera que el Gobierno no está respetando la decisión de la junta de fiscales al apreciar indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha valorado la independencia y criterio de la junta de fiscales al apreciar indicios de terrorismo para imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha considerado que las declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno al respecto, Pilar Alegría, suponen una intromisión, falta de respeto y presión a los fiscales.
Sin embargo, por la mañana Alegría había trasladado el “respeto” del Ejecutivo a la decisión de la junta de fiscales del Supremo. “Respeto del Gobierno a la junta de fiscales y al Ministerio Fiscal”, ha dicho Alegría, que ha insistido: “Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de este país”.
Gamarra ha considerado que “señalar que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tienen que calificar” los actos de Puigdemont supone una “presión” a la junta de fiscales. “Ante las afirmaciones que ha hecho la ministra portavoz, reiteramos que ya vale de presionar. Esa advertencia que ha llevado a cabo parece más una presión que un respeto a la resolución”, ha afirmado Gamarra en declaraciones a los periodistas esta tarde.
La Mesa del Congreso, donde la mayoría progresista que sostiene al Gobierno dispone de cinco de sus nueve componentes, aprobó este martes retomar los trámites y la discusión de la ley de amnistía en la comisión de Justicia de la Cámara baja. De entrada, el debate tendrá lugar en los próximos 15 días tras registrarse la semana pasada en el pleno el frenazo del proyecto ante la posición crítica a última hora de Junts, que la consideró insuficiente. La Mesa rechazó así los intentos de reconsideración de la norma hasta sus inicios parlamentarios del PP y Vox. El PP reaccionó airado a esa negativa y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, elevó el tono de sus ataques a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y contra el letrado mayor y secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, a los que acusó de “trabajar” solo para “los enjuagues” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno de la Generalitat echa un cable a Pedro Sánchez para encontrar un mecanismo que posibilite desbloquear la aprobación de la ley de amnistía. Esquerra se alinea con la propuesta del PSOE para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y recortar los plazos de las investigaciones judiciales, una medida que serviría para acotar la capacidad de indagación de los jueces de instrucción y, al menos sobre el papel, evitaría diferir la amnistía a base de rebuscar nuevos indicios criminales en las causas vinculadas al procés independentista. “La reforma de la Lecrim es algo de lo que se puede hablar”, reconoció este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. El Ejecutivo de Aragonès allana el camino al Gobierno para negociar lo que convenga, si tiene que servir para facilitar la consecución del alivio judicial para los independentistas encausados: “Lo que tenemos encima de la mesa es la aprobación de la ley de amnistía, tiene que salir adelante”, zanjó Plaja. Con el respaldo del Govern a su propuesta, el PSOE gana el apoyo de Esquerra para arremeter contra Junts per Catalunya y contra sus reticencias a votar a favor de la amnistía.
Zapatero, sobre la ausencia de Rueda en los debates: “Quien no comparece no merece ser presidente”
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha desplazado hasta A Coruña para apoyar al candidato socialista a las elecciones gallegas, José Ramón Gómez Besteiro. Desde allí, Zapatero se ha pronunciado sobre la ausencia del candidato popular, Alfonso Rueda, en la mayoría de los debates convocados de cara a las elecciones gallegas —solo ha asistido al organizado por la televisión pública gallega el lunes—, y ha afirmado que “quien no comparece no merece ser presidente”. “Después de lo de anoche, seguro que no vuelve a ningún otro”, ha bromeado.
El expresidente socialista también ha repasado los avances alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha pronunciado sobre los pactos con los independentistas sin mencionarlos explícitamente. “Si me preguntan si hubiera hecho lo mismo que Sánchez para la investidura, contesto con un sí rotundo”, ha afirmado. “Ese es el camino, reconciliarse, dialogar y unirse”, ha dicho en referencia a la ley de amnistía. “Cuando hubo una declaración de independencia fue cuando gobernaba la derecha, el PP. Ahora tenemos que gestionar las consecuencias. Nos costará un tiempo, estamos arreglando aquella situación”, ha defendido.
La artillería disparada por el PP en el Senado contra la ley de amnistía ha provocado un agrio encontronazo en la sesión de control al Gobierno de este martes. La senadora popular Marimar Blanco —hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA en 1997—, ha vuelto a intervenir en el pleno apelando a la memoria de las víctimas de la banda terrorista para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La senadora popular ha interpelado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con acusaciones que se han cruzado con la confrontación por la medida de gracia a los encausados por el procés. La amnistía ha recibido duros ataques también por parte de otros senadores del PP horas después de hacerse público el informe de la junta de fiscales del Tribunal Supremo en el que aprecian indicios de terrorismo para imputar al expresident huido de la justicia Carles Puigdemont.
Así les hemos contado la jornada política
Termina aquí la cobertura informativa de este martes, 6 de febrero de 2024, cuando faltan 12 días para las elecciones gallegas. Mañana, miércoles, nuestros periodistas les seguirán contando todo lo que ocurra. Muchísimas gracias por seguirnos, y buenas noches.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.