Aragonès se alinea con la propuesta del PSOE para desbloquear la amnistía

El Gobierno de la Generalitat echa un cable a Pedro Sánchez para encontrar un mecanismo que posibilite desbloquear la aprobación de la ley de amnistía. Esquerra se alinea con la propuesta del PSOE para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y recortar los plazos de las investigaciones judiciales, una medida que serviría para acotar la capacidad de indagación de los jueces de instrucción y, al menos sobre el papel, evitaría diferir la amnistía a base de rebuscar nuevos indicios criminales en las causas vinculadas al procés independentista. “La reforma de la Lecrim es algo de lo que se puede hablar”, reconoció este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. El Ejecutivo de Aragonès allana el camino al Gobierno para negociar lo que convenga, si tiene que servir para facilitar la consecución del alivio judicial para los independentistas encausados: “Lo que tenemos encima de la mesa es la aprobación de la ley de amnistía, tiene que salir adelante”, zanjó Plaja. Con el respaldo del Govern a su propuesta, el PSOE gana el apoyo de Esquerra para arremeter contra Junts per Catalunya y contra sus reticencias a votar a favor de la amnistía.

La postura oficial de Junts es la de no hacer valoraciones sobre la ley de amnistía mientras duren las negociaciones para consensuar una redacción que sea del gusto de todos y que no plantee problemas de constitucionalidad. “Hay tiempo”, repiten fuentes del partido. Sin embargo, tras los agobios que sufrió para poder aprobar los decretos de medidas económicas, y aún escocido por el revés que supuso el primer no de Junts a la amnistía en la votación del pasado martes en el Congreso, el PSOE aparenta interés por no dejar para mañana lo que se pueda pactar hoy. El presidente Pedro Sánchez desveló el lunes el contenido de su propuesta para tratar de convencer a Junts. La idea es modificar la Lecrim para poner un tope temporal a la instrucción de delitos. El PSOE defiende que no hay necesidad de ampliar el paraguas de la ley de amnistía, y poner en peligro su constitucionalidad, porque retocar la Lecrim ya garantiza cerrar la puerta a posibles complicaciones judiciales para los implicados en causas vinculadas al procés. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón lleva cuatro años y medio con la instrucción del caso Tsunami Democràtic, y una parte del independentismo catalán, la más allegada a Junts y a Puigdemont, considera que la tenacidad de este juez ejemplifica la necesidad de fraguar una ley de amnistía “sin agujeros” que den margen a posteriores interpretaciones judiciales.

“La aprobación de la amnistía es lo que tiene que centrar nuestros esfuerzos”, manifestó este martes la portavoz del Govern. “Tenemos una buena ley y no podemos depender de las ocurrencias que puedan tener determinadas personas del ámbito judicial”, valoró Plaja, antes de abrir la puerta a debatir la última propuesta de Sánchez: “Ahora lo que corre más prisa es la aprobación de la amnistía, pero eso no quiere decir que no se pueda revisar la Lecrim”.

Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha rechazado “hacer valoraciones a golpe de titular” sobre una posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que pudiera beneficiar a los implicados en el procés. Lo ha dicho en una entrevista de este martes en La 2 de TVE y Ràdio 4 de Radio Nacional de España. “Los expertos que están trabajando sobre el tema valorarán cualquier cuestión”, ha zanjado Borràs, que ha recordado que su partido ha establecido un criterio de discreción para permitir el rigor y el trabajo de los especialistas.

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