Las críticas silenciadas de Junts: “Es inasumible votar no a la ley de amnistía”

Durante su discurso en el Congreso de los Diputados el pasado martes, momentos antes de votar en contra de la proposición de ley de amnistía, Míriam Nogueras anunció que “Junts no se deja arrastrar por el debate estético”. La portavoz parlamentaria abogó así por “mantener la posición con todos los riesgos”. La posición de votar “no” por considerar la ley insuficiente. Ese bloqueo del partido independentista a la tramitación de una norma pensada para finiquitar las causas judiciales que desencadenó el procés congela el despliegue de una herramienta pensada, entre otras cosas, para facilitar el retorno a España del ideólogo de la formación, Carles Puigdemont (en Bélgica desde 2017), y anular la inhabilitación que impide ser candidato electoral al secretario general del partido, Jordi Turull. En público, Junts insiste en que es preciso mejorar el redactado de la norma para ampliar la cobertura de la amnistía, aun a costa de tensar demasiado el marco legal. Pero en el seno de la formación se extiende la idea de que la negativa no se puede sostener en el tiempo. “Es inasumible votar no a la ley. Implica dejar a mucha gente colgada y sería un estacazo para el partido”, afirma un diputado.

“Veremos cómo termina este rodeo, pero Junts ha dinamitado todos los puentes posibles en la construcción de confianzas. Termine esto de la manera que sea, hemos perdido credibilidad como socio de gobierno”, dice un miembro de la ejecutiva de Junts. “Creo que nada de lo que se hace en el partido es habitual. Junts es un caso curioso, porque el que manda no está en la dirección y la presidenta del partido está en el perímetro”, añade un asesor de la formación posconvergente en alusión a que Puigdemont no tiene cargo orgánico y al escaso peso de Laura Borràs. Y abunda: “Quienes toman la decisión de votar no a la amnistía son los mismos que hace algo más de un año decidieron salir del Govern de la Generalitat. En la vida, cuando negocias, lo primero que tienes que tratar de entender es en qué posición está la otra parte. Y el PSOE debería saber que Junts solo defiende sus ideas, porque no tiene nada más que defender”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ofreció el jueves una conferencia en Barcelona. Entre el público estaban el jefe del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, y el portavoz del partido, Josep Rius, hombre de la plena confianza de Puigdemont. También asistió Irene Rigau, exconsejera de Educación en el Govern de Artur Mas y condenada por desobediencia por la organización de la consulta independentista ilegal del 9-N de 2014. Rigau sostiene que “sería difícil entender que no se aprueba la amnistía, porque hay mucha gente implicada”. Ella, figura de peso en Convergència pero que nunca dio el paso de afiliarse a Junts, razona que pegar un portazo a la ley tendría consecuencias en la relación que ese partido pretende tener con el PSOE: “La dinámica de mediación dejaría de tener sentido. Cuando dos partes aceptan un mediador ya saben que nadie va a poder imponer el 100% de sus pretensiones”, dice.

Miquel Sàmper, consejero de Interior de la Generalitat durante la presidencia de Quim Torra, oficializó su baja de Junts tras el voto en contra del partido a la amnistía. “La brecha ideológica, y últimamente de formas, no hacía posible mi continuidad”, explicó en un comunicado. En el partido no se teme que Sàmper haya abierto una vía de fugas. Y fuentes de su propio entorno afirman: “La tenía guardada desde hace tiempo, pero siempre es bueno hacer el gesto en un momento en el que la opinión pública te entienda”.

Los titubeos de Junts con la amnistía generan discrepancias internas, pero a un volumen bajo. “Estoy convencido de que la ley se va a aprobar, pero lo que constata este retraso es que, en lo que refiere a la amnistía, quien manda es Gonzalo Boye”, razona un cargo territorial del partido aludiendo al abogado de Puigdemont. En la reunión telemática del martes, durante la que Jordi Turull anunció a la dirección el plan de votar no a la ley, apenas hubo debate. “En Junts hay una especie de régimen de terror interno. La verticalidad es absoluta, de Puigdemont a Nogueras, y a callar todos. Incluso aquellos diputados que se han caracterizado siempre por hacer declaraciones saben que les conviene guardar silencio”, opina un antiguo alto cargo de Convergència, que decidió no completar la transición a Junts. “Si levantas la voz tienes dos opciones: o te vas o te invitan a irte”, dice una persona que se alejó de la formación por discrepancias con Puigdemont.

Pedro Sánchez ha tratado de despejar dudas sobre la amnistía: “Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Con este proyecto de ley, estoy convencido de que van a estar amnistiados todos los independentistas catalanes porque no son terroristas”, dijo el pasado jueves. Junts celebra las manifestaciones de Sánchez, pero sustenta sus reparos sobre la eficacia de la amnistía en las “maniobras” judiciales para profundizar en la investigación de expedientes como el de Tsunami Democràtic o el caso Voloh, la trama rusa del procès. El partido insiste en que no basta con garantizar la protección de Puigdemont y sus colaboradores más directos sino que también hay que salvar judicialmente a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los independentistas que participaron en algaradas callejeras. Laura Borràs, presidenta del partido, ha manifestado que prefiere correr el “riesgo” de que la amnistía termine por ser declarada inconstitucional que dejar a gente “abandonada”. Sergi Sabrià, viceconsejero de la Generalitat y peso pesado en ERC, ha replicado que sería bueno “ahorrar” determinadas declaraciones. “Si hacer entrar a todo el mundo termina provocando que no entre nadie, no tiene ningún sentido”.