Crónica de una negociación al límite sobre la amnistía | Junts: “Tenéis que aceptar las enmiendas”. El PSOE: “No vamos a hacerlo”

Un murmullo recorrió el hemiciclo del Congreso a las 17.52 de este martes, cuando Pilar Calvo, la primera de los siete diputados de Junts en votar la ley de amnistía, marcó la posición de su partido con un sonoro “¡no!”. La bancada de los diputados del PSOE y de Sumar reaccionó con sorpresa y hastío, mientras el socio más volátil e impredecible del Gobierno ponía fin a la incertidumbre que hasta ese momento había definido otra jornada de vértigo para La Moncloa. El núcleo duro del Ejecutivo ya sabía que Junts votaría en contra de la medida de gracia cuando el pleno extraordinario comenzó a las 15.00. Santos Cerdán, María Jesús Montero y Félix Bolaños se sentaron juntos al inicio de la sesión y comentaron entre ellos lo que solo un puñado de miembros del Gobierno y de Junts conocían: el partido de Carles Puigdemont estaba resuelto a votar en contra del mismo texto que había apoyado en la Comisión de Justicia del Congreso solo una semana antes. La consigna en La Moncloa era clara: aceptar las últimas condiciones de Junts acarreaba una inseguridad jurídica. La ley correría el riesgo de ser tumbada por el Tribunal Constitucional, alertaban fuentes del PSOE. “Nos hemos plantado”, sentenció un peso pesado del Ejecutivo, donde se esperaban el peor escenario desde la noche anterior, cuando Junts emitió su amenaza de que su voto no se podía dar por seguro.

La mañana dejó varios intentos infructuosos en los que los negociadores del PSOE y del Gobierno trataron de convencer a los posconvergentes de que “entraran en razón”. “No se puede considerar que haya habido una negociación: era sí, no, sí, no. Junts nos decía: ‘Tenéis que aceptar las enmiendas’. Y nuestra respuesta era siempre la misma: ‘No vamos a aceptarlas, no vamos a hacerlo”, explican fuentes socialistas a EL PAÍS. “Si quieren que votemos a favor, que acepten lo que les pedimos”, advertía en los pasillos del Congreso antes de que comenzara el debate un diputado de Junts, que instaba al PSOE a que asumiera una nueva modificación de la ley de amnistía. Pero La Moncloa aguantó la presión. Al revés que en las semanas anteriores, en las que se blindó a Puigdemont y los CDR y aceptó que los acusados de terrorismo quedaran exculpados siempre que en sus actuaciones no hubiera “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”, esta vez el Gobierno no se movió.

“Lo que es inconstitucional es inconstitucional”, zanjó tras el pleno un dirigente del Gobierno, que rebajó las expectativas de Junts para el debate que volverá a producirse en los próximos 15 días, el plazo fijado para el debate en la Comisión de Justicia: “No vamos a cambiar de posición. No tenemos margen”. Otros miembros de la dirección del PSOE socialista señalaban que para entonces tendrán que buscar una solución “y darle una salida” a Junts sin que afecte a la redacción de la medida de gracia. “La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta cámara y así saldrá”, remarcó Bolaños antes de coger un vuelo a Bruselas, donde este miércoles abordará la renovación del Consejo General del Poder Judicial como el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y Esteban González Pons, del PP.

Las conversaciones entre los equipos negociadores del PSOE y Junts se alargaron hasta instantes antes de la votación del dictamen y de la ley de amnistía por si Junts cambiaba de opinión. La tensión se mascó durante tres horas en el ambiente, con todas las miradas concentradas en los pesos pesados del Ejecutivo y en la parte de la grada donde se sentaban los parlamentarios de Puigdemont. Rafael Simancas, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que con el anterior Gobierno de coalición se labró la fama de salvar un sinfín de votaciones, hacía llamadas desde su escaño. Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tampoco soltaban el móvil: uno de los interlocutores del número tres de los socialistas desde el lunes por la noche fue el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Transcurridos 40 minutos de debate y tras escuchar a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts —nada más tomar la palabra, dejó claro a todo el hemiciclo, y a quien quisiera escucharla, que no había acuerdo—, y también a Pilar Vallugera, de ERC, Bolaños abandonó el hemiciclo y se fue a la zona de Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia no regresó hasta que se llamó a la primera votación, la de las enmiendas, acompañando a Sánchez. El presidente del Gobierno se incorporó al pleno pasadas las 16.30, una hora y media después de que empezara la sesión.

Todos los intentos del PSOE y del Gobierno fueron en balde. Lo mismo le sucedió a Sumar: Gerardo Pisarello, que intervino en la tribuna por su grupo, se acercó al asiento de Nogueras en un intento de reconducir la situación. Antes, la portavoz de Junts se ausentó durante unos minutos del debate atenta al móvil. Durante la sesión, habló varias veces con su compañera Calvo. Junts se había fijado ser intransigente en este asunto tras meses de tramitación y de negociaciones. Nogueras ha estado en este tiempo en contacto directo con Puigdemont para concretar las peticiones que ponían a los asesores legales del PSOE para validar la ley de amnistía. El letrado personal de Puigdemont, Gonzalo Boye, supervisó la estrategia.

Votación del dictamen

Antes de proceder a la votación del dictamen y la ley, el grupo parlamentario de Junts en pleno abandonó el edificio del Congreso y celebró una última reunión en un hotel cercano. Buscaban discreción máxima para elevar las últimas consultas y reafirmar su negativa a votar la ley. El partido independentista mantiene que es imprescindible afinar con el redactado de la norma para reducir el margen de maniobra de jueces como Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional.

La cara seria de Sánchez a la salida de las Cortes resumía el sentir del Gobierno. Unas horas antes, el mismo rostro severo de Montero a su llegada al debate ya vaticinaba que la política española estaba a punto de superarse a sí misma una vez más. La relación entre Junts y el PSOE se abonaba todavía más a la montaña rusa. La ley que fue moneda de cambio independentista para apoyar la investidura no se aprobó cuando 24 horas antes el Gobierno la daba por hecha. El embrollo que causa el frenazo no es menor y supone un palo a la confianza entre ambos, Junts y el PSOE. Pero ninguno ha roto la baraja. Y en Ferraz y en La Moncloa se consolaban con que la votación no era tan vital y apremiante como la de los reales decretos que Junts amagó con tumbar a principios de enero. Entonces no había margen. A espera de encontrar una fórmula que satisfaga a todos, o de que comprobar hasta dónde es capaz de llegar Junts, Oriol Junqueras, que siguió el debate en la tribuna de invitados, cerró el día defendiendo la validez del texto que se votó y no se aprobó en el Congreso. “Era una ley robusta, garantizaba que centenares de personas se libraran de la represión”, objetó el presidente de ERC a Junts en la lucha que mantienen por la hegemonía del independentismo. “Es incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado y a la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y vote que no con PP y Vox, que les quiere ilegalizar”, se despidió Bolaños.