Un acuerdo al borde del precipicio

Todo estaba ya muy encarrilado este lunes, 6 de noviembre. La idea era celebrar la sesión de investidura el jueves y el viernes. Pedro Sánchez quería llegar el sábado a Málaga, al congreso del Partido Socialista Europeo, como presidente del Gobierno con plenas competencias. Las negociaciones se habían retrasado por la desconfianza de Junts ante la última redacción del texto del acuerdo, y por unos evidentes celos con ERC, que había cerrado su pacto el jueves anterior con logros como el traspaso de los Rodalies, los trenes de cercanías de Renfe en Cataluña, o la quita del 20% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Líquidez Autonómica, 15.000 millones de euros más otros 1.300 en intereses. Ese día 2 estaba previsto presentar el acuerdo primero con Junts y luego con ERC, pero Carles Puigdemont mandó parar con el atril ya preparado para su comparecencia. Algunos temieron un regreso a 2017, cuando todo estalló tras el giro del entonces president, que optó por declarar la independencia en vez de convocar elecciones autonómicas. Pero los negociadores sabían que no era así.

Se despejaron las dudas, se retocó la redacción del acuerdo, y el lunes parecía posible cerrarlo para registrar la ley de amnistía de los delitos del procés el martes. Ahí, a las 14.19, entró la bomba nuclear en la negociación. A esa hora se hizo público el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que imputaba por terrorismo a Carles Puigdemont y trataba de vincularlo con la muerte de un hombre de un infarto en el aeropuerto de Barcelona en 2019, en medio de las protestas por la sentencia del procés del Tribunal Supremo, el llamado Tsunami Democràtic. Junts entró en combustión. Volvieron a revisar cada artículo de la ley de amnistía. Los aterrorizaba la idea de pactar ese texto legal y que luego los jueces lo dejaran en papel mojado a la hora de aplicarlo. Los negociadores temieron que todo pudiera estallar.

La ley, que se presentará previsiblemente el lunes, se revisó punto por punto, se discutieron nuevas redacciones una tras otra, en un tedioso trabajo que llevaba muchas horas, con los negociadores principales en Bruselas, mientras en Madrid y en otras ciudades los ultras acosaban las sedes del PSOE. El acuerdo parecía estar en el aire, como en 2017. Pero, extrañamente, según fuentes de los dos partidos, el auto que podía haber reventado la negociación sirvió al final para reforzarla. Porque dejó clara la necesidad de una ley de amnistía ante la certeza de que la ofensiva judicial puede ser fuerte. Y también porque hizo ver a Junts que la ley tiene que ser impecable jurídicamente, uno de los argumentos reiterados de los socialistas, para que los jueces no puedan atacarla y tengan que aplicarla en todos los casos pactados, que son todos los relacionados con la intentona independentista entre 2012 y 2023.

Ahí empezó una discusión fuerte, sobre todo del artículo 1 de la ley, el que marca el perímetro, es decir, a quién incluye la ley. Se peleaba cada letra. Una de las discusiones más intensas fue la decisión entre la preposición “de” o la conjunción “y” en ese artículo. Los socialistas querían “de”, los independentistas “y”, que podía incluir a más personas porque no acota, amplía. Finalmente, se optó por una tercera vía. Con esa técnica se escribió también el acuerdo político, el único que se conoce, y por eso tiene esa redacción imposible en algunos párrafos. Junts se empeñó hasta el final, y más después del auto de García-Castellón, en que tenía que estar la idea del lawfare, la persecución judicial por motivos políticos.

Después de días eternos de discusión, en los que los socialistas insistían en que ese concepto no se puede dar por hecho porque implicaría acusar de prevaricación a los jueces, y Junts porfiaba en que sí existe y es una evidencia, el miércoles, cuando se cerró el acuerdo, llegó la solución. Los socialistas aceptaron una alambicada redacción en la que se habla de lawfare, lo que ha indignado a los jueces, pero no como una realidad sino como una hipótesis. Lo pactado es que si durante las comisiones de investigación que están previstas en el Congreso se demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy con la llamada policía patriótica o alguien en el Estado fabricó pruebas falsas o maquinó para implicar a los independentistas en procesos injustos, se dará cuenta a la justicia para que actúe y se plantearán posibles reformas legales.

Pero la redacción quedó imposible: “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Con eso, el acuerdo estaba hecho y el PSOE tenía una investidura, pero a cambio se le organizó una crisis con los jueces, incluidos los progresistas, que tuvo que salir a sofocar, garantizando que en ningún caso el Parlamento revisará ninguna sentencia, un anatema anticonstitucional que supone romper la separación de poderes.

Como siempre, los socialistas confían en que el tiempo irá dejando estas polémicas atrás y quedará lo más importante, según su visión: que hay Gobierno progresista y que han logrado reincorporar a Junts a la política y, con ello, acercarse a una posible solución al conflicto de Cataluña. La amnistía supone un desgaste enorme, nadie lo niega, pero en el PSOE confían en que cuando se vean los resultados, la ciudadanía, al menos la progresista, la acabe asumiendo.

“Hay mucha gente a la que esto le cuesta emocionalmente. También pasó con los indultos. Pero con el tiempo lo entenderán. Claro que no hay entusiasmo. Es como pasar por quirófano: no te entusiasma, pero sabes que tienes que hacerlo. La gran pregunta es si esto va a curar o agravar la enfermedad. ¿Esto reforzará al independentismo? Nosotros creemos que no. La respuesta llegará con el tiempo. ¿Puede salir mal? Sí, pero vale la pena intentarlo para resolver el problema en Cataluña”, resume una persona cercana a Sánchez.

Con el texto del lawfare ya pactado, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y Jordi Turull, su homólogo en Junts, cerraron el acuerdo a las tres y media de la madrugada, durante la noche del miércoles al jueves. La negociación técnica estuvo dirigida desde Madrid por Félix Bolaños, obsesionado con frenar cualquier exceso para que la ley fuera inapelable constitucionalmente. Un fiasco en eso sería letal, y aún quedan muchos filtros por pasar. “Ha sido difícil, pero ya está. Ahora esperemos que esto perdure”, se dijeron, pensando en los cuatro años que vienen. Al fin, ambos pudieron volver a España, después de días alargando sus reservas de habitación en Bruselas. Turull incluso necesitó ir a comprar objetos de higiene personal y ropa nueva porque las conversaciones se estiraban y se le agotaron las mudas de recambio.

Atrás quedaban decenas de horas de negociaciones desde la noche electoral e incluso antes. Ya en marzo, cuando aún no estaban convocadas las elecciones generales, Cerdán pidió ayuda al PNV para reconstruir la relación con Junts, rota desde el procés. El PSOE ya sabía entonces que Junts podría ser imprescindible en el futuro, aunque aún no estaba definido el horizonte electoral. El PNV lo puso en contacto con Turull. Poco a poco, establecieron una relación que después escaló a Puigdemont, con el que Cerdán lleva viéndose con regularidad y en secreto desde agosto. Juntos, Puigdemont y Cerdán se han visto con el “verificador internacional”, el término que han pactado, en sendas citas en París y en Suiza. El verificador, que es en realidad un grupo de personas con un coordinador cuyo nombre aún no se quiere hacer público, no entró en la negociación. Fue una toma de contacto para que aceptaran el encargo. Pero también ayudó a generar confianza.

Terminaba así la negociación más compleja de Pedro Sánchez, un político acostumbrado a jugar al límite, y que esta vez ha llegado más lejos que nunca. Para lograr su investidura, ha tenido que conceder la amnistía que siempre rechazó públicamente, incluso en plena campaña electoral, y ha comprometido hasta cinco mesas de diálogo diferentes. Dos pactadas con ERC: una de gobiernos, la que ya existe, y otra de los dos partidos con un verificador; otras dos con Junts, con otro verificador internacional, una para el conflicto político y otra para cuestiones más económicas, y una última con el PNV, para hablar del encaje de Euskadi y una reforma del Estatuto vasco. Sánchez y los suyos han logrado cuadrar el círculo y sobrevivir a la guerra independentista ―Junts cree que ellos han logrado más que los republicanos y estos últimos no entienden por qué Puigdemont ha retrasado tanto el acuerdo si era muy parecido al suyo― e incluso incorporar a Coalición Canaria, lo que deja muy solo al PP con Vox y UPN.

Los socialistas están convencidos de que el desgaste bajará en cuanto haya Gobierno y los ciudadanos vean que el principal resultado de la negociación, además de la amnistía, es incorporar a todos los independentistas, o casi todos, al juego político. A todos les inquieta el acoso a las sedes, los movimientos en sectores ultras o los comunicados de rechazo al acuerdo de las asociaciones de la Guardia Civil. El ruido es intenso; tanto, que algunos veteranos señalan que no se había vivido nada así desde la Transición. Pero en el Gobierno están convencidos de que bajará e incluso de que el PP tendrá que replantear su estrategia si no quiere quedar fuera de juego.

Mientras una persona cercana a Feijóo cree que Sánchez es “el presidente más irresponsable de la historia” y lleva a España a la ruptura; un dirigente del PNV, el partido que siempre hace de balanza ―el que tumbó a Rajoy en la moción de censura y el que ahora podía haber dado el Gobierno a Alberto Núñez Feijóo y optó por Sánchez― resume así la situación política: “Yo no reconozco a este PP, no es el de Rajoy ni el del primer Aznar. Feijóo ha sido absorbido por ese agujero negro que es Madrid. Hasta que no se dé cuenta, se aleje de Vox y busque una relación normalizada con el PNV y con Junts, no podrá gobernar. La amnistía le ayudará a eso”. Un dirigente de ERC hacía un análisis similar, más duro para Junts, su gran rival: “El más contento ahora es Sánchez, que tiene un Gobierno. Pero el segundo más contento, aunque diga lo contrario, es Feijóo, porque esta amnistía, con el tiempo, le permitirá volver a pactar con Junts, que es lo que en realidad quieren los dos”.

El movimiento de Sánchez, esta vez un triple salto mortal, le da una investidura, pero conlleva enormes riesgos para el PSOE y el PSC, cuyo entorno ha sufrido al leer un relato del procés en el acuerdo con Junts muy cercano a los independentistas. Sin embargo, una vez más, el presidente y los suyos confían en que el tiempo les dará la razón, como creen que pasó con los indultos. “La política es para valientes, y eso no se lo pueden negar al presidente”, resume uno de los suyos. El resultado inicial se verá en unos meses, cuando lleguen las primeras pruebas electorales: Galicia, Euskadi y las europeas de junio de 2024. El de fondo tardará mucho más en poder evaluarse.